Juez decide este viernes la apelación de la libertad de Álvaro Uribe

Este viernes, el juzgado cuarto penal del circuito revisará la decisión de libertad que el pasado 10 de octubre le otorgó la jueza Clara Ximena Salcedo. El fallo es revisado pues la parte civil del proceso, el senador Iván Cepeda, la apeló. El congresista aseguró que considera que la libertad del exmandatario va en contravía de su derecho como víctima. Su abogado, Reinaldo Villalba, incluso dijo en esa audiencia que cuando las cosas en el proceso judicial se mueven, las amenazas para los testigos aumentan.

En los últimos días, Cepeda ha asegurado que el proceso no cuenta con garantías por parte del ente acusador. “El fiscal Jaimes no cumple con los estándares nacionales e internacionales de independencia e imparcialidad, los cuales son de obligatoria aplicación en virtud del control de convencionalidad ex officio, ni con la apariencia de imparcialidad necesarias para ejercer su labor de investigación. Por el contrario, son varios los sucesos que se han hecho públicos que alertan sobre dudosas actuaciones que habría realizado en investigaciones que están a su cargo”, argumentó el congresista. Días antes había dicho que el búnker había “desarrollado un libreto político en esta actuación. Es evidente su parcialidad”.

La jueza Salcedo definió la libertad de Álvaro Uribe con base en múltiples argumentos jurídicos de fondo y procesales. La funcionaria señaló que era necesario determinar que para que se profiriera medida de aseguramiento previamente debía existir una formulación de imputación. Y concluyó que la indagatoria del expresidente en la Corte Suprema no era equiparable a tal acto. Luego de un extenso análisis, la jueza señaló que ambas figuras tienen múltiples diferencias dentro de las que destacó que la formulación de imputación es un acto de comunicación que es controlado por un juez constitucional como es el juez de control de garantías. Recordó que la sentencia C-303 de 2003 en la cual la Corte Constitucional reconoció que la formulación de imputación permite materializar una serie de garantías para la defensa frente a la contradicción sobre lo que se conoce.

Con ese argumento, la juez señaló que al no existir formulación de imputación ni ninguna figura equivalente no es posible que exista todavía una medida de aseguramiento. En este sentido, sería necesario que primero se presente una formulación de imputación para detener preventivamente a una persona, lo cual no se ha presentado en este caso, por cuanto el expresidente Uribe solo fue escuchado en indagatoria. En consecuencia, la juez consideró que Uribe debe quedar libre al no haberse formulado imputación en su contra.

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La jueza aseguró que no se le puede pedir a la Fiscalía que presente un escrito de acusación, sin haberse surtido antes la imputación. “No es posible ni constitucionalmente admisible equiparar la indagatoria a la formulación de imputación”, aseguró la jueza. La jueza agregó que para respetar el principio acusatorio y respetar las garantías judiciales, el expresidente debe ser liberado y se debe surtir el proceso tal y como la ley 906 lo establece.

Esos argumentos jurídicos son los que deberán ser revisados por el juez del circuito. Si el expresidente Uribe sigue en libertad, estos son los escenarios de lo que viene en su proceso.

1. La libertad de Álvaro Uribe quedará en manos de la Fiscalía General de la Nación

La libertad del expresidente dependerá de que la Fiscalía presente formulación de imputación y solicite medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías. Así lo ha explicado ampliamente la jueza Salcedo cuyo principal argumento para decretar la libertad del expresidente es precisamente que en este momento no existe imputación.

2. La Fiscalía podría incluso terminar la investigación

Teniendo en cuenta que el proceso se reinicia. La fiscalía también tienen la facultad de archivar la investigación, por lo cual incluso es posible que nunca se impute al expresidente por los hechos relacionados con Juán Guillermo Monsalve. Ese escenario no es probable frente a este proceso, pero es posible jurídicamente.

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3. La investigación deberá reiniciarse

Si bien las pruebas practicadas previamente por la Corte Suprema de Justicia no se han anulado, el proceso deberá reiniciar procesalmente. Por esto, la Fiscalía deberá evaluar los elementos materiales probatorios recogidos por la Corte e incluso podrá recaudar otros. En ese escenario, la Fiscalía podría, por ejemplo, llamar a Monsalve a entrevista, escuchar a Uribe en interrogatorio, valorar nuevamente las interceptaciones o incluso ordenar más actuaciones.

En este aspecto llamó mucho la atención que el delegado de la Fiscalía Gabriel Jaimes cuestionó varias actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual lo más probable es que termine realizando una investigación autónoma que puede tardar meses o incluso años.

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4. La legalidad de las interceptaciones deberá volver a revisarse

Las interceptaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia que fueron tan importantes para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deberán volver a ser evaluadas por un juez de control de garantías para determinar su legalidad. La posición de la Corte Suprema de Justicia de aplicar la Ley 906 al caso del expresidente implica que necesariamente un juez de control de garantías deberá hacer un control de legalidad posterior de las interceptaciones y allí reabrirán muchos debates sobre la legalidad o no de las interceptaciones y sobre todo por qué los funcionarios de la Corte permitieron que se siguiera interceptando el teléfono pese a que la orden de interceptación era contra otra persona.