Trino Luna deberá aclarar si Piedad Córdoba tuvo conocimiento de las alianzas con paramilitares en el Magdalena

El exgobernador del Magdalena Trino Luna Correa presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su línea de colaboración para acarar las alianzas criminales que firmaron varios dirigentes políticos de la región con grupos paramilitares para aumentar su poderío. Fueron muchos los nombres, empresas y organizaciones las que mencionó el exmandatario departamental, quien ya cumplió una condena por parapolítica.

En un documento de 103 páginas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas avaló su sometimiento a esa jurisdicción especial. Sin embargo, le hizo una serie de manifestaciones para que aclare varios de los hechos a los que hizo referencia y aporte elementos que permitan constatar su veracidad en cuanto modo, tiempo y lugar.

En total fueron 28 anotaciones las que hizo la Sala para que el exgobernador, en un tiempo prudencial, aclare todas las dudas que existen. En uno de los puntos se hace mención a la necesidad de saber el conocimiento de las directivas del Partido Liberal que tuvieron información sobre las alianzas entre políticos y los grupos paramilitares que delinquían en la región.

Debido a que Luna recibió el aval de dicha colectividad para el año 2003, la JEP manifiesta que es necesario conocer si al interior del Partido Liberal se tuvo conocimiento sobre estas alianzas, principalmente la entonces senadora Piedad Córdoba Ruiz, quien era la presidenta del partido.

“En relación con su designación como candidato a la Gobernación del Magdalena, deberá indicar qué personas al interior del Partido Liberal, y concretamente qué personas con cargos directivos dentro de dicho partido, sabían que contaba con el apoyo de las autodefensas para las elecciones del año 2003 y la presunta participación de la exsenadora Piedad Córdoba en esta situación, en su calidad de presidenta del Partido Liberal para la época”, señala el punto 19 de la petición para el aporte voluntario.

Igualmente, Luna deberá aclarar los vínculos que habría tenido la empresa carbonífera Drummond con los paramilitares, así como la existencia de un “acuerdo de entendimiento” para la extracción minera en la región. Esto teniendo en cuenta la existencia de varios procesos penales que hablan sobre “el común acuerdo” que existía “con el sector minero” para fijar “el número de toneladas explotadas, transportadas y embarcadas”.

“En cuanto a los presuntos vínculos de las AUC con la empresa Drummond, se le solicitará informar cómo tuvo conocimiento de la importancia que le otorgaban las AUC a la operación minera por parte de la empresa Drummond y de la seguridad de la línea férrea”, señala la decisión de la JEP.

Igualmente, solicitó aclarar si “en algún momento” el excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, u otro jefe de las AUC le comentó si “las operaciones militares adelantadas por ellos en la zona tuvieran el fin de facilitar la operación de la empresa Drummond. Igualmente si tuvo conocimiento del papel de Jaime Blanco Maya con dicha empresa y su presunta colaboración con las AUC”.

En otro de los puntos más destacados se le pide aclarar la participación de otros dirigentes políticos, empresarios y civiles en la denominada Cumbre de Santa Marta, en la cual se habría tomado la decisión de apoyar a José Rafael Zuñiga como “candidato de las AUC” a la Alcaldía de la capital del Magdalena para 2003. Frente a este hecho, el exmandatario mencionó que participaron 200 personas.

Frente a todas las declaraciones rendidas por Trino Luna, la JEP le compulsó copias a la Fiscalía General para que adelante las respectivas pesquisas y evalúe si existen méritos para abrir investigaciones penales.

En sus consideraciones finales, la JEP rechazó conocer el proceso que se adelanta contra el exgobernador del Magdalena por el delito de enriquecimiento ilícito.