Tribunal de Arbitramento la da la razón a la ANI: concesionario de la vía Mulaló-Loboguerrero debe seguir con la obra

La famosa vía 4G proyectada en el sur del país, conocida como Mulaló-Loboguerrero, por las áreas geográficas que pretende conectar, se ha vendido como un sueño que hasta ahora ha sido inalcanzable.

Con cinco túneles, 45 puentes vehiculares, 4 puentes peatonales, 4 intersecciones y, por supuesto, el inevitable peaje para la recuperación de las inversiones, este proyecto estaba en veremos, en medio de mayúsculos enredos. Se trata de una construcción de 28 kilómetros de calzada sencilla y de 4 km de doble calzada avaluada en 2 billones de pesos a precios de 2021.

El caso llegó a un Tribunal de Arbitramento que finalmente le dio la razón a la Agencia Nacional de Infraestructura: el concesionario debe seguir con la obra. El tribunal fue convocado por la Sociedad Concesionaria NUEVA VÍA AL MAR S.A.S. - COVIMAR S.A.S. La pretensión de la concesionaria era que se declarara que se había configurado la causal de Terminación Anticipada del contrato.

La decisión del tribunal, sin embargo, fue negar las pretensiones de la concesionaria. Los juristas aseguraron que el evento eximente de responsabilidad (fuerza mayor ambiental) que había invocado el concesionario fue superado. En el fallo, la concesionaria también debe pagar 1.400 millones a la ANI, por concepto de costas del proceso. Los árbitros fueron los abogados Adelaida Ángel Zea, Blanca Lucia Burbano y Ernesto Rengifo.

La vía Mulaló-Loboguerrero ha sido parte de todo un rosario de promesas. El desplazamiento rápido y seguro desde Cali hasta el Puerto de Buenaventura, tema clave para el comercio y el empleo, está en el tintero desde tiempo atrás. El nuevo retraso que habrá ahora, mientras se resuelven todos los tropiezos que hay en camino para volver a tener un nuevo ejecutor, podría volver a tardar meses, incluso años, que se sumarían a los ya pasados. Hay que recordar que los estudios para esta obra empezaron en 2008. Siete años más tarde, en 2015, se abrió la licitación para construir el tramo Mulaló-Loboguerrero, como parte del llamado paquete de 4G del gobierno de Juan Manuel Santos.

Valga la pena indicar que desde mañana y hasta el 24 de abril corre el término para presentar aclaraciones y complementaciones, y solo hasta que estas sean resueltas por el tribunal, el Laudo quedará en firme.

Presidente de la ANI habló sobre las responsabilidades en la caída del puente La Vieja

En inmediaciones a la emergencia presentada en el puente El Alambrado, en la vía que comunica a los departamentos del Valle del Cauca y Quindío, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Fernando Camargo Triana, mencionó las hipótesis que rodean este lamentable acontecimiento.

El funcionario dijo a SEMANA que cuando se presentan este tipo de eventos se exploran inicialmente tres tipos de posibles causas del colapso de estas estructuras.

El primero está asociado a las cargas estáticas, según Camargo. En el puente como tal se habla de pilas, cimentaciones, procesos de socavación, que es el río que pueda afectar las pilas.

“Habitualmente, las columnas o las vigas de cimentación, la estructura como tal del puente que son vigas metálicas y un sistema de ríos, un puente de 1968. Este sistema está conformado por dos puentes, uno de 70 y uno 30 metros, con una pila excéntrica, y que tiene dos componentes: el paso del río y de la línea férrea. La afectación que se dio fue sobre el puente que cruzaba el río; es el puente más antiguo y esa carga estática está siendo evaluada con toda la documentación de operación y mantenimiento”, explicó.

La siguiente hipótesis tiene que ver con las cargas dinámicas. “Los vehículos que circulaban al momento del evento sobre la zona y eventualmente el aumento del tráfico que se ha presentado en alguna circunstancia, todo eso va a ser objeto de verificación por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Pueden converger las dos causas por efectos de una desafortunada concurrencia de afectaciones en estructura estática y vehículos en movimiento”, dijo.

Como tercera conjetura, no descarta un posible atentado, “por lo que el puente tiene una posibilidad de que manos con intenciones oscuras puedan afectar estructuras con pequeñas cargas con afectación de elementos clave, que también está siendo evaluada. Por eso, contamos con el acompañamiento de antiexplosivos del Ejército, y ya lo estamos consultamos con el Cuerpo Especializado de Investigación de Accidentes de Tránsito para tratar de cerrar la mayor cantidad de información para explorar estas hipótesis”, indicó.

Camargo también se refirió a lo que será la reconstrucción del puente y dijo que se encuentran evaluando construirlo desde cero, solución que podría tomar de 14 a 18 meses, en una implementación con diseño y posterior construcción.

La segunda alternativa es la solución temporal que les han planteado ingenieros militares y, en ese sentido, les sugieren instalar una pila adicional y una intervención que no estaría, estiman, antes de dos meses.

“También está la solución definitiva que cubriría la totalidad del puente en 102 metros, que está provista y sugerida por el concesionario que tiene a cargo las intervenciones y que inicialmente consideramos más conveniente para restablecer condiciones permanentes de operación sobre este corredor”, aseguró.

Igualmente, el presidente de la ANI dio un balance general de las emergencias en infraestructuras que se han presentado este año. Explicó que entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la ANI administran una red de infraestructura de 19.000 kilómetros; 10.500 kilómetros el Invías y 8.500 kilómetros por parte de la ANI.

“Tenemos dos diferentes tipos de fallas, una asociada a eventos por deslizamientos en un proceso de largo plazo en la zona de Rosas (Cauca), que indudablemente afectó una conectividad importante, la cual atendimos muy rápido con el Sistema de Gestión del Riesgo, y esta –colapso del puente El Alambrado– que es una falla súbita”, mencionó.

De acuerdo con Camargo, de esos 19.000 kilómetros, 3.800 son puentes y el 30% de ellos, según una evaluación del Invías, amerita una intervención preventiva que puede costar 1.5 billones de pesos.

“Desde la ANI hacemos el ejercicio de anticipar nuevos eventos, hacemos patologías, mantenimiento preventivo y correctivo y por parte del Invías tenemos un ejercicio similar. En este momento, lo que esperamos y tenemos que reforzar son las intervenciones, y frente a eso transmitirles a los colombianos la seguridad de que estamos atendiendo la infraestructura vial de manera oportuna y eficiente, y nuestra responsabilidad es atender muy rápido estas contingencias y explorar medidas alternas de tráfico para que se restablezcan muy rápido las condiciones de movilidad”, concluyó.