Trata de personas en Colombia: 89% de las víctimas son niñas, adolescentes y mujeres, según informe de la Defensoría del Pueblo

Ante las alarmantes cifras de trata de personas, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado al Gobierno nacional para fortalecer la definición e implementación de políticas públicas que prevengan la esclavitud dentro y fuera del territorio colombiano.

“En la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, instamos una vez más al Estado, con el apoyo de la comunidad internacional y la sociedad en su conjunto, a fortalecer la definición e implementación de políticas públicas que permitan de manera temprana y urgente prevenir la esclavitud dentro y fuera del territorio colombiano”, fue el llamado del defensor Camargo Assis.

La labor de la Defensoría ha sido vital para enfrentar esta grave amenaza a los derechos humanos, como la libertad y la dignidad humana. La Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, a través de sus Duplas de género presentes en todo el país, ha acompañado 236 casos desde enero de 2018 hasta junio de 2023. De esos casos, 212 (el 89%) correspondieron a victimizaciones contra niñas, adolescentes y mujeres, y 60 de ellos (el 25,4%) estuvieron relacionados con la esclavización de personas migrantes.

El defensor del Pueblo advirtió que la trata de personas sigue siendo una grave vulneración que afecta diariamente a personas nacionales y extranjeras.

“La trata de personas es una grave vulneración de los derechos humanos que cada día afecta a más personas nacionales y extranjeras, sin que existan los suficientes recursos estatales para afrontar el accionar de quienes son tratantes de manera autónoma y organizada, lo cual redunda en la desprotección de quienes son víctimas directas e indirectas, especialmente niñas, adolescentes y mujeres”, indicó Camargo Assis.

Según el panorama nacional sobre la problemática, se han agravado los casos en lugares como Norte de Santander, Bogotá, Caldas, Valle del Cauca y Cundinamarca. Sin embargo, en otros departamentos también existe preocupación debido a la falta de herramientas para prevenir y detectar contextos de riesgo y casos de trata. Cabe recordar que la Dirección Nacional de Defensoría Pública representa judicialmente a víctimas del delito en 124 procesos penales relacionados con la trata de personas.

Desde la expedición del Decreto 2124 de 2017, la Defensoría del Pueblo ha emitido 40 Alertas sobre el riesgo de trata de personas en el desarrollo del conflicto armado y en conexidad con otras violencias. Esta conducta ha sido identificada en 133 municipios de 25 departamentos.

El defensor del Pueblo enfatizó que los grupos al margen de la ley involucrados en el conflicto encuentran beneficios económicos y de control poblacional y territorial al esclavizar a personas connacionales y extranjeras. Estos grupos se vinculan “directa o indirectamente con redes criminales y tratantes autónomos”.

Por lo tanto, para la entidad, el Gobierno nacional debe avanzar en tres frentes clave: la detección y registro de casos, la persecución y sanción penal de las redes y victimarios autónomos, la evaluación progresiva y participativa de la implementación de la Estrategia Nacional para la lucha contra la Trata de Personas (Decreto 1818 de 2020) y la definición e implementación de acciones para acompañar integralmente a la población migrante y mitigar el alto riesgo de esclavización.

El defensor del Pueblo reiteró su llamado al Gobierno nacional para que defina e implemente medidas de asistencia con enfoque de derechos humanos, buscando el reconocimiento y restablecimiento de los derechos vulnerados de las víctimas durante y después de la victimización. De igual forma, exhortó a que se lleven a cabo estas acciones en el menor tiempo posible: “Esto no da espera”, enfatizó Camargo Assis.