Tres excontralores se pronuncian sobre decisiones de Felipe Córdoba en el caso Hidroituango

La ola de demandas, recusaciones y reclamos alrededor del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General en el caso Hidroituango ha puesto en el ojo del huracán al actual contralor, Felipe Córdoba Larrarte.

El tema político se tomó el caso, en parte, por los que están involucrados en la decisión, ratificada recientemente en segunda instancia, en la que se mencionan 26 personas, entre naturales y jurídicas, incluidos exalcaldes, exgobernadores; empresas del sector infraestructura, entre otros.

Muchos ciudadanos se cuestionan y no encuentran respuesta a las razones por las cuales ‘unos sí y otros no’ (caso Federico Gutiérrez y Aníbal Gaviria, exmandatarios en Antioquia).

En ese contexto, tres excontralores generales salieron a expresar sus opiniones en relación con la decisión adoptada por el actual contralor.

Voces de excontralores

Justamente en este martes, el precandidato presidencial, Sergio Fajardo, uno de los involucrados en el fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General, salió a decir que Córdoba es “una ficha política”.

También en esta jornada surgieron las voces de los excontralores.

Sandra Morelli. Fue contralora general desde el 10 de agosto de 2010 hasta el 29 de agosto de 2014. Dice que “ni las tesis apocalípticas como las que se ventilan en torno al caso de Hidroituango y el futuro energético de Colombia, ni las presiones de este o aquel medio de comunicación, ni los anuncios de liquidar la Contraloría, deben nublar los resultados de los sesudos análisis técnicos que es capaz de realizar la Contraloría y tanto menos, debe nublar la imparcialidad jurídica con que ha de proferirse una decisión oportuna, objetiva y por sobretodo, respetuosa del derecho convencional, de la constitución y de la ley”.

Morelli, una de las más polémicas funcionarias, entre los que han ocupado el cargo para ejercer control sobre el uso de los recursos públicos, fue la que condujo el caso del cartel de la contratación de los Nulle. En su carta, invitó al contralor a “no desfallecer” para mantener “la solidez técnica y el meticuloso apego a la legalidad”, que son las que dotarán a la contraloría de “legitimidad y validez en sus decisiones”.

Por su parte, Edgardo Maya, ejerció el cargo de contralor en 2014 (hasta 2018), y fue quien posicionó la famosa cifra que se quedó en la recordación de los colombianos: “la corrupción se lleva $50 billones anuales”. En su carta, expresó que “con pleno conocimiento de causa, no me asiste la más mínima duda -respetando los criterios jurídicos- que la actuación de todas las instancias que surten al interior de la Contraloría, se ajustan a los mandatos legales y constitucionales”.

Maya destacó que los procesos y procedimientos que adelanta la Contraloría están plenamente reglados, frente a los cuales “se garantiza siempre el debido proceso y el derecho a la defensa de quienes son imputados y procesados en los procesos de responsabilidad fiscal”.

Además, Julio César Turbay Quintero, quien entrara al cargo en reemplazo de Antonio Hernánez Gamarra, antecesor de Morelli, señaló que “en todo momento hay personas, empresas y entidades que terminan afectadas por las investigaciones por la vigilancia y control que se le realiza a los recursos del Estado. Pues esta no es propiamente una oficina de relaciones públicas”.

Enfatizó en que “las instituciones deben salvaguardar la independencia de estos organismos con eficiencia y oportunidad, ya que con ellos se protegen los sagrados recursos públicos”.

Para los ciudadanos colombianos es clave que se destinte el proyecto Ituango de la política. Lo que está en juego es la energía y el efecto que traería la puesta en marcha de la hidroeléctrica, en el bolsillo de los hogares.