FALLO
800.000 millones de pesos de multa: histórica condena a Odebrecht y sus socios
En una decisión sin antecedentes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable por corrupción a los miembros de la Ruta del Sol y los inhabilitó por 10 años. La acción, interpuesta por el procurador Fernando Carrillo, tendrá repercusiones también en Episol, filial del Grupo Aval.
La justicia acaba de resolver una acción popular que no tiene antecedentes en el país y que representa una de las mayores condenas por corrupción a empresas privadas. Se trata de un recurso judicial que había interpuesto el procurador Fernando Carrillo en enero de 2017. El fallo declaró la suspensión definitiva del contrato de Concesión No. 001 de 2010 de la Ruta del Sol, así como de todas sus adiciones y modificaciones, pero también tiene serias implicaciones para quienes hicieron parte de ese entramado.
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La multa que impone el tribunal es una de las más altas que ha emitido la justicia. Obliga al pago de 800.000 millones de pesos que deberán asumir de manera solidaria todos los miembros del consorcio. Es decir, Odebrecht, Episol (filial de Corficolombiana) y el grupo Solarte. Este monto, que con el cambio podría significar alrededor de 250 millones de dólares, es muy superior a todas las cifras que en los tribunales se han mencionado por cuenta de este escándalo. Hay que recordar que, por ejemplo, Odebrecht había ofrecido apenas 30 millones de dólares como compensación por los hechos al Estado colombiano.
La decisión también tiene un elemento de fondo. Declara responsable por corrupción a todas las personas jurídicas que participaron en ese contrato, es decir los tres socios y la Agencia Nacional de Infraestructura. Por otro lado, también condena a las personas naturales involucradas judicialmente en el escándalo: el ex viceministro Gabriel García Morales, el ex senador Otto Bula, el ex presidente de Corficolombiana José Elías Melo y los llamados tres luises de Odebrecht: Luiz Bueno, Luis Mameri y Luis da Rocha al pago de esa millonaria indemnización y los sanciona, al igual que a las personas jurídicas, con la inhabilidad para contratar por 10 años con el Estado.
El procurador Fernando Carrillo le dijo a SEMANA que considera que este fallo es icónico en la lucha contra la corrupción y que demuestra que las sanciones para este fenónemo "pueden ir más allá del derecho penal, tocando severamente el bolsillo de quienes cometen estos actos ilicitos".
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Tras conocer la decisión del tribunal, Episol aseguró que "disiente de la decisión en lo que a ella respecta", por tanto están estudiando los recursos legales que presentarán.
"Episol no es responsable por los delitos cometidos por terceros, confía en el respeto al debido proceso y reitera su interés de colaborar con las autoridades para seguir construyendo un país competitivo y moderno para todos los colombianos", aseguró la compañía.
Para el cumplimiento de la sentencia se ordenó crear un comité de verificación en el cual participarán el procurador general Fernando Carrillo; la ministra de Transporte, Ángela María Orozco; el presidente de la ANI, Louis Kleyn; el director del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil Chavarría, o a un delegado, así como a un representante de la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. Deberán reunirse cada mes y presentar un informe con los resultados al tribunal.
