Golpe demoledor a Aquarela, el polémico proyecto inmobiliario en Cartagena

El proyecto inmobiliario Aquarela se comenzó a levantar en Cartagena como una promesa de vivienda de interés social de un nivel insuperable: ubicado en el sector de Torices, un barrio de estrato tres, a pocos pasos del castillo de San Felipe; el conjunto residencial tenía contemplada la construcción de piscinas en sus áreas comunes, parqueaderos y hasta tres ascensores por edificio. En total constaba de cinco torres y cada una tenía 30 pisos; cada apartamento podía ser adquirido por el público en no más de 135 salarios mínimos legales (unos 105 millones de pesos), por lo que las ventas fueron todo un éxito.

Sin embargo, el sueño de los compradores de tener una vivienda propia de estas características en una de las ciudades más caras del país, poco a poco se ha ido derrumbando. 

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A comienzos de este año, la Procuraduría se opuso a la continuidad del proyecto argumentando que se trata de una construcción que perturba el patrimonio histórico de Cartagena, por lo que acompañó al Ministerio de Cultura en una acción popular. En el recurso, las autoridades argumentaron la contaminación visual que generaba, así como la perturbación al espacio público lo cual vulneraba el derecho fundamental a un ambiente sano. Desde ese momento, el Ministerio Público hizo públicas sus sospechas alrededor de que apartamentos de interés social en realidad terminaron siendo obtenidos por personas con mayor poder adquisitivo. 

La Fiscalía asumió el caso y en la mañana de este martes procedió a la captura del representante legal de Aquarela, Lucas Tamayo; al arquitecto Claudio Restrepo; y al curador urbano No. 1 de Cartagena, Ronald Llamas. Los dos primeros deberán responder ante un juez por los cargos de urbanización ilegal y daño en los recursos naturales.

El tercero, el curador, afrontará los cargos de prevaricato por acción y urbanización ilegal al considerar que el funcionario habría expedido las licencias para la construcción de las cinco primeras torres, con capacidad para 940 apartamentos, sin tener en cuenta la afectación al patrimonio histórico, cultural y ambiental. Dice la Fiscalía, que su acción puso en riesgo la conservación del Valor Universal Excepcional que sustenta la inscripción de Cartagena en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

La Fiscalía también encontró que emitió 9 licencias para la primera etapa sin la aprobación del Consejo Nacional de Monumentos, requisito indispensable para realizar obras en esta zona protegida. Para conseguir las licencias, los constructores argumentaron que se trataba de vivienda de interés social, con lo que consiguieron los permisos para que las torres se levantaran por encima de los seis pisos; actuación que para la Fiscalía vulneró las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

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Los investigadores también encontraron evidencia que confirmaría lo que ya se temía el Ministerio Público: que algunos beneficiarios de la compra de estos apartamentos fueron los mismos constructores. "Abiertamente quebrantó el espíritu de los programas de interés social del Gobierno Nacional que buscan dignificar las condiciones de vivienda de las personas de escasos recursos", dijo el ente investigador.

Las detenciones se adelantaron en Cartagena y Medellín; en esta última ciudad se ubican los promotores del proyecto.