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Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia ordenó devolver 73.000 hectáreas a familias de Chocó
Cerca de 3.200 familias Bagadó, Lloró, Atrato y Cértegui se verán beneficiadas de esta decisión.
La Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia restableció los derechos territoriales sobre 73.317 hectáreas a favor de las comunidades que integran el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca).
El fallo se sustentó en el trabajo que lideró la Unidad de Restitución de Tierras que llegó a los municipios de Bagadó, Lloró, Atrato y Cértegui para reunir las pruebas con las cuales se logró que 3.200 familias afrodescendientes recuperaran su territorio ancestral.
Cocomopoca está organizada en 43 consejos comunitarios, los cuales están asentados en las cuencas de los ríos Andágueda, Capá y Tumutumbudó en la región del Alto Atrato chocoano. Con el fallo del operador judicial se reafirman los derechos territoriales que ya habían sido reconocidos mediante resolución del Incoder en septiembre de 2011.
La Unidad de Restitución de Tierras logró demostrar ante los operadores judiciales que esta comunidad afrodescendiente ha visto vulnerados sus derechos fundamentales. “Viven en precarias condiciones porque sus necesidades básicas no están satisfechas y cuentan con la presencia de grupos delincuenciales interesados en el sostenimiento de sus economías ilícitas en la región”, explicó la entidad.
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Inicio de la violencia en la región
La Unidad evidenció que la violencia comenzó en este territorio con la presencia de la guerrilla del ELN en 1989 y posteriormente, se recrudeció por los enfrentamientos armados entre las guerrillas, los grupos de autodefensa, narcotraficantes y de manera más reciente con las bandas criminales, quienes en su afán de controlar el territorio para mantener sus economías ilícitas desplazaron al 63 % de la población y confinaron al 36 % restante. El mayor pico de violencia se dio entre los años 2000 y 2006.
Lo anterior se evidenció en hechos de violencia como los ocurridos con la toma guerrillera al municipio de Lloró en octubre del año 2000, el asesinato de sus líderes sociales, el reclutamiento forzado, la presencia de minas antipersona, la proliferación de los cultivos de uso ilícito, el tráfico de armas, la tala indiscriminada del bosque, el narcotráfico y la minería ilegal.
Con estas acciones delictivas se transformó la vida de una comunidad en la cual sus habitantes vivían de la recolección, la caza y la pesca, así como de un gobierno, cultura y tradiciones propias.
Con el pronunciamiento de la justicia quedan imprósperas las oposiciones presentadas por las empresas que hasta este fallo ostentaban los títulos mineros que les permitían explotar la riqueza aurífera de la región.
Un proceso que puede reactivarse si la comunidad integrante de Cocomopoca, con el liderazgo del Ministerio del Interior, surte el proceso de Consulta Previa, que sería el único medio de permiso para emprender acciones mineras dentro del territorio señalado.
Por otra parte, se ordenó al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares que operan en este territorio que diseñen y emprendan acciones concretas que permitan acabar con la minería ilegal. Sumado a ello, la Unidad Nacional de Protección (UNP) debe hacer los estudios correspondientes e impartir las medidas para proteger la vida de los líderes sociales de Cocomopoca que actualmente se encuentren amenazados.
En el fallo también se destacan las órdenes impartidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Agencia Nacional Minera, a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Chocó (Codechocó) para que se suspendan las autorizaciones otorgadas para el aprovechamiento forestal al interior del territorio colectivo de Cocomopoca y se deberá proceder a reglamentar la explotación forestal en el territorio colectivo, con previa autorización del mismo.
Con este fallo son nueve las sentencias de restitución de tierras que se han proferido en el Chocó, sumando un total de 148.114 hectáreas devueltas a favor de 5.462 familias integrantes de comunidades étnicas asentadas en este departamento.
