Tribunal de Cundinamarca condena al Estado por chuzadas ilegales al Cinep

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado colombiano por los seguimientos ilegales que realizó el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

El Cinep informó sobre esta decisión a través de un comunicado, que publicó en sus redes sociales. “Estos hechos, que son de conocimiento público, vulneraron derechos como la intimidad, la seguridad personal, la inviolabilidad de documentos privados y correspondencia, y el buen nombre del centro y de sus integrantes”, manifestó la organización.

Y agregó: “esta persecución, de la que fueron objeto no solo el Cinep sino personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos de oposición de todo el país, ocurrió durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

El Cinep aseguró que la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) demandó al DAS en 2011 por considerar que “las actividades de inteligencia ilegal que adelantaba dicha institución en contra del Cinep y sus integrantes atentaban contra sus derechos”. Estas actividades -indicó- incluyeron perfilamientos, interceptaciones ilegales de comunicación y actividades de seguimiento.

”Recibimos esta condena y posibilidad de reparación como un acto de justicia que, más de una década después, demuestra que los defensores de derechos humanos han sido históricamente estigmatizados y que sus derechos han sido violados”, dijo Martha Lucía Márquez, directora del Cinep.

Por su parte, Gustavo Gallón, director de la CCJ, aseguró que la sentencia “constituye una enseñanza para la sociedad y el Estado, y se convierte en un logro significativo en la protección de los derechos humanos”. Y, además, “configura un precedente sustancial en la protección de los derechos de las organizaciones sociales”.

En el texto se afirma que para ambas organizaciones que el Estado colombiano sea condenado y obligado a reparar a una organización social “por perseguirla y estigmatizarla” permite “recordar que los gobiernos deben respetar el Estado social de derecho y garantizar los derechos fundamentales a toda la ciudadanía, incluidos sus críticos y sus opositores”.

No obstante, señala el Cinep que “persiste la preocupación por la ausencia de garantías para los derechos a la vida, a la movilización social y la paz en la actualidad, y por el respeto a las organizaciones sociales en el actual gobierno, del mismo grupo político de quienes hoy son declarados culpables, porque hechos como los que fueron objeto de la sentencia todavía se siguen presentando”.

María del Pilar Hurtado ofreció excusas a víctimas de ‘chuzadas’

Recientemente, SEMANA tuvo acceso, en primicia, a la carta con la que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, reaparece tras varios años de silencio, luego de la condena en su contra por el escándalo de las interceptaciones ilegales que se gestaron desde en la institución que dirigía.

La Corte Suprema de Justicia la declaró responsable y la condenó a 14 años de prisión. Durante un tiempo estuvo prófuga de la justicia en Panamá, regresó al país y pasó por diferentes establecimientos carcelarios, hasta llegar al que se convirtió en su lugar de habitación, el Cantón Norte del Ejército.

En la carta conocida por SEMANA, se lee: “por medio de esta carta quiero pedir disculpas públicas a todas las víctimas que fueron reconocidas por la Sala Penal de la Corte Suprema”, y enseguida empieza a enumerar a algunos de los funcionarios y políticos de oposición que fueron seguidos de manera ilegal por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). “Chuzadas” que aún siguen negando altos funcionarios del Gobierno Uribe.

En la carta, Hurtado que pide disculpas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo entre el 30 de agosto de 2007 y octubre de 2008, quienes fueron víctimas del acoso y, además, como trascendió en investigaciones les fueron interceptadas hasta las reuniones de sala que realizaban en el Palacio de Justicia.