Reforma política: el ‘articulito’ que busca revivir el trasfuguismo

Cada vez que se acercan las elecciones de Congreso de la república, senadores y representantes a la Cámara buscan reacomodarse para mantener su curul. Para ello analizan fórmulas para que se legalice “por una sola vez” la posibilidad de cambiarse de partido sin exponerse a la sanción de la doble militancia.

Lo que se busca cuando se presentan este tipo de casos es poder lograr un espacio en la lista del partido o movimiento político que tiene más posibilidad de mantener o aumentar su presencia en el Capitolio, y por esa vía, asegurarse uno de los 268 escaños que ofrece el Senado (102) y la Cámara de representantes (166).   

Las elecciones de marzo del próximo año no son la excepción. No son pocos los legisladores actuales que quieren cambiar de partido sin enfrentarse a ningún tipo de sanción. Y la fórmula, esta vez, se buscará a través de la reforma política, un proyecto que hace parte de los acuerdos de paz del gobierno con las Farc.

La sorpresa viene en la ponencia para el tercer debate de este acto legislativo, pues allí se incluyó la posibilidad de conformar listas conjuntas al Congreso entre partidos y movimientos políticos, grandes o pequeños, con la salvedad de que quienes no se sientan identificados ideológicamente con esas coaliciones electorales, podrán pedir aval por una colectividad distinta a la que actualmente militan. Eso, en plata blanca, se conoce como trasfuguismo, o popularmente como ‘voltiarepismo’.  

El artículo 2 de la ponencia, que empezará a ser discutido este jueves en la Comisión Primera del Senado, propone que “quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones, salvo que en dicho periodo el partido decida conformar una coalición de listas y el respectivo miembro de la corporación pública por razones ideológicas declare que está en desacuerdo con esta, una vez definida la coalición”.

Y se agrega que para evitar problemas jurídicos a quienes decidan tomar este camino, que “en estos eventos, para garantizar los derechos de libertad de conciencia y a elegir y ser elegido, el miembro de la corporación pública, podrá inscribirse por otro partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos sin renunciar a su curul o incurrir en doble militancia”.

Como esta reforma política modifica la Constitución, y hace parte los proyectos que se tramitan bajo el mecanismo abreviado del fast track, tendrá un control directo de la Corte Constitucional, que determinará si aprueba la nueva norma o la tumba.

Pero como esta revisión puede tardar meses, genera incertidumbre entre los actuales parlamentarios, entro otras porque el pasado 11 de noviembre la Registraduría abrió inscripción de candidatos al Congreso por espacio de un mes (hasta el 11 de diciembre) lo que significa que la norma que habilita el trasfuguismo puede que no se aplique para las próximas elecciones.

Ante esa eventualidad, el texto de la reforma política también incluye un artículo que extiende hasta el 22 de diciembre el plazo para inscribir candidatos a Congreso.  De esa forma habría mayor tiempo para la inscripción de candidatos bajo la nueva norma.  

De una decisión de esta naturaleza están pendientes varios sectores políticos que ante la proximidad de las elecciones quieren cambiar de partido para asegurar su reelección.

Por ejemplo, se ha ventilado la posibilidad de que los liberales y ‘la U’, que no tiene candidato presidencial, conformen listas conjuntas con el argumento de defender la paz, o que miembros de ese partido se vayan Cambio Radical o al uribismo. Los conservadores también analizan escenarios y no descartan apoyar la candidatura de Germán Vargas Lleras. Ya se han dado varias reuniones con ese propósito.

Y por los lados del Centro Democrático, que espera aumentar el próximo año su presencia en el 2018, se espera que esta decisión les permita atraer a otros candidatos fuertes que militan en diferentes partidos, pero que sienten afinidad con el expresidente Uribe y no han podido hacerla pública por el temor a las sanciones por doble militancia.

Cabe recordar que ‘la U’ fue un partido que nació para defender la reelección de Álvaro Uribe en 2006 y, en aquella época, se avaló otra norma para permitir el trasfuguismo y dar viabilidad a este proyecto político. No es un tema reciente, sino más bien recurrente cuando se avecina un cambio de gobierno.

El senador de ‘la U’ y ponente de esta reforma política, Roy Barreras, aseguró que el posconflicto hace necesario que “se adecúe la conformación de los próximos congresos”, por lo que esta iniciativa legislativa “permitirá que cuando uno de los senadores o senadoras considere que esa coalición riñe con su ideología, quede en libertad para no hacer parte de esa coalición y pueda migrar hacia otro movimiento político”.

Este también es un asunto de interés para los candidatos presidenciales con más opción de llegar al poder en los comicios del 2018, pues al contar con el trasfuguismo y la posibilidad de hacer coaliciones entre partidos pues pueden aumentar su caudal electoral trayendo el mayor número posible de aspirantes a Congreso a sus respectivas listas. Todos querrán aprovechar este escenario.

Los otros temas de la reforma

Claro que la reforma política es más amplia e incluye otros temas, como por ejemplo la posibilidad de aumentar hasta en un 30 por ciento el presupuesto de financiación de las campañas política.

Un inciso del artículo 4 del proyecto dice expresamente que “para las elecciones que se desarrollarán en el año 2018, se aumentará el monto límite de gastos de las campañas electorales en al menos un 30% adicional con respecto al monto establecido para la última campaña de Senado, Cámara de Representantes y Presidente de la República, sin perjuicio del aumento por el IPC”.

Otro tema que se incluyó está relacionado con la obligatoriedad de haber votado para poder acceder a un cargo público o contratar con el Estado. En el artículo 9 se especifica que “el ejercicio del derecho al voto en las elecciones anteriores constituirá un requisito obligatorio para acceder al empleo público o contratar con el Estado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado”.

Además, y entre otras varias cosas, se crearán otros 11 curules regionales a Senado para dar visibilidad a lo que se conoce como antiguos territorios. También se mantienen las listas cerradas a partir del 2022, se establece un máximo de hasta dos periodos en las corporaciones de elección popular y crea un nuevo tribunal electoral que reemplazará al actual Consejo Nacional Electoral.

El debate, como se prevé, no será sencillo, pero es claro que con las modificaciones incluidas hay ‘dulces’ para los sectores más críticos del proyecto y, al mismo tiempo, se mantienen partes esenciales del proyecto que se negociaron en La Habana. Eso sí, el tiempo apremia para su aprobación.