NACIÓN
Tres miembros de resguardo indígena fueron asesinados en Nariño
La comunidad del pueblo Awá denunció los hechos.
El pueblo Awá Unipa continúa siendo víctima de la violencia por parte de actores armados. Se ha vuelto frecuente que jóvenes de diferentes resguardos sean sacados de sus hogares y retenidos cuando están en sus labores diarias, para ser desaparecidos y posteriormente asesinados. Esta denuncia la hizo esta comunidad indígena asentada en el departamento de Nariño.
“Estas dinámicas desarmonizan el territorio y a las familias Awá, y dejan en evidencia que no se han materializado acciones concretas para lograr la paz que nuestro pueblo ha exigido reiteradamente en escenarios de interlocución con instituciones de los diferentes niveles de gobierno”, indicó la comunidad a través de un comunicado.
El primero ocurrió el 14 de septiembre en horas de la mañana, cuando Leonicio Taicus Canticus de 37 años, salió del resguardo Awá Sangulpí Palmar, en jurisdicción del municipio de Tumaco hacia el corregimiento de Llorente, a comprar remesa.
“En el trayecto fue interceptado por dos hombres armados y motorizados que lo llevaron hacia el corregimiento El Pinde. En horas de la tarde fue encontrado muerto cerca al río Pianulpí”, dijo el pueblo Awá, que además afirmó que el señor Leonicio dejó a su esposa e hijo de 2 años de edad.
De otro lado, el 21 de septiembre a las 3:20 p.m. a la altura del kilómetro 92 en la vía Pasto-Tumaco, Dioselino García Bisbicus del resguardo Awá Saundé Guigay, en Tumaco; fue sacado a la fuerza de su vivienda y subido a un vehículo particular. Horas más tarde, su cuerpo sin vida fue encontrado en el kilómetro 86.
“Dioselino tenía 25 años de edad, previamente había sido víctima de amenazas y desplazamiento forzado. Dejó a su esposa desprotegida”, dijo la comunidad.
Otra víctima de los grupos armados al margen de la ley fue Arturo García, de 36 años de edad, quien pertenecía al resguardo Awá Pulgande Tronquería, en jurisdicción de Barbacoas. “El hecho se presentó el 23 de septiembre a las 5:00 p.m. y ocurrió en el corregimiento de Buenavista, cuando el señor Arturo se encontraba caminando en el patio de una casa y fue abordado por un hombre armado, quien le disparó, causándole la muerte de manera instantánea. Él dejó a su madre, adulta mayor, y dos hijos menores de edad, desprotegidos”, aseveró el resguardo.
La comunidad indicó que a pesar de la presencia de la Fuerza Pública en estos lugares, los hechos violentos se siguen presentando, dejando claro que no hay garantías de seguridad. “Tampoco se realizan labores de levantamiento y traslado de los cuerpos por parte de las instituciones competentes para atender estos casos”, denunciaron.
Instan al gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro, a que atienda de forma urgente e inmediata la crisis humanitaria que atraviesa el pueblo Awá.
“A la vicepresidenta Francia Márquez, como encargada de los diálogos regionales vinculantes a la zona del Pacífico nariñense, le hacemos un llamado a que priorice en el Plan Nacional de Desarrollo, acciones y estrategias concretas que mitiguen el conflicto de esta región del país; igualmente, se atienda lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 1874 del 2022, para avanzar de forma concertada, prioritaria e inmediata, así como se avance con las acciones que ordena la honorable Corte Constitucional en el artículo 620 de 2017″, manifestaron.
Asimismo, le reiteraron al Congreso de la República y, en especial, a su Comisión de Paz, la invitación a que visiten su territorio para llevar a cabo una audiencia pública. A la Defensoría del Pueblo, la actualización y ampliación, desde un enfoque diferencial indígena, de la Alerta Temprana 045 de 2019. Así como su acompañamiento y vigilancia para que se garanticen los derechos fundamentales de la comunidad Awá.
“A las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a nivel nacional e internacional, solicitamos su acompañamiento humanitario y la atención a las diferentes afectaciones que siguen enlutando a nuestro pueblo”, expresaron.
Finalmente, exigieron a los actores armados ilegales que hacen presencia en la región, darle fin a las acciones violentas que ponen en riesgo la vida de la población. “Si existe una voluntad de diálogo para la construcción de la paz, como se ha manifestado públicamente, esto debe verse reflejado en el respeto a la vida y cese de acciones contra la población civil”, concluyeron.