Judicial
Tribunal anunció “sentencia anticipada” en millonaria demanda de Thomas Greg contra la Cancillería por contrato de los pasaportes
Por la suspensión de la licitación, la multinacional exige 117 mil millones de pesos.
Pese a lo que una vez anunció, de manera jocosa, el ahora excanciller Álvaro Leyva Durán, la millonaria demanda que presentó la multinacional suiza Thomas Greg & Sons contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia por la revocatoria del contrato para la expedición de pasaportes, tendrá un desarrollo exprés y el fallo podría conocerse antes de que se acabe el año.
Así lo notificó este viernes el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, tras finalizar la recolección de elementos materiales probatorios, anunció que “proferirá una sentencia anticipada” en este caso.
La multinacional presentó el pasado 19 de diciembre una demanda en la que exige una reparación cercana a los 117.000 millones de pesos por las afectaciones que le causó, en su concepto, la decisión de la Cancillería de suspender el proceso licitatorio.
El trámite y estudio de esta demanda ha dado para todo. Tras un conato de conciliación que se cayó a última hora por la posición de la Cancillería, hasta un retiro de las pretensiones puesto que, en el segundo proceso licitatorio, se le otorgó el contrato para la emisión de visas y pasaportes a la multinacional al ser la única que cumplió con los requisitos exigidos, hasta llegar a una pelea interna en el Ministerio y que representó la salida del funcionario que estaba al frente del proceso de licitación.
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Por las presuntas irregularidades que se presentaron al suspender la licitación, la Procuraduría General le abrió un juicio disciplinario a Álvaro Leyva Durán. El sentido del fallo en primera instancia se emitirá en los próximos días.
Para el organismo de control disciplinario el entonces Canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias por declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
En segundo lugar, Sala Disciplinaria de Instrucción advirtió que se habría presentado un error al decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
Por estos hechos, el 24 de enero se suspendió a Leyva de su cargo de manera provisional con el fin de evitar afectar el proceso de contratación que cursaba en la Cancillería, teniendo en cuenta el rol que tenía como ordenador del gasto del Ministerio.
La defensa de Leyva ha manifestado que se trata de una persecución política por su cercanía con el presidente Gustavo Petro. Por esto presentó recusaciones y nulidades contra el procurador del caso y el proceso en sí por no contar con las garantías procesales.
Sin embargo, estas peticiones fueron rechazadas de tajo por la Procuraduría General que avanzó con la recolección de testimonios y pruebas documentales en etapa de juicio.
