Tres imputados por corrupción en Triple A aceptaron cargos

Este lunes, en audiencia de imputación de cargos ante el juez 12 Penal Municipal de Barranquilla con función de Control de Garantías, el exgerente de Triple A Ramón Navarro y los empresarios Héctor Amaris Piñeres y Édgar Rafael Piedrahita aceptaron tres cargos con relación con presuntos actos de corrupción en la empresa de servicios públicos de la capital atlanticense.

El fiscal 38 especializado contra la corrupción imputó a los señalados los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado, junto con administración desleal, en el caso de Navarro. Todos aceptaron los cargos ante la pregunta del juez.

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En el caso del exgerente de Triple A, él ya había aceptado dichas conductas en marzo pasado por las acusaciones de haberse apropiado de 27.879 millones de pesos en operaciones ilícitas entre 2012 y 2015.

En este caso, se habló del uso de la firma Epsilon -de Piedrahita- para el pago de falsas facturas así como la supuesta falsa ejecución de recursos por 1.350 millones de pesos en un contrato a través de 150 millones de pesos en nueve facturas, en un contrato firmado con la empresa barranquillera Iarco Ltda. en la que aparece como representante legal Amaris Piñeres.

Dicho contrato establecía el transporte de residuos sólidos en Barranquilla por parte de Iarco cosa que la justicia estableció que no sucedió. Según las facturas, que a la postre son falsas, el contrato debía ejecutarse entre febrero y octubre del 2015.

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El representante de la Procuraduría pidió a la Fiscalía aclarar si el imputado en este caso era Héctor Amaris Piñeres, adulto mayor que es enfermo terminal y debió aceptar cargos por videollamada, o su hijo Héctor Amaris Rodríguez, exgerente del Foro Hídrico de la ciudad y asesor del alcalde Alejandro Char.

El fiscal 38 señaló que debía imputar los cargos al actual representante legal de la empresa Iarco Ltda. y que, de momento y hasta que no haya un mayor acervo probatorio, no podía ir tras los socios de dicha firma.

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Así mismo, desde el Ministerio Público pidieron dejar claro por qué no se imputó a Navarro el delito de peculado por apropiación, mucho más gravoso, pues considera que Triple A, si bien es una empresa de mayoría de capital privado, la actuación de su gerente se asemeja a la de un servidor público de una entidad descentralizada.

Recién la semana pasada, Triple A tuvo un remezón por cuenta de la toma de posesión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como depositario de la participación mayoritaria de Inassa (brazo de inversión en Latinoamérica de la española Canal de Isabel II) que fue embarcada y es objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía, configurando un complejo panorama para Barranquilla que ve así intervenidas por el Estado -como sucede con Electricaribe- sus dos principales empresas de servicios públicos.