Tras la alta contaminación que genera la industria de las armas, Indumil diseñó esta estrategia ecológica

Este lunes 28 de agosto se conoció que la Industria Militar (Indumil) inauguró el primer Parque Solar en Boyacá, el cual funciona por medio de un sistema de autogeneración de energía eléctrica fotovoltaica, compuesto por 2.178 paneles solares, distribuidos en 24 mesas, en un área de 6.165 metros cuadrados, con cinco inversores de 95 % de eficiencia, y capacidad de inyección de 1 megavatio.

Se espera que el Parque abastezca la demanda de energía de las operaciones de la fábrica durante los próximos 30 años y así disminuir la huella de carbono en 600 toneladas de CO2 anualmente, para mitigar el impacto de sus procesos productivos metalmecánicos de la Fábrica Santa Bárbara, ubicada en Sogamoso (Boyacá).

La creación del parque se da debido a la contribución de responsabilidad social ambiental a la que le apuesta la industria militar, y que se enmarca en la estrategia Colombia Carbono Neutro. Liderada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. La meta que tiene el gobierno Nacional es lograr, al 2030, una reducción del 51 % de emisiones de gases de efecto invernadero y 20 años después, es decir, para el 2050 tener una neutralidad del carbono en el país.

Mediante un comunicado Indumil, señaló que con esta apuesta se están proyectando como una empresa líder en la implementación de energías limpias y renovables para vigencias futuras en toda Colombia. De hecho, esperan que este parque sirva de base para crear otros similares como los proyectos que esperan empoderar como unidades de negocio en la Fábrica General José María Córdova en Soacha y la fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte, ubicade en Sibaté, Cundinamarca.

A la inauguración del parque no solo asistieron los directivos de Idumil, sino también el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, y el alcalde de Sogamoso, Rigoberto Alfonso Pérez, entre otros líderes de la industria metalúrgica y de la fabricación de armas y explosivos.

Cabe recordar que, el 1 de agosto, la Procuraduría General de la Nación estuvo bajo la entidad del Gobierno encargada de la distribución de armas, Indumil, así como el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos, que es una dependencia de las Fuerzas Armadas. Ambas organizaciones velan porque los elementos bélicos lleguen a buenas manos, pero habría ocurrido todo lo contrario recientemente.

La investigación que adelanta la entidad se habría dado por un proceso de distribución y comercialización de material y sustancias explosivas en medio de presuntas irregularidades. La alerta del Ministerio Público se activó luego de la detonación de explosivos en la mina del municipio de Buriticá, Antioquia, la cual es propiedad de la empresa Zijin Continental Gold.

Así las cosas, el ente de control público se vio en la obligación de visitar en repetidas ocasiones la región donde sucedieron los hechos, logrando evidenciar un presunto incumplimiento u omisión de los deberes constitucionales de los organismos involucrados, ya que los mineros que accedieron a los productos no cumplen con el título ni acreditación de permiso para utilizar artefactos explosivos.

Además, el órgano rector indicó que “los explosivos están causando la afectación de los derechos humanos de los trabajadores mineros de la empresa y de los integrantes de la Policía Nacional que se encuentran en el sitio, además de afectaciones al orden público y a la seguridad de los habitantes del municipio”.

La Procuraduría recordó que precisamente una de las responsabilidades del Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos es expedir las autorizaciones para que cualquier persona capacitada acceda a un artículo de tal naturaleza, por lo que dispone el Decreto 2535 de 1993. Es importante tener en cuenta que la industria de los explosivos está monopolizada por el estado.