Tras escándalo por posibles irregularidades en contrato de 304 millones de dólares revelado por SEMANA, Fiscalía abre investigación y cita a declarar a minDefensa

La denuncia que reveló SEMANA advierte sobre un posible sobrecosto cercano a los 17 millones de dólares para la compra de 55 vehículos blindados de guerra LAV III 8×8 para reforzar al Ejército. La suma parece exagerada y aunque podría tener explicación, el Ministerio de Defensa, responsable de la vigilancia de semejante contrato, se esforzó más por evitar que la información se hiciera pública que por garantizar la transparencia.

En el multimillonario negocio con una empresa canadiense, que en pesos llega a 1,3 billones, se habría incurrido en algunas irregularidades de acuerdo con la denuncia que llegó a SEMANA, y esas advertencias habrían motivado la salida de Ana María Garzón, la entonces secretaria general del Ministerio de Defensa y mano derecha del jefe de esa cartera, Iván Velásquez.

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, desde Boston, Estados Unidos, aseguró que los detalles de la investigación resultan preocupantes y, en ese orden de ideas, es necesario adelantar una verificación que incluya, por supuesto, las diligencias de declaración a quienes resultaron protagonistas de este escándalo.

Las presuntas irregularidades que hizo públicas SEMANA se convirtieron en una investigación formal en la Fiscalía por posibles hechos de corrupción. En el marco de las diligencias, el fiscal a cargo tomó la determinación de escuchar en declaración al ministro de Defensa, Iván Velásquez, además de las personas que aparecen mencionadas en la denuncia.

“Recogidos algunos elementos materiales y al mismo tiempo de la publicación sobre los posibles sobrecostos de un contrato por parte del Ministerio de Defensa, posible hecho de corrupción, se ha tomado la determinación de citar a declarar, también bajo gravedad de juramento, a varios funcionarios de ese Ministerio. Entre ellos, el señor ministro de la Defensa, el viceministro de Estrategia y Planeación, el general (r) Ricardo Díaz; Javier Mondragón, director de Proyección de Capacidades de Innovación; Jenny Mora, asesora de contratación; los coroneles Óscar Melo Muñoz y Carlos Luque Ochoa, y el sargento viceprimero Andrés Aldán, integrante del comité técnico de ese proyecto”, confirmó a SEMANA el fiscal Barbosa.

De acuerdo con el jefe del ente acusador, “estas personas tendrán que ir a la Fiscalía para la respectiva declaración y nosotros ya poder ahondar en las hipótesis que tenemos. Esos son los casos que, además, generan mucha molestia por parte de algunos sectores del país. Creo que la Fiscalía, con sus elementos, puede adelantar el trabajo para tener una respuesta concreta, porque también hemos venido observando un aumento de denuncias alrededor de estos hechos, que fueron ventilados en un medio de comunicación (SEMANA)”.

SEMANA trató de encontrar una respuesta del Ministerio de Defensa ante las denuncias, y lo que se concertó como una reunión terminó en una encerrona en contra del periodista a cargo de la investigación, en la que incluso advirtieron que la información no se podría publicar y que antes de terminar el encuentro el comunicador tenía que firmar una carta de confidencialidad, la cual no fue firmada y generó la cancelación inmediata y abrupta del encuentro.

Ante semejante hecho, el fiscal general aseguró que la actitud de los funcionarios atenta contra la libertad de expresión y que las entidades públicas, en este caso particular el Ministerio de Defensa y sus delegados, abusaron de su función pretendiendo obligar a los periodistas a firmar actas de compromiso que justamente atentan contra un derecho fundamental.

“Es gravísimo. Si eso se presentó, es gravísimo, porque eso plantea que desde el Ejecutivo y desde el Ministerio de Defensa hay una violación a la libertad de expresión. Porque no es posible que usted les exija a periodistas acuerdos de confidencialidad para divulgar información. Es un retorno a prácticas que no existían y, por ende, habría que rechazar esas prácticas de forma clara”, fue enfático Barbosa.

El fiscal Barbosa también le dijo a SEMANA que “vamos a indagar exactamente en qué consisten todos estos hechos y es muy importante que estos funcionarios vayan para que nos muestren cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Incluso, hubo unas reuniones que se señalaron por parte del medio de comunicación, y lo importante es que nosotros actuemos con resultados rápidos”.

“La reunión la encabezó el viceministro de Estrategia y Planeación, general (r) Ricardo Díaz. Lo acompañaban Javier Mondragón, director de proyección de capacidades e innovación; Yenni Mora, asesora de contratación estatal; los coroneles Óscar Melo Muñoz, gerente del proyecto de fortalecimiento de capacidades operacionales del Ejército para la defensa de la frontera de los vehículos 8×8; el coronel Carlos Luque Ochoa, director de la Escuela de Infantería, y el sargento viceprimero Andrés Aldana, integrante del Comité Técnico del proyecto vehículos 8×8. Todo ocurrió en presencia de Ana María Escobar, jefe de Comunicaciones del Ministerio de Defensa, y Camilo Restrepo, del equipo de comunicaciones, quienes organizaron el encuentro”, se detalla en el artículo publicado por SEMANA.

Luego de las diligencias de declaración, el fiscal a cargo tomará la determinación de si considera necesario compulsar copias ante los delegados de la Corte Suprema de Justicia y así vincular a los funcionarios que, por razón de su cargo, requieren un fuero especial para investigar, como sería el caso de algunos generales y el propio ministro de Defensa.

Con el material probatorio que recaude, la Fiscalía espera establecer si hubo o no irregularidades en la multimillonaria compra de estos vehículos para el Ejército y, además, si en el curso de esa investigación violaron algunos derechos fundamentales que motiven otra línea de revisión, incluso para entidades como la Procuraduría por faltas disciplinarias.