Tras una inversión de $783 millones, el IDU reconstruyó la avenida Ferrocarril en Fontibón

Con una inversión superior a los $783 millones, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), reconstruyó la avenida Ferrocarril (calle 22) entre las carreras 96 D bis y 96 G, en la calzada norte. Este corredor ya está al servicio de los usuarios con las condiciones adecuadas para la movilidad del transporte público (buses SITP) y del tráfico mixto.

Las obras iniciaron el 25 de abril de este año y terminaron el pasado 1 de agosto. Estas actividades emplearon a cerca de 20 personas. Previamente a la intervención, el IDU hizo un diagnóstico de la vía que determinó la necesidad de reconstruirla en su totalidad, y para ello fue necesario elaborar los estudios y diseños, hacer la inspección de las redes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB- para determinar el estado de las tuberías y así realizar las validaciones, permisos y definir los alcances de esta obra en la calle 22.

Las actividades de reconstrucción consistieron en la demolición total de la estructura de pavimento existente y fue reemplazada por una nueva estructura. También se realizó la renovación de la red sanitaria en estos segmentos viales. La obra estuvo a cargo del Consorcio Conservial D.C. y la interventoría por el Consorcio GIS Vial SITP.

“Desde el 1 de agosto, una vez el contratista finalizó la obra y con el visto bueno de la interventoría, se abrió al tráfico de la calzada norte de esta vía completamente renovada. Aún están pendientes las actividades de demarcación que deben ser aprobadas por la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, la comunidad que vive y transita en este sector de la localidad de Fontibón, ya puede disfrutar de esta vía en las condiciones adecuadas para su tránsito”, afirmó el director general del IDU, Diego Sánchez Fonseca.

El IDU para este 2023, cuenta con un presupuesto de $265.210 millones para mejorar las condiciones de 421,65 kilómetros carril de malla vial. También, dentro del alcance de mantenimiento de espacio público y ciclorrutas, se tiene una meta física de 40,36 kilómetros con una inversión de $12.111 millones para las ciclorrutas, y en espacio público la meta es de 507.854 metros cuadrados con una inversión de $67.900 millones.

Actualmente, un promedio de 372 frentes de obra del IDU están activos en jornadas diurnas y nocturnas, realizando el mejoramiento de vías, puentes y espacio público en Bogotá.

Alcaldía de Bogotá radica en el Congreso proyecto de ley para modificar las normas de contratación estatal

En medio de las críticas que ha recibido la administración Distrital por las demoras en la ejecución de las obras de valorización que fueron aprobadas por el Concejo de Bogotá desde el 2018, y las cuales, en su mayoría, ya deberían estar terminadas o próximas a terminar, la Alcaldía de Claudia López decidió llevar al Congreso de la República una propuesta que busca modificaciones en las normas de contratación estatal. El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, lidera la iniciativa ante el legislativo colombiano.

Razones como demoras en la ejecución de las obras, declaratoria de caducidades e incumplimientos motivaron a que se desarrollara la propuesta que plantea modificar las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011.

De acuerdo con el IDU, el objetivo es fortalecer y hacer más eficiente la lucha contra la corrupción en la contratación pública para el Distrito Capital. Además, pretende garantizar la correcta ejecución de los recursos de la ciudadanía, destinados para obras de infraestructura.

La primera modificación planteada permitirá a las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital, previa justificación y soporte, exigir más requisitos de experiencia y capacidad a los establecidos en los pliegos tipo, con el propósito de contar con contratistas que garanticen el real y efectivo cumplimiento de los objetos contractuales.

Actualmente, las entidades no pueden solicitar requisitos adicionales a los exigidos en los pliegos tipo.

En una segunda propuesta, se pretende que aquellos contratistas incumplidos o sancionados no continúen ejerciendo malas prácticas en la contratación pública, por lo que se efectúan ajustes a las inhabilidades generadas en el incumplimiento contractual. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas: haber sido objeto de dos declaratorias de incumplimiento; haber sido objeto de imposición de dos multas o haber sido objeto de una declaratoria de incumplimiento e imposición de una multa durante los últimos dos semestres, con una o varias entidades estatales.

Por último, se propone que, en los casos en que un contratista sea inhabilitado como consecuencia de actos de corrupción, se dé vía libre a la entidad contratante para que de manera unilateral ceda el contrato y se descarte la posibilidad de que recaiga en el mismo contratista sancionado.