Fiscalía embarga el 82% de las acciones de la empresa Triple A

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció este jueves desde Barranquilla que el ante acusador adoptó la medida cautelar de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de las acciones de la firma barranquillera de servicio de agua y saneamiento Triple A que son propiedad de Inassa, brazo de inversión en América de la empresa española de aguas Canal de Isabel II.

Inassa posee el 82,16% de participación en Triple A por un valor, según los estados financieros, de 202.000 millones de pesos, a 31 de diciembre de 2017. El Distrito de Barranquilla posee el 14,5% y otros inversionistas minoritarios privados el 3,34%.

“Un fiscal inició ayer (miércoles) la fase inicial del embargo, con fines de extinción de dominio, de las acciones de Inassa en la Triple A”, dijo el fiscal general en rueda de prensa y añadió que en la mañana del jueves se perfeccionó el secuestro de dicha participación, que será entregada “en custodia a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) del Ministerio de Hacienda”.

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“A Triple A la saquearon desde el año 2000”, añadió Martínez Neira durante los anuncios de la operación Acordeón II, contraparte colombiana del español caso Lezo, que descubrió una trama de corrupción que involucra ex altos cargos de la Comunidad de Madrid pertenecientes al Partido Popular.

Esto configura un panorama complejo para Barranquilla donde las dos grandes empresas de servicios públicos de la ciudad, Triple A y Electricaribe, terminan intervenidas por el Gobierno Nacional.

“El mensaje para los barranquilleros es de calma absoluta”, dijo el fiscal general acerca de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y saneamiento en la ciudad, pues si bien la SAE asumirá el manejo del paquete accionario mayoritario, “no debe haber afectación operacional”. Aún así, según Martínez, es posible que haya cambios en la junta directiva de la empresa y de ahí que se haya solicitado una asamblea de accionistas extraordinaria.

En ese mismo sentido se pronunció el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, horas después de hecho el anuncio:

Medidas de aseguramiento

La Fiscalía también dicto medida de aseguramiento, ninguna de ellas consistente de privación de la libertad, en contra de cuatro exdirectivos de Triple A y cuatro de Inassa, así como el actual gerente y presidente de esta última sociedad, quienes son investigados por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.

Por lo pronto, no pueden salir del país y tienen una multa de 20 salarios mínimos mensuales Francisco Olmos (español, exgerente de Triple A), Luis Fernando Arboleda (exgerente de Triple A), Carlos Alberto Ariza (exgerente de Triple A), Ramón Navarro Pereira (exgerente de Triple A, privado de la libertad por otra investigación relacionada), Luis Alberto Nicolella (exgerente de Inassa), Francisco Javier Malva (español, exgerente de Inassa) y Germán Sarabia Huyke (exgerente de Inassa).

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Por su parte, tienen caución de de 20 salarios mínimos mensuales los españoles Carlos Roca García (gerente de Inassa), Edmundo Rodríguez Sobrino (expresidente de Inassa) y Alberto Muguiro Eulate (presidente ejecutivo de Inassa).

El jefe del ente investigador advirtió que, en este caso, siguen tras la huella de presuntos actos de corrupción por parte de autoridades judiciales y políticas locales, que de constatarse "serían muy graves".

Ruta del dinero

En hechos que se remontan septiembre de 2000, investigadores de la Fiscalía hallaron que un contrato de asistencia firmado por Triple A con Inassa “nunca se cumplió”, según el fiscal Martínez, mientras si se pagaron 236.853 millones de pesos que constituirían un “detrimento patrimonial”.

Dicha cifra corresponde al acuerdo entre ambas empresas, consistente en que el pago correspondería al 4,5% del recaudo mensual en los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo a cambio de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.

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El fiscal Martínez reveló que el objeto del contrato fue cumplido realmente por la misma Triple A con su propio personal, luego de entrevistar y constatar los hechos a los gerentes de las diferentes aéreas de la empresa.

Los recursos pagado por ello, actualizado a precios de hoy, corresponden a 329.000 millones de pesos, una cifra que “es igual a lo que recauda Barranquilla anualmente por impuesto predial o el 75% del de industria y comercio”.

El dinero, según evidencia hallada por el ente investigador, habría sido desviado irregularmente para beneficiar a terceros a través de cuentas de compensación de bancos situados en Miami (Estados Unidos). Sus receptores fueron Canal Extensia, otra filial de Canal de Isabel II cuyos socios eran los mismos de Inassa, y la panameña Slasa, propiedad de colombianos como el Grupo Nicolella, Nélson Polo e integrantes de la familia Gerlein.

“Esta maniobra financiera, al parecer, garantizaba que parte de los recursos quedaran entre los socios y un porcentaje fuera destinado para los gastos operacionales de Inassa”, dice un comunicado de la Fiscalía.

Tal y como quedan las cosas, Triple A, la joya de la corona, queda fuera del alcance de Inassa y de Canal de Isabel II, en una nueva intervención estatal a capital de origen español. La diferencia en este caso es la rampante corrupción descubierta por la justicia a ambos lados del océano Atlántico, mientras los investigadores siguen tirando de los hilos que les permitan dar con todos los responsables de esta trama criminal.