Tribunal de Bogotá le jaló las orejas a la SAE por “embolatar” la devolución de hoteles en Nariño

Los afectados con los operativos de extinción de dominio que hace la Fiscalía y que logran demostrar la ilegalidad de esos procedimientos quisieran que, con la misma rapidez que ponen los sellos de incautado, devuelvan las propiedades que llegan a la Sociedad de Activos Especiales.

Con cada comunicado de la Fiscalía, en el que advierten un importante operativo de extinción de dominio, que deja millonarios bienes en poder del Estado, la frase final incluye a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), como la encargada, en adelante, de administrar esas propiedades.

Son decenas las denuncias, de bienes que pasaron por la SAE y quedaron en el abandono, destruidos y con una responsabilidad que nadie asume. Así le pasó a la señora María del Carmen Díaz, que heredó un negocio familiar, dos hoteles en Ipiales, Nariño. Por décadas ofrecieron alojamientos cumpliendo con todo lo que exige la ley para su funcionamiento, hasta que la Fiscalía los convirtió en una red de traficantes de migrantes.

Un operativo de la Fiscalía advirtió que una red de traficantes llevaba migrantes desde la ciudad de Ipiales, hasta el extremo norte de Colombia. Según el reporte, en los hoteles los migrantes permanecían casi secuestrados mientras esperaban completar el recorrido. Los hoteles fueron objeto de incautación por parte de la Fiscalía y los entregaron a la Sociedad de Activos Especiales.

La investigación demostró un asunto completamente diferente, al punto de que un juez de extinción de dominio decretó la ilegalidad de la incautación que se hizo en su momento a los hoteles. El juzgado ordenó la devolución y la señora María del Carmen le notificó a la SAE la decisión. Sin embargo, casi 6 meses después siguen sin entregar sus propiedades.

Ahora es un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá quien le da la orden a la SAE para que en un término de ocho días responda a la señora María del Carmen, por qué no han entregado esos inmuebles y además se fije una fecha y hora para la devolución de los mismos. Un ultimátum que pone contra la pared a la SAE, por otra compleja situación.

“Nótese que desde enero de este año, esta corporación confirmó la decisión de declarar ilegal las medidas de embargo y secuestro que recaían sobre tales inmuebles, decisión que le fue comunicada a la accionada desde el pasado 18 de marzo, por lo que han transcurrido más de 2 meses sin que esta entidad adelante diligentemente el trámite administrativo para la devolución efectiva, viéndose la afectada en la necesidad de acudir vía derecho de petición”, señala el Tribunal de Bogotá.

La señora María del Carmen logró evidenciar el estado en el que se encuentran los hoteles en este momento; completamente destruidos, inundados por los roedores y algunas aves que convirtieron lo que antes era un negocio familiar, en una simple guarida que va a requerir una millonaria inversión para recuperarse.

“Así las cosas, deviene claro que, si bien la actora recibió una respuesta a su pedimento, también lo es que, se itera, continúa sin saber cuándo será la devolución de sus predios o cuánto tiempo más debe esperar, vulnerándose con ello, no solo su derecho de petición, sino además la garantía fundamental al debido proceso”, advierte el magistrado en su decisión.

El Tribunal le da ocho días a la SAE para completar los trámites, darle una respuesta de fondo a la señora María del Carmen y, de paso, devolver los bienes que desde hace meses y por cuenta de la decisión del juzgado, están en mora de regresar a sus propietarios.