Tribunal de Barranquilla ordena preclusión de proceso por autopréstamo de Silvia Gette

El Tribunal Superior de Barranquilla ordenó, en las últimas horas, por cumplirse los términos estipulados en la ley, la preclusión del proceso contra la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce porque se habría autoprestado la suma de $1.073 millones, en los días en que estuvo como directora del centro de estudios.

Lo llamativo de este caso es que en septiembre pasado el Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla emitió el sentido del fallo, en el que condenó a Gette. Y, unos días después, antes de que la sentencia quedara en firme, la defensa de la exrectora solicitó la preclusión, pero fue negada por el mismo despacho.

La togada, contrario a la petición, señaló que la prescripción de la acción penal es de 81 meses y solo han pasado 62 meses desde el inicio del proceso por los hechos ocurridos en el año 2011.

Entre los argumentos planteados por la Fiscalía contra la petición de la defensa de la exrectora, estuvieron supuestas maniobras de dilatación del proceso y la suspensión de términos debido a las restricciones establecidas en la rama judicial del país debido a la pandemia de covid-19.

Entonces, la solicitud de la defensa de Gette fue elevada a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla argumentando que el proceso ya debía prescribir, al haber transcurrido los siete años establecidos por la ley para resolver el proceso.

Así que la decisión más reciente del Tribunal revoca de manera inmediata la decisión del Juzgado Décimo Penal del Circuito.

Bianith Bohórquez, abogada defensora de Gette, señaló que se le había pedido al juzgado que diera por terminado el proceso al vencerse los términos para la posible judicialización de su apoderada, lo que impedía que se pudiera continuar con la acción penal; sin embargo, el juzgado apeló.

La abogada explicó, en diálogo con RCN Radio, que ante la negativa del juez, la apelación fue dirigida al Tribunal de Barranquilla, que decidió revocar el auto del 14 de octubre de 2020. “Como consecuencia fue declarada la prescripción de la acción a favor de la señora Silvia Beatriz Gette, procesada señalada del presunto delito de abuso de confianza calificado en concurso homogéneo con circunstancia de mayor punibilidad”, agregó.

Bohórquez dijo que ya las dos partes del proceso fueron notificadas de la decisión y está confirmada, a pesar de que el Juzgado Décimo había solicitado que se debía adicionar una agravación al caso, al tratarse de una servidora pública. Sin embargo, según la abogada, la Universidad Autónoma del Caribe es una entidad privada y, en consecuencia, sus trabajadores no pueden considerarse servidores públicos.

Silvia Gette, sin embargo, cumple en detención domiciliaria una condena por otros procesos en su contra.

Una investigación publicada por SEMANA en septiembre del año 2013 bajo el título “Silvia Gette, la decana del mal” reveló que en los primeros meses de ese año la universidad le giraba a su red de empresas familiares 36,5 millones de pesos diarios, sin contar la plata que le ingresaba por otros negocios y algunas propiedades que tenía.

Según se pudo establecer, la rectora habría tenido ingresos de al menos 1.095 millones de pesos mensuales girados por la universidad, entre otros por conceptos como 45 millones de pesos de salario; 99 millones por la pensión de Mario Ceballos, su fallecido esposo y fundador del centro de estudios; 30 millones de auxilio para sus hijos; 31 millones por arriendos de edificios al servicio de la institución, y el pago de contratos que tenía la universidad con firmas de propiedad de Gette, como el Instituto de Lenguas del Caribe, la Academia de Arte y Cultura del Caribe y la empresa de publicidad Ponce Visión.