Tras revelaciones del caso Santrich, la JEP responde con 11 puntos a la polémica

El diario El Espectador reveló unos audios los cuales hacen parte del sonado caso que vinculó a los exjefes de las Farc, hoy prófugos de la justicia, Jesús Santrich e Iván Márquez, con operaciones de lavado de activos y narcotráfico. Se trata de interceptaciones que fueron realizadas a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, quien fue capturado por delitos relacionados a estos hechos en 2018 y terminó en los Estados Unidos como testigo protegido de la DEA.

Entre lo polémico del caso está que varios archivos de la operación adelantada por la DEA, y que fue tenida en cuenta por la Fiscalía para la imputación de cargos de los guerrilleros, pero que en su momento fue negada a la JEP.

Dicho tribunal argumentó en su momento que Estados Unidos no quiso entregar las pruebas con las que contaba y esto no permitía evaluar su pertinencia. Entre las grabaciones hay varias donde se hace referencia a carteles de droga mexicanos. También se habla de la relación de los guerrilleros con Venezuela y Cuba.

Por lo tanto, a raíz de las revelaciones hechas por el diario El Espectador, en relación con el caso Jesús Santrich, la JEP emitió este martes un comunicado donde afirmó que en desarrollo del trámite de la solicitud de garantía de no extradición elevada por el entonces compareciente de las Farc, Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, la Sección de Revisión hizo repetidas peticiones a la Fiscalía con el fin obtener suficientes elementos de prueba para tomar una decisión, pero que dichos requerimientos nunca fueron respondidos de manera satisfactoria.

“El fiscal general de la Nación de la época allegó -Néstor Humberto Martínez-, de manera informal, una memoria USB sin número serial o de identificación, que contenía unos audios obtenidos dentro de investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín Marín, pero no de Seuxis Paucias Hernández. Esa información no contaba con informe de analista de línea, órdenes de interceptación de comunicaciones, cadena de custodia, ni actas de legalización de control posterior o control previo”, aseguró ese tribunal.

La JEP también afirmó a través de comunicado que mediante auto SRT-AE-047/2018, de 12 de septiembre de 2018, se ordenó requerir a Martínez para que de manera inmediata diera cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional “en el numeral segundo del auto 401 de 27 de junio de 2018, remitiendo el expediente completo del trámite de extradición de Hernández Solarte, incluyendo la documentación y el respaldo probatorio (audios y videos) que estuvieran en su poder”.

"Distintos medios de comunicación exhibieron videos -sin audio- que, se entiende, fueron suministrados por la Fiscalía General de la Nación, en tanto tienen el rótulo de esa entidad. Esos videos NO fueron allegados a la Sección de Revisión, bajo el argumento de que los expedientes de extradición no contienen pruebas, sino que estas las tiene el país requirente. Así, no se atendió el requerimiento efectuado por la JEP para el aporte de los “audios y videos que [tuvieran] en su poder”, señaló la JEP.

A su vez, la JEP indicó que El Espectador reveló que hubo 24.000 audios en la investigación contra Santrich , pero que la Fiscalía solo le entregó a ese tribunal 12 audios.

“La Sección de Revisión requirió a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para que allegara “copia de la solicitud de asistencia judicial elevada por los Estados Unidos de América dentro de la investigación adelantada contra el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte”, junto con los soportes o documentos “mediante los cuales brindó autorización a dichas autoridades extranjeras para la práctica de diligencias en territorio nacional, incluidas las proferidas por los jueces de la República”, se agregó en el comunicado.

También desde ese tribunal aclararon que la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación allegó en su momento las órdenes de interceptación de comunicaciones, algunos de los registros de audio, las actas de control previo y posterior ante los jueces de garantías y los formatos de cadena de custodia correspondientes a una investigación distinta a la que había en contra alias Santrich.

Además, recordó al resolver la solicitud de garantía de no extradición de alias Santrich en el mes de mayo de 2019, la Sección de Revisión de la JEP concluyó que, pese a las solicitudes realizadas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y a la Fiscalía General de la Nación, “no existió, o por lo menos no se adjuntó, prueba de la asistencia judicial para la actuación de agentes encubiertos en territorio colombiano”.

Cabe recordar que en diálogo con SEMANA Noticias, el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, habló sobre las más de 24 mil grabaciones que existen sobre el caso por narcotráfico de Jesús Santrich.

Afirmó que desde el año 2017 el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos sabía de las actividades criminales de un sector de los excombatientes de las Farc que habían firmado el proceso de paz.

Dijo que en una carta de 17 páginas le advirtió al Gobierno de la época que algunos excombatientes no estaban cumpliendo de Acuerdo de Paz y que seguían delinquiendo en casos de narcotráfico, como ocurrió con Marlon Marín y Jesús Santrich.

También aseguró que al caso de Santrich se llegó luego de que a Marlon Marín se le cayeran varios actos de corrupción que pretendía hacer con los dineros del posconflicto, que eran destinados para la salud de los excombatientes.

Martínez Neira explicó que cuando se le cae a Marín la corrupción que pretendía llevar a cabo con los dineros de la salud, comenzó a hablar de televisores y repuestos, y que cuando los investigadores de la Fiscalía profundizan se dan cuenta que estaban hablando en clave de narcotráfico.

“Yo le venía informando al Gobierno que después de la desmovilización se venían presentando vínculos con el narcotráfico, así de claro, después de firmado el acuerdo, y después de ello le entregué al Gobierno, el 19 octubre de 2017, una carta de 17 páginas en donde se relacionan una a una, interceptaciones, documentos fotografías y evidencias sobre las andanzas de un sector de las FARC”, dijo a SEMANA Noticias el exfiscal.

De igual manera, indicó que en medio de la investigación “los investigadores terminaron pillando a los señores de las ex-FARC haciendo negocios de narcotráfico, un sector obviamente”.

Agregó en su diálogo con SEMANA Noticias que en medio de esa situación conoció que la DEA había montado un operativo internacional por comercialización de droga hacia los Estados Unidos.

“Para le época de diciembre había aparecido el nombre de Santrich (Jesús). El delegado de la DEA me dijo: tenemos que hablar de eso luego y ya para diciembre se había hecho la entrega de los primeros 5 kilos de coca por parte del señor Marlon Marín a estos personajes”, señaló Martínez.

“En el mes de octubre de 2017, el señor Marín no había hecho la entrega del primer alijo de coca, cosa que ocurrió en el mes de noviembre del año 2017”, dijo el exfiscal.

Así mismo indicó que “desafortunadamente los hechos se siguieron consolidando y esto terminó en la captura en el mes de febrero (2018) de Jesús Santrich, es decir, información siempre hubo y esto no se hizo a espaldas del Gobierno”.

Sin embargo, Martínez Neira fue más allá: “En el ámbito político era exigirles a los desmovilizados que rompieran con toda actividad ilícita, eso fue lo que nosotros hicimos”.

Frente al caso específico de Santrich dijo que se “utilizaron piezas independientes para conspirar contra una investigación judicial. Lo mejor que puede ocurrir a esto es que se llegue al juicio y el país pueda conocer todas las pruebas”.

Este es el comunicado completo de la JEP:

COMUNICADO 159

A raíz de las revelaciones hechas por el diario El Espectador, en relación con el caso “Jesús Santrich”, la JEP informa que:

1. En desarrollo del trámite de la solicitud de garantía de no extradición elevada por el entonces compareciente de las Farc Seuxis Paucias Hernández Solarte, la Sección de Revisión hizo repetidas peticiones a la Fiscalía con el fin obtener suficientes elementos de prueba para tomar una decisión. Esos requerimientos nunca fueron respondidos de manera satisfactoria.

2. El Fiscal General de la Nación de la época allegó, de manera informal, una memoria USB sin número serial o de identificación, que contenía unos audios obtenidos dentro de investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín Marín, pero no de Seuxis Paucias Hernández. Esa información no contaba con informe de analista de línea, órdenes de interceptación de comunicaciones, cadena de custodia, ni actas de legalización de control posterior o control previo.

3. Mediante auto SRT-AE-047/2018, de 12 de septiembre de 2018, se ordenó requerir al Fiscal General de la Nación para que de manera inmediata diera cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en el numeral segundo del auto 401 de 27 de junio de 2018, remitiendo el expediente completo del trámite de extradición de Hernández Solarte, incluyendo la documentación y el respaldo probatorio (audios y videos) que estuvieran en su poder.

4. Distintos medios de comunicación exhibieron videos -sin audio- que, se entiende, fueron suministrados por la Fiscalía General de la Nación, en tanto tienen el rótulo de esa entidad. Esos videos NO fueron allegados a la Sección de Revisión, bajo el argumento de que los expedientes de extradición no contienen pruebas, sino que estas las tiene el país requirente. Así, no se atendió el requerimiento efectuado por la JEP para el aporte de los “audios y videos que [tuvieran] en su poder”.

5. El Espectador reveló que hubo 24.000 audios en la investigación contra Hernández Solarte, pero la Fiscalía solo le entregó 12 audios a la JEP.

6. Asimismo, la Sección de Revisión requirió a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para que allegara “copia de la solicitud de asistencia judicial elevada por los Estados Unidos de América dentro de la investigación adelantada contra el señor SEUXIS PAUCIAS HERNÁNDEZ SOLARTE”, junto con los soportes o documentos “mediante los cuales brindó autorización a dichas autoridades extranjeras para la práctica de diligencias en territorio nacional, incluidas las proferidas por los jueces de la República”.

7. La Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación allegó las órdenes de interceptación de comunicaciones, algunos de los registros de audio, las actas de control previo y posterior ante los jueces de garantías y los formatos de cadena de custodia correspondientes a una investigación distinta a la que había en contra de Hernández Solarte.

8. En cuanto a la participación de autoridades extranjeras en el asunto, la Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación respondió que “(…) para el caso colombiano dichas personas serían particulares que sostuvieron reuniones con otros particulares entre ellos el solicitado en extradición Seuxis Paucias HERNÁNDEZ SOLARTE, en un contexto criminal que los habilitaba legalmente para realizar la grabación y/o filmación de las reuniones en las cuales participaban, circunstancia que no implicaba autorización judicial (…)”.

9. La Sección de Revisión de la JEP optó por solicitar asistencia judicial al Gobierno de los Estados Unidos para la obtención del registro videográfico de las reuniones en las que habría participado Hernández Solarte. La respuesta fue negativa.

10. Es importante recordar que al resolver la solicitud de garantía de no extradición de Hernández Solarte en el mes de mayo de 2019, la Sección de Revisión de la JEP concluyó que, pese a las solicitudes realizadas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y a la Fiscalía General de la Nación, no existió, o por lo menos no se adjuntó, prueba de la asistencia judicial para la actuación de agentes encubiertos en territorio colombiano.

11. Posteriormente, la Sección de Apelación expulsó a Hernández Solarte de la JEP, al comprobarse su rearme manifiesto y su traición al proceso de paz. Vale reiterar que esa decisión se mantiene inalterada.

Bogotá, 10 de noviembre de 2020