Tras el ‘pacto histórico’ entre el presidente Gustavo Petro y José Félix Lafaurie, de Fedegán, ahora surgen dudas sobre cómo se comprarán las tierras

Resulta paradójico. El presidente Gustavo Petro encontró las llaves para abrir la puerta a su anunciada reforma agraria en el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, uno de sus mayores antagonistas políticos. A pesar de que la reforma rural se impulsará a partir de múltiples mecanismos, como la formalización y titulación de predios, la adjudicación de baldíos y la recuperación de bienes en poder de la ilegalidad, el acuerdo al que llegaron el Gobierno y Fedegán para que los ganaderos le vendan tres millones de hectáreas al Estado, que serán entregadas a campesinos, es considerado como el verdadero ‘pacto histórico’ en estos dos meses que lleva el Gobierno.

Es un ‘pacto histórico’ porque llevó a que Petro y Lafaurie, dos líderes que representan visiones de país radicalmente distintas y que hasta hace poco se lanzaban todo tipo de improperios, se sentaran a plantear soluciones para redistribuir la tierra, el elemento sobre el cual han cabalgado décadas de conflicto.

Hasta hace poco, Lafaurie acusaba al presidente de representar a la guerrilla y a la extrema izquierda, mientras que el hoy jefe de Estado señalaba al presidente de Fedegán de tener relación con el paramilitarismo. Incluso, ambos estuvieron enfrentados en los estrados judiciales por un proceso de injuria y calumnia que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia en 2019.

El acuerdo logrado entre ambos responde a un clima de conciliación democrática y respeto institucional. Pero también a un ejercicio de pragmatismo absoluto. En política no hay almuerzos gratis. Petro encontró en el acuerdo con Fedegán una vía rápida por la cual transitará su reforma agraria, que le asegura la entrega de predios productivos a los campesinos sin tener que esperar a desandar la compleja estructura de la tierra en manos del Estado.

Para hacerse una idea de la magnitud de lo logrado, hay que tener claro que, según el más reciente informe multipartidista entregado por el Congreso en julio pasado, en los últimos seis años, luego de la firma del acuerdo de paz, han sido ingresados 1,9 millones de hectáreas al Fondo de Tierras, provenientes de baldíos y extinción de dominio al narcotráfico. Muchos de estos predios tienen problemas de formalización por presencia de cultivos ilícitos. Mientras tanto, el pacto con los ganaderos le asegura al Estado al menos tres millones de hectáreas por una vía exprés y tal vez de mejor calidad.

Por los lados de Lafaurie, con la firma de este acuerdo, aleja los fantasmas que se habían posado sobre los ganaderos de una posible expropiación. Está claro que vender es mucho mejor que ser expropiado, aunque el presidente Petro ha negado de tajo que tuviera en mente hacer eso.

“El Gobierno habría podido adelantar procesos de adquisición de tierras sin nosotros, imponiéndonos las condiciones o contra nosotros a través de mecanismos confiscatorios”, advirtió Lafaurie.

Este acercamiento con el Ejecutivo también les sirve a los ganaderos para llegar con mayor autoridad a la hora de exigirle al Gobierno que frene de tajo el fenómeno de invasión de predios, que se ha venido agudizando en los últimos meses.

Las dudas

Este acuerdo, no obstante, contrario a las otras herramientas para conseguir tierra, implica que el Estado se tendrá que meter la mano al bolsillo. Petro reconoce que su principal reto es conseguir al menos 60 billones de pesos, casi tres veces lo que busca recaudar con la reforma tributaria, para comprar tierra. Y, hasta el momento, según indagó SEMANA con el Ministerio de Agricultura, no está clara la fuente de financiación.

Como la filosofía del acuerdo plantea que serán procesos de compraventa voluntarios, el Gobierno depende del ofrecimiento que le hagan los ganaderos para poder determinar el precio al cual comprará la tierra. No es lo mismo un predio con pocas rutas de acceso, que un terreno con conexión a vías principales.

Inicialmente, el documento del acuerdo firmado detalla que el pago se efectuará con bonos de deuda pública “u otra forma que determine el Gobierno”. Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo públicamente que no está autorizado a comprar tierras con títulos de deuda pública, un aspecto en el que difiere la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien manifestó en SEMANA: “No descarto lo de deuda, sé que meter al país en más endeudamiento ahora con estas tasas de interés que se están manejando no es tan fácil, pero estamos ante una oportunidad histórica, pero iremos viendo qué otros recursos tenemos”.

Por ahora, en lo que se ha avanzado es en solicitar un préstamo de 100 millones de dólares, que será entregado por el Fondo Verde para el Cambio Climático de la ONU, que servirá para poner en marcha proyectos productivos, lo que liberará recursos del presupuesto para la adquisición de predios.

Uno de los planteamientos que ha hecho la ministra es la creación de un fondo especial en el que se incluyan los recursos para poderlos ejecutar en los próximos años sin tener la presión que genera el presupuesto general de la nación, que obliga a ejecutar en un año.

El mismo Gobierno ha dicho que un buen escenario sería comprar 500.000 hectáreas anuales, por lo que los cuatro años de mandato no alcanzarían para comprar los tres millones de hectáreas prometidas.

Otro reto mayúsculo para el Gobierno será garantizar la infraestructura, servicios públicos y seguridad. En el país aún hay presencia de grupos armados que buscan control territorial, entre ellos el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Entre los ganaderos se ha vuelto normal que tengan que pagar ‘vacunas’ a estos grupos criminales para poder trabajar sus tierras.

Igualmente, el Gobierno tendrá que llegar con planes de choque para la construcción y mantenimiento de las vías necesarias que permitan facilitar a los nuevos productores la comercialización de sus productos en condiciones de competitividad, pero esto por ahora es difícil de planificar, pues ni el Ministerio de Agricultura ni la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tienen claros cuáles son los municipios específicos en los que se llevarán a cabo las transacciones.

La administración de Gustavo Petro también tendrá que mediar con la expectativa que se ha generado por una redistribución de la tierra, lo que sería uno de los factores que ha incentivado la invasión de tierras. El proceso de compra de predios a los ganaderos, si bien se ha demostrado puede ser más rápido que los demás mecanismos que tiene el Estado para la reforma rural, va a tardar bastante tiempo.

El acuerdo establece que los predios adquiridos deben ser acreditados como propiedad privada conforme a la ley, no deben “estar emproblemados” y deben ser productivos. Esto será revisado por el Ministerio de Agricultura.

Luego de la oferta y la revisión, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) fijará precios mínimos y máximos de la compra de la tierra y se tratará de hacer un piloto del catastro multipropósito. Ese conjunto de elementos dará el precio de la tierra que será a precio de mercado.

El acuerdo entre el Gobierno y los ganaderos le dio a Petro la llave de la puerta de la reforma agraria, pero ahora deberá abrir la cerradura y llegar a poner la casa en orden, una misión que puede ir incluso más allá de su Gobierno.