Tribunal de San Andrés ordenó la protección integral del parque Johnny Cay

Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación al Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estableció la "protección integral" del Parque Regional Johnny Cay, afectado por la presencia masiva de turistas, la falta de servicios públicos como redes de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico y el inadecuado manejo sanitario.

El fallo ordena a la Corporación Autónoma Coralina proteger el ecosistema creando un medio ambiente sano y promoviendo la existencia de un equilibrio ecológico en este parque que también es conocido como el islote Sucre.

Johnny Cay, con sus apenas 1.500 metros de circunferencia y un mar de palmeras en su interior, debe su nombre al nativo que tuvo la idea de establecer un pequeño negocio de venta de agua de coco, pero fue a partir de ser declarado Parque Regional protegido en 2001 cuando se transformó en un exótico paraje que es visitado por miles de turistas nacionales y del exterior.

La Procuraduría explicó en un comunicado que en un término de seis meses la Corporación Autónoma Coralina debe actualizar el plan de manejo ambiental de Johnny Cay.

Además, en coordinación con la Dirección General Marítima (Dimar), debe asegurarse de que el número de visitantes no exceda la capacidad de carga en el área.

El Tribunal también ordenó que cada trimestre se prohíba el ingreso de turistas por tres días para la ejecución de un proceso de mantenimiento de la infraestructura del parque mediante el cual se logre encontrar el equilibrio entre proteger el ecosistema y mantener la industria del turismo.

La Procuraduría sustentó esta petición en la presencia masiva y desmedida de visitantes, situación que se agrava por la inexistente prestación de servicios públicos básicos como redes de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico y el inadecuado manejo sanitario.

Un estudio difundido en mayo del año pasado daba cuenta que el parque recibía unas 3.000 personas, cuando apenas tenía capacidad para albergar 854 turistas.

Igualmente el Tribunal de San Andrés también impuso la realización de capacitaciones a los operadores logísticos para el cambio gradual de materiales desechables como plásticos e icopor por biodegradables que no tiene tantos efectivos negativos en el medioambiente de la isla.

Asimismo esos operadores deben elaborar un video pedagógico para que los visitantes sepan en cuáles son los cuidados ambientales mínimos que deben tener por tratarse de un área protegida.

En la página web de la autoridad ambiental deberán actualizarse los cambios para que la comunidad en general las conozca. Las especificaciones que se deben renovar son la descripción geográfica del Johnny Cay Regional Park, el horario de atención, los servicios que ofrecen, las recomendaciones especiales, en aras de fomentar actitudes ambientales de protección en los visitantes.

Para hacer seguimientos a las disposiciones ordenadas se creará un Comité de Verificación con representantes de la Procuraduría General en calidad de accionante, de la Corporación Ambiental Coralina, del departamento, de la Dirección General Marítima (Dimar), de la Policía Nacional y del Ministerio Público.