Tras escalofriantes denuncias de la comisaria de familia de Pelaya, Cesar, Procuraduría exige dignificar condiciones de dicha institución

Sigue la conmoción alrededor del caso de Katherine Martínez, quien es la comisaria de familia del municipio de Pelaya, Cesar. Hace tan solo algunos días, la funcionaria pública reveló a través de escalofriantes declaraciones que estaba siendo acosada laboralmente y maltratada física, psicológica y verbalmente por su jefe, el secretario de Gobierno.

Lo anterior hizo que la prensa local explorara los hechos a profundidad y se topara con la defensa del servidor municipal. Ante tal situación, este acusó que “la doctora Katherine, está empleando esta estrategia para tratar de esconder uno de los escándalos de corrupción más grandes en las comisarias de familia, quizás a nivel nacional. Ella ha iniciado una campaña de desprestigio en mi contra, lo cual ha sido una cortina de humo. Una vez concluida la investigación haré pública la denuncia”, respondió el secretario.

No obstante, este medio recibió más detalles del caso de Pelaya. SEMANA conoció una nota de voz que le hizo llegar un familiar de la comisaria en la que le dice textualmente: “entre más ella le dé revuelo a esto, esto más se va a calentar hermano. Entonces ese es el mensaje que ella no entiende y yo sé que usted sí lo entiende, y yo sé que usted sí me conoce y sabe que soy una persona que soy bastante meticuloso en todo lo que hago y que no abro la boca si no sé lo que estoy diciendo. Entonces yo si quiero conciliar, pero si lo vamos a llevar así a ese punto lo veo bastante complicado. Porque hay lo que están haciendo es acorralando al gato contra la pared y el gato acorralado saca las uñas”.

Otra amenaza denunciada por la mujer habría sido dirigida a su entorno más cercano. “Han llegado a decirle a mi mamá, que es una enfermera humilde, que tiene una droguería, que me van a matar”, denuncia. La comisaria señala que buscó apoyo del alcalde del municipio, pero no se sintió respaldada. Por ende, se dirigió a la Personería de Pelaya, donde interpuso la querella.

Ante tal panorama, y teniendo en cuenta otros casos que se hayan podido presentar, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Ministerio de Justicia. En la comunicación, el ente de control ratifica la importancia de las Comisarías de Familia y la labor que estas cumplen en el país. “Por tratarse de entidades fundamentales en la ruta de acceso a la justicia familiar, (se le recuerda) la responsabilidad que les asiste, de lograr que las comisarías de familia tengan las condiciones de prestar el servicio en condiciones de calidad y dignidad, porque a su cargo está la atención y protección de las víctimas de violencia intrafamiliar, que cada día esperan una respuesta efectiva”, se lee en la misiva.

Asimismo, el Ministerio Público exhortó a las alcaldías y gobernaciones a determinar “las acciones concretas realizadas para el fortalecimiento de la prestación del servicio comisarial en sus territorios, en virtud de los informes de vigilancia y seguimiento remitidos por el ente de control, como también el cumplimiento de los mandatos de la Ley 2126 (de 2021)″.

Dicha ley dicta “disposiciones que otorguen herramientas a las Comisarías de Familia para gestionar su diseño institucional y para facilitar, ampliar y garantizar el acceso a la justicia por medio de la atención especializada e interdisciplinaria, con el fin de prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar y víctimas de otras violencias en el contexto familiar, según lo establecido en la presente ley”.

Finalmente, sobre el caso se pronunció Alexander Quintero, quien aseveró que ya los hechos son materia de investigación y que la oficina de control interno está indagando al respecto.