Triunfo de Uribe: ¿Qué llevó a la Fiscalía a pedir la preclusión del caso?

El 4 de agosto de 2020, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hizo efectiva la detención de Álvaro Uribe, el expresidente sufrió un estruendoso golpe judicial y político. Un sector del país lo daba por derrotado. La fotografía de la reseña del Inpec, con el número 1087985 que lo identificaba como preso, le dio la vuelta al mundo y fue exhibida por sus detractores como un trofeo. Pero solo pasaron días para que el entonces senador emprendiera una lucha incansable por demostrar su inocencia y recuperar su libertad y “honor”. El pasado 10 de octubre, la jueza 30 de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, lo dejó libre. Y, en las últimas horas, la Fiscalía pidió la preclusión de su proceso, lo que se convierte en un triunfo para Uribe. “Gracias a Dios por este paso positivo. Gracias a tantas personas por sus oraciones y solidaridad”, dijo el expresidente en su cuenta en Twitter, a las 7:54 a. m. de este viernes, minutos después de que se conociera la decisión del fiscal Gabriel Jaimes.

Mientras que la Corte Suprema de Justicia, en cabeza del magistrado César Reyes de la Sala de Instrucción, lo puso preso con un extenso e inusual auto de 1.554 páginas que anticipaba una condena, la Fiscalía acaba de darle la razón a Uribe, solicitando el cierre de este caso por posible manipulación de testigos y fraude procesal.

En los próximos días, el fiscal Jaimes dará a conocer ante un juez, en una audiencia pública, las razones de fondo que le permitieron llegar a esta conclusión, y defenderá la posición de la Fiscalía con la certeza de que su argumentación es sólida y apegada estrictamente al derecho. En el escueto comunicado enviado a los medios, el ente acusador dejó en claro que no encontró ni una sola prueba que incrimine al expresidente. “Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, señaló la Fiscalía.

SEMANA conoció que varias contradicciones en el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella contra Uribe, se convirtieron en una de las razones de peso para que la Fiscalía pidiera la preclusión. El fiscal Jaimes no pudo contrastar sus hallazgos con la declaración de Monsalve, quien se negó a asistir a la cita de la Fiscalía. Este hecho fue grave y crucial para tomar la decisión de las últimas horas porque el papel de Monsalve en el proceso es ser testigo de cargo.

En su evaluación, el fiscal Jaimes y su equipo de investigadores también detectaron varias pruebas viciadas en este accidentado proceso judicial, que no ha dejado de ser político por la naturaleza y el perfil de sus protagonistas. Por eso, el país ha presenciado una explosiva mezcla político-judicial en este caso histórico, que incluso mantuvo privado de la libertad durante dos meses y seis días al expresidente más influyente de las últimas décadas en Colombia. Todo lo ocurrido ha estado plagado de sobresaltos, filtraciones con cuentagotas, mentiras, recusaciones, insultos, estrategias y amenazas. El proceso igualmente es inédito, pues, luego de la renuncia de Uribe al Senado, transitó de la Ley 600, en la corte donde ya tenía calidad de imputado, a la Ley 906, en la Fiscalía, que tuvo que revisar las pruebas de nuevo y calificar el expediente.

¿Y ahora qué?

La pregunta de muchos es qué viene ahora. Tan pronto el juez cite a la audiencia, solo ocurrirán dos cosas: que el funcionario judicial avale o no la decisión de la Fiscalía. Independientemente de eso, lo cierto es que, sí o sí, una de las partes apelará y el caso llegará a manos de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. En esta instancia habría un respaldo a lo decidido por la Fiscalía o, de lo contrario, el expediente regresaría al despacho del fiscal Jaimes, quien tendría que cumplir con las recomendaciones que le dé el tribunal.

Por lo general, en estos casos lo que los magistrados les suelen pedir a los fiscales es que practiquen más pruebas que soporten su dictamen. Por esa razón, a menos de que surja una nueva prueba de gran calibre, incontrovertible y concluyente, la decisión de la Fiscalía puede interpretarse como el principio del fin del proceso en contra de Uribe.

Sin embargo, algunos penalistas aseguran que, si el caso de Uribe llega al Tribunal Superior de Bogotá, sus magistrados podrían, aunque sea controversial, ordenar que se acuse a Uribe y sea llevado a un juicio, como ha ocurrido en otros procesos de menor resonancia. A esta última posibilidad le apuntan las defensas de Iván Cepeda y Monsalve. Los defensores de Uribe consideran que de esta manera los magistrados se estarían extralimitando e invadiendo la autonomía de la Fiscalía.

El expresidente y su defensa seguirán luchando por demostrar su inocencia, mientras que el senador Cepeda no abandonará su causa, la cual busca que Uribe vaya a la cárcel y sea condenado. Este es un proceso que nació de un enfrentamiento político en el Congreso y que terminó en los estrados, captó la atención masiva de la opinión pública y profundizó la polarización en el país.

En todo caso, la decisión de la Fiscalía se convierte en un triunfo para Uribe, aunque la batalla continúa. Además de reafirmar la tesis de su defensa judicial, le da una gran bocanada de oxígeno al Centro Democrático y al uribismo, cuando falta poco más de un año para las elecciones de Congreso y presidencia en 2022. Los seguidores del expresidente, que en agosto del año pasado vislumbraban un panorama oscuro, hoy se ven recargados y consideran que la petición de Jaimes abre la puerta para que se haga justicia.

Un proceso turbulento

A lo largo del caso contra Uribe ha habido varios episodios controversiales. El primero de ellos es que el proceso contra el expresidente tuvo su origen en una denuncia que él mismo instauró contra el senador Cepeda por supuesta manipulación de testigos. La corte desestimó los argumentos contra el senador del Polo, a quien le archivó el caso, y ordenó investigar a Uribe. En el expediente se puede ver claramente cómo las cosas empezaron a complicarse para el líder del Centro Democrático a tal punto que Cepeda terminó denunciando el 22 de febrero de 2018 al exmandatario.

Como prueba presentó ante la corte una serie de audios y pantallazos de chats, en los cuales el testigo Monsalve conversaba con Carlos Eduardo López, alias Caliche, sobre la posibilidad de que Monsalve se retractara de todo lo dicho contra Uribe. En las comunicaciones que Monsalve le entregó a Cepeda, quedó el registro de lo que le dijo Caliche a ese testigo. Le aseguró que habría conversado con Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, para que Monsalve se retractara de lo dicho contra Uribe. Caliche sugiere que, supuestamente, el expresidente estaba al tanto de todo. Pero, cuando la corte lo llamó, simplemente dijo que le mintió a Monsalve. Además, este testigo señalaba que Cepeda le habría incumplido unos compromisos y, por esa razón, buscaba que él contara toda la verdad ante la justicia.

A pesar de la gravedad de los hechos denunciados, el senador Cepeda nunca entregó el teléfono al que le llegaron los mensajes de Monsalve y, cuando se armó el debate público, argumentó que el celular se le cayó y se le dañó. También vale la pena recordar que mientras asistía a una declaración en la corte, los abogados de la contraparte le preguntaron por los chats. Y fue curioso que el magistrado César Reyes, quien dirigía la audiencia, la interrumpió, advirtiéndole a Cepeda que podía autoincriminarse. Cuando el abogado le preguntó a Cepeda si destruyó las conversaciones con Monsalve, Reyes terció. “Esa afirmación puede conllevar un tema de carácter jurídico-penal, y, en consecuencia, una autoincriminación. Le hago la salvedad al testigo”, le dijo Reyes, quien además le explicó lo que contempla el Código Penal para castigar la destrucción de pruebas y evidencias. Luego de esa ayuda del magistrado, Cepeda solo atinó a decir: “Gracias, magistrado, no respondo la pregunta”.

El abogado le insistió a Cepeda en que si tenía las conversaciones con Monsalve en su teléfono celular. El senador le respondió: “No podría decírselo”. En ese momento, de nuevo, el magistrado terció a favor de Cepeda, diciendo que él se había comprometido a entregar el material. “En caso de que lo tenga”, le replicó Cepeda en medio de la audiencia. Sin embargo, nunca fue posible corroborar con el teléfono del senador del Polo si hubo más conversaciones con Monsalve y en qué contexto. En el expediente solo quedaron las conversaciones que Cepeda aportó.

Si hay algo que despertó toda clase de especulaciones en el caso Uribe, fue que del despacho del entonces magistrado José Luis Barceló, y de su puño y letra, salió una orden de interceptación al número del teléfono celular del expresidente Uribe, dentro de un proceso contra el congresista Nilton Córdoba. Óscar Álvarez, el operador del CTI que ejecutó dicha orden, advirtió la equivocación al notar que el interceptado era Uribe. “La autoridad competente sabía que A no era B”, reveló.

Pese a eso, al expresidente lo escucharon por varios días más. Lo inexplicable es que la corte hizo malabares para legalizar estas escuchas e incluso las convirtió en argumento a la hora de privar a Uribe de su libertad. Hoy la Fiscalía investiga este controvertido episodio y se alista para tomar decisiones. El caso también llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara, donde Barceló tendrá que dar explicaciones. ¿Por qué chuzaron a Uribe y por qué, siendo advertidos de esa irregularidad, lo siguieron haciendo? ¿Fue un error o una maniobra intencional contra el expresidente? Por hechos como estos, en una parte de la opinión pública se alimentó la idea de la existencia de un sector de la Corte Suprema politizado y antiuribista que solo buscaba poner al exmandatario preso. Este argumento le sirvió al uribismo para descalificar las decisiones del alto tribunal contra el expresidente.

Tampoco pasó desapercibido el hecho de que el magistrado César Reyes, de la Sala de Instrucción, mencionara, en la orden de detención contra Uribe, 65 veces el nombre de Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra. A pesar de ello y de las peticiones de la defensa de Uribe, el tribunal jamás escuchó a ese testigo. La Fiscalía sí lo hizo. En esa declaración, el exparamilitar se ratificó en la versión que dio en una entrevista con SEMANA, en la cual aseguró que recibió la visita de una comisión de congresistas encabezada por Cepeda y que le habrían ofrecido asilo político para su familia en Suiza y Francia a cambio de hablar ante la Justicia sobre los hermanos Álvaro y Santiago Uribe. También aseguró que, a través de una tercera persona, supuestamente el entonces fiscal Eduardo Montealegre y el magistrado Barceló le habrían prometido mantenerlo en Justicia y Paz si hablaba contra el expresidente. El Tuso Sierra fue tajante ante los fiscales en que Uribe nunca lo buscó o le mandó mensaje alguno para que declarara a su favor. ¿Por qué la corte no escuchó ese testimonio?

Otro detalle que no tiene explicación es el relacionado con siete tarjetas sims, un teléfono celular y un computador que le fueron decomisados a Monsalve en diferentes operativos, en su celda de las casas fiscales de La Picota, donde paga su pena. Hace apenas unas semanas, la Fiscalía se percató de que la información contenida en las memorias no había sido extraída ni incorporada al expediente. También descubrió que los dispositivos, misteriosamente, fueron incluidos en el proceso del congresista Álvaro Hernán Prada, quien es investigado por los mismos hechos de supuesta manipulación de testigos. ¿Por qué la corte no extrajo la información de los dispositivos y de las memorias? La Fiscalía ya iniciará esa labor (ver artículo ‘El misterioso celular de Monsalve’).

Además, hay algo que muchos penalistas no terminan de comprender y es por qué la corte no permitió que la defensa del expresidente pudiera contrainterrogar a Monsalve. Quedó la impresión de que la corte lo protegió y le permitió más de un privilegio, incluso ese, el de no ser confrontado por los abogados del procesado. Como un caso de tanta trascendencia en Colombia, y tratándose de un expresidente de la república, lo más lógico hubiera sido que los magistrados le otorgaran todas las garantías de ley como a cualquier colombiano. Pero es un hecho: a Uribe no se le respetaron todas sus garantías procesales mientras su proceso se encontraba en la Corte Suprema de Justicia.

Durante todo el tiempo que el caso estuvo en la corte hubo muchos interrogantes sobre el magistrado César Reyes, de la Sala de Instrucción, quien dirigió la investigación contra Uribe. En pleno proceso, cuando el caso pasaba a la Fiscalía, se confirmó que Reyes tuvo un contrato con el Gobierno de Juan Manuel Santos, considerado el peor enemigo político de Uribe. El valor fue por 600 millones de pesos y estaba relacionado con el acuerdo de paz con las Farc. También quedaron dudas sobre qué tan estrecha llegó a ser la relación entre el magistrado Reyes y Pilar Rueda, esposa del senador Cepeda, denunciante de Uribe. Ambos coincidieron laboralmente en USAID. Reyes no ha dado mayores explicaciones sobre estos polémicos episodios que minaron la credibilidad del proceso.

Otro gran vacío es el paradero de la abogada Mercedes Arroyave, quien desapareció del mapa y nunca acudió a las citaciones de la Justicia, a pesar de que acompañó a Cepeda a varias visitas a diferentes cárceles en Colombia. En una de ellas, ambos abordaron a Monsalve y a otros exparamilitares detenidos.

Un testigo en la mira

Monsalve se convirtió en el testigo estrella contra Uribe de la mano del senador Cepeda. Aunque hay muchas especulaciones en torno a cuándo se conocieron y cómo ha sido su relación, lo cierto es que en 2012 Cepeda dio a conocer en el Congreso el testimonio de Monsalve contra Uribe, en el cual lo relacionó con supuestas actividades de paramilitarismo. Monsalve es hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe. Su récord criminal es amplio. Hoy paga una condena de más de 40 años de cárcel por secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Aunque ha argumentado que perteneció a los grupos paramilitares, no fue aceptado en Justicia y Paz y hasta ahora la JEP le ha cerrado sus puertas.

Monsalve se ha caracterizado por ser un testigo misterioso. Su declaración contra Uribe en febrero de 2018, acusándolo de supuestos ofrecimientos y presiones a través del abogado Diego Cadena para que se retractara, se dio en un ambiente muy particular. La magistrada Sandra Yepes, quien hoy está en la JEP, llegó hasta La Picota al día siguiente de la denuncia de Cepeda, y le tomó su testimonio en medio de sonrisas y una actitud poco acorde con su investidura. De hecho, ella lucía muy cálida, tratando de ayudarle al testigo a armar su relato hasta tal punto que le sopló respuestas en medio del interrogatorio y se mostró solidaria cuando Monsalve se quejó ante la posibilidad de ser trasladado a la cárcel de Valledupar. Ella exclamó: “No, allá es un infierno”. También fue extraño escuchar en la grabación de casi dos horas que Monsalve no fue capaz de decir el nombre de su abogado, aunque la magistrada lo interrogó sobre el particular. En la diligencia Monsalve varias veces se refirió al senador Cepeda como “don Iván”. Tampoco fue claro cómo fue que Monsalve terminó grabando al abogado Cadena y a otro preso llamado Enrique Pardo Hasche, quien también tuvo que declarar en el proceso.

La finca La Veranera, en Apía, Risaralda, cuyas escrituras quedaron a nombre de la madre de Monsalve y su exesposa, Deyanira Gómez, pocos meses después de que él declaró contra Uribe, se ha convertido también en una piedra angular de los secretos que envuelven a este personaje.

En efecto, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio en contra del bien, e investiga con qué dineros se compró la propiedad y por qué la familia de Monsalve, que necesitó de “ayudas humanitarias” por parte de una ONG debido a que supuestamente pasaban muchas necesidades, pudo adquirir una propiedad, según la Fiscalía, avaluada en 560 millones de pesos. ¿El inmueble en realidad es de Monsalve? En el expediente por este caso hay varios chats en los cuales una persona que se hace llamar Tavo Molina dirige toda la negociación y es el interlocutor permanente con quienes escrituran. ¿Este personaje es Juan Guillermo Monsalve? Si es así, ¿con qué plata la compró? Alias Caliche señaló a Monsalve, en entrevista con SEMANA, de supuestamente haber estado involucrado en el envío de un cargamento de droga y de haber tenido en sociedad incluso una avioneta para estos supuestos fines de narcotráfico. Asimismo, lo señaló de tener un negocio relacionado, aparentemente, con una mina.

Monsalve se negó a declarar en la Fiscalía. Su defensor, Miguel Ángel del Río, argumentó que a su cliente lo estaban sometiendo a un verdadero “acoso” y se comprometió a que el testigo declarará solo si hay un juicio contra el expresidente. La última vez que se hizo pública una declaración de Monsalve fue cuando este acudió al Consejo Superior de la Judicatura en medio de un proceso disciplinario contra los abogados Jaime Lombana y Diego Cadena por este mismo caso. Ese día se le vio nervioso, dubitativo, inseguro, y terminó retractándose de varias afirmaciones que hizo ante la corte. ¿Será por esa razón que prefirió no dar la cara en la Fiscalía? ¿Monsalve será un testigo tan débil que no aguanta un contrainterrogatorio? ¿Solo se atreve a declarar cuando está en su área de confort? ¿Será que su testimonio no es tan sólido como algunos sostienen? De hecho, solo ha dado entrevistas a periodistas que son afines a sus causas en contra de Uribe. Está demostrado que Monsalve evade a quienes confrontan su testimonio. Este enigmático personaje tiene en contra declaraciones públicas de algunos excompañeros de celda, que le han hecho fuertes señalamientos, y tiene pendiente el llamado de un fiscal de Medellín en un proceso por fosas clandestinas.

Algo que la Justicia tendrá que determinar será hasta dónde ha llegado la relación entre Monsalve y Cepeda, y qué papel ha jugado en todo esto la exesposa del testigo, la médica Deyanira Gómez, quien fue sacada del país. Ella es protagonista en el escándalo de la finca La Veranera y fue la persona que grabó, ayudada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, al abogado Diego Cadena, quien hoy está en detención domiciliaria y enfrenta cargos por estos mismos hechos. Esa grabación se hizo cuando estaba de por medio la carta de retractación de Monsalve para ser llevada por Cadena a la corte.

Las interceptaciones que reposan en el proceso muestran a Monsalve en serias dificultades familiares. Hay que tener presente que su propio padre lo desmintió en su versión ante la corte, y la familia prácticamente se dividió por cuenta del testimonio de él contra Uribe.

La decisión de la Fiscalía de pedir la preclusión del caso Uribe, como era previsible, generó todo tipo de reacciones. Lo mismo ocurrió cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió privar de la libertad al expresidente. Por encima de las opiniones, los debates en las redes sociales y los intereses políticos, está la majestad de la justicia y el respeto por sus decisiones, así satisfagan a unos e incomoden a otros. Todos los colombianos tienen derecho a sus garantías procesales. Uribe no es la excepción y será inocente hasta que la Justicia no le demuestre lo contrario.