Tribunal de Aforados, ¿muerto antes de nacer?

Tras la caída del nuevo sistema de Gobierno de la Justicia, la administración de Juan Manuel Santos se prepara para resistir el otro embate que, muy seguramente, recibirá la reforma al equilibrio de poderes: la inconstitucionalidad del Tribunal de Aforados, que reemplazaría a la Comisión de Investigación de la Cámara para juzgar a magistrados, al fiscal y al presidente.

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Este miércoles, la Corte Constitucionalidad tiene planeado estudiar la ponencia en la cual el magistrado Alejandro Linares propone tumbar el tribunal. La noticia es que los ocho restantes integrantes de la Sala también están dispuestos a hundir ese sistema de juzgamiento, a pesar de no compartir las conclusiones de Linares.

Cuando el Congreso estableció que un Tribunal de Aforados reemplazaría las funciones de la desprestigiada Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el entonces fiscal Eduardo Montealegre se opuso por considerar que era inaceptable que se eliminara el antejuicio político al que tienen derecho los más altos dignatarios del Estado, antes de ser sujetos de acciones de autoridades judiciales.

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Por eso, el hoy exfuncionario interpuso una demanda ante la Corte Constitucional, pues además alegaba que esa reforma al proceso de judicialización de los aforados constitucionales no podía ser incluida en un proyecto de acto legislativo que pretendía eliminar la reelección presidencial. A su juicio, la reforma adolecía de un vicio que en el derecho se reconoce como el desconocimiento al principio de identidad flexible.

Para el magistrado Alejandro Linares, a quien correspondió proyectar el fallo, la reforma sí tiene un problema de constitucionalidad. Para él, el pecado no es que el Congreso haya decidido eliminar dicho antejuicio sino la manera como tramitó ese cambio.

Por eso, cree que cuando los legisladores dejaron vivas las competencias de Cámara y Senado para juzgar a los aforados al término de la primera vuelta para luego eliminarlas en la segunda, afectaron los principios de consecutividad e identidad flexible.

Para Linares ese nuevo Tribunal no podría funcionar, pero por un error en la técnica legislativa. Y aunque sus ocho compañeros opinan que esa parte de la reforma se debe caer, lo hacen porque consideran que la existencia de ese nuevo mecanismo, tal cual fue planeado, sustituye a la Constitución.

Eso significa que en la Corte está dado el escenario propicio para que el componente judicial de la reforma al equilibrio de poderes sufra la estocada, pues no podrían tener cabida ni el nuevo modelo de juzgamiento de los más altos dignatarios del Estado ni el sistema de Gobierno de la Rama Judicial que Congreso y Gobierno hubieran querido implantar.

De mantenerse la tendencia -y por ahora no hay por qué pensar otra cosa- el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación tendrían que seguir siendo investigados y juzgados políticamente por el Congreso, antes de ser sometidos a una eventual actuación penal por parte de las autoridades judiciales.

Y a pesar de que la Corte ha dicho que el legislador está en libertad de crear nuevas instituciones que reemplacen otras que hayan nacido con la Constitución, cada vez se consolida más la idea de que la única manera de reformar el poder judicial es convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente.

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