“Tres años de gestión y escasos resultados”, el duro jalón de orejas de la Procuraduría al alcalde de San José de Guaviare

Cuando el alcalde de San José de Guaviare, Ramón Guevara, hizo un resumen de su gestión, particularmente en la atención de niños indígenas en su municipio, la Procuraduría tenía dos pasos adelante y dejó coja la presentación del burgomaestre.

El alcalde explicaba el trabajo de la entidad y sus funcionarios, pero el ministerio público le replicó con los hallazgos que hicieron en una visita a la zona de tolerancia y horas antes de la reunión que los convocaba. Para la Procuraduría, es preocupante la gestión de la Alcaldía en esta materia.

“Yo no me siento satisfecho con lo que aquí se ha planteado, para serles sincero, esto se trata de una población, por amor a Dios, de 887 personas, de acuerdo al mismo censo que ustedes presentaron y si no somos capaces, como administración local, de manejar una situación como esta, pues hombre”, dijo Jeferson Mena, procurador delegado para asuntos étnicos.

Al alcalde Guevara no le gustó ni poquito la crítica a su gestión y dijo sentirse ofendido con la opinión de la Procuraduría, pues en su criterio es muy simple criticar desde los escritorios, sin acudir a los territorios y conocer la problemática en el espacio donde ocurre.

“Hoy yo sí me siento ofendido con sus palabras, no las comparto y hemos hecho las acciones, hemos trabajando con la Policía con el bienestar familiar, pues voy solicitó para otras intervenciones, pero que no sea de juzgar, sino de construir”, respondió el alcalde a los reparos de la Procuraduría.

Lo cierto es que, durante las visitas de la Procuraduría a los asentamientos indígenas aledaños y en San José de Guaviare, la conclusión fue preocupante. Hay un abandono total, dijo el procurador delegado, de las comunidades y ese se convierte en el principal problema y causa de males peores.

En las calles de la capital del departamento, en los espacios públicos, los andenes y en la zona de tolerancia, terminan los niños que desesperados por el hambre buscan en los “colonos” la ayuda que no reciben de las autoridades territoriales.

“Esto supera cualquier imaginación, es increíble ver niñas indígenas, que ni siquiera llegan a los 10 años, en estas condiciones; pero lo verdaderamente criminal es lo que adultos hacen con estas niñas”, señaló el procurador delegado.

Durante la audiencia, donde la Procuraduría convocó a las autoridades municipales y departamentales, se escucharon los reclamos de las comunidades y los líderes sociales, la conclusión de ese encuentro confirmó las denuncias: los niños se quedaron solos y los responsables de su protección, como el ICBF, fallaron.

“Cuando uno ve menores inhalando bóxer, en un estado de desconexión del mundo y a merced de los adultos, de verdad que debe quedar una gran reflexión como sociedad de ¿qué estamos haciendo?”, advirtió el delegado de la Procuraduría.

Para la Procuraduría es claro que los compromisos incluyen la participación de las autoridades municipales y departamentales, pero también del orden nacional. En ese orden de ideas, harán seguimiento a las decisiones que salgan de estas acciones y los mismos compromisos.