“Trató de exterminarnos como sindicato, nos trataba de ladrones y corruptos”: los señalamientos contra Rodolfo Hernández en la Corte Suprema

“Corruptos, ustedes representan la pequeña corrupción, todo eso nos decía el señor”. Como este, son varios los testimonios que reposan en poder de la Corte Suprema de Justicia en el expediente que tiene ahora contra las cuerdas al ingeniero Rodolfo Hernández, excandidato presidencial.

El caso se suma al escándalo ya conocido como Vitalogic, por el presunto direccionamiento de un millonario contrato en favor de dicha firma. En el nuevo expediente, Rodolfo Hernández, mientras era alcalde de Bucaramanga, de un plumazo, eliminó 27 cargos, y entre las personas que salieron por esta decisión había ocho que tenían fuero sindical.

Hernández deberá entregar las explicaciones del caso, sea que se mantenga con fuero de congresista o no. Por un lado, la Fiscalía General deberá designar un abogado, posteriormente se dará inicio al juicio el próximo 9 de noviembre. Ya contra Hernández existe una acusación formal y los testigos fueron escuchados en audiencia, el pasado mes de abril, por parte del juez Séptimo Penal.

SEMANA tuvo acceso a detalles del expediente que hoy tiene a Hernández dando explicaciones en los estrados judiciales.

La Corte Suprema es clara en advertir que fue el 14 de abril de 2021, que la Fiscalía Segunda Local Delegada del grupo de delitos querellables de Bucaramanga, radicó ante los juzgados penales municipales de esa ciudad, traslado de escrito de acusación en contra de Rodolfo Hernández, y otras personas por el posible delito de violación de los derechos de reunión y asociación como lo señala la ley 906 de 2004″.

Señala la Corte Suprema en uno de los documentos conocidos por SEMANA, que a través de las denuncias formuladas por los sindicatos de trabajadores del municipio de Bucaramanga, Sintramunicipio, Cintraobras y Astmep, “se conoció que durante el periodo constitucional comprendido entre 2012 a 2015, Rodolfo Hernández, actuando como alcalde del municipio, expidió un decreto en 2016 por el cual reclasificó empleos y suprimió 27 cargos de trabajadores oficiales de esa entidad territorial”.

Pero aparte, emitió una resolución con la que “incorporó a esos mismos 27 trabajadores oficiales, pero como empleados públicos en provisionalidad, siendo que de estos, ocho hacen parte de la junta directiva de Sintraobras y tenían fuero sindical”.

En el expediente conocido por SEMANA está el caso de Juan de la Cruz Villalba, quien desde julio de 2015, se hallaba en incapacidad con un 69 % de pérdida de su capacidad laboral y también se encontraba cobijado por el fuero sindical.

Entre otras cosas, la condición de trabajadores oficiales, además de su vinculación al sindicato, les proveía beneficios de la convención colectiva de trabajo y mejor connotación laboral, prestacionales y de movilidad laboral, por lo que los actos administrativos, emitidos por Hernández, “violarían su derecho a la asociación sindical, más cuando no fueron aprobados por el Consejo municipal”. Pero el caso de Juan de la Cruz no es el único.

SEMANA contactó a Gloria Amparo Muñoz, quien aparece en el expediente y era, para la época de los hechos, nada más y nada menos que la vicepresidenta de Sintramunicipio: “Nosotros hoy pedimos que se haga una sola cosa: que se haga justicia con nosotros los trabajadores oficiales, con el sindicato porque fuimos maltratados, humillados por este señor, y no respetan ni la ley ni la norma, entonces esperamos justicia y celeridad en la investigación. Seguro el caso pasa a la Fiscalía, está intentando dilatar los procesos”, advierte Muñoz en diálogo exclusivo con SEMANA.

Muñoz deja claro en que Hernández actuó “de manera arbitraria”: De hecho, recuerda que alguna vez, el ingeniero dijo que no quería pasar a la historia como el alcalde que simplemente hacía obras sino como aquel que quería quitar los sindicatos. Él se ensañó con nosotros, nos vuelve empleados públicos, no tuvo en cuenta la condición sindical. Fue imposible hablar con él, nos decía ladrones y corruptos”.

Los sindicalistas fueron a los juzgados pero quien termina dándoles la razón es la Corte que les devuelve sus cargos. Ahora, ante la Sala de Instrucción esperan que sus reclamos sean escuchados.