Troncal de Los Andes | Piden a la Procuraduría vigilancia especial para recuperar predio

Ante la Procuraduría General fue presentada una solicitud de vigilancia especial frente al proyecto de construcción de la Troncal de Los Andes, una variante que conectará al municipio de Chía, en el departamento de Cundinamarca, con la Autopista Norte, en Bogotá.

En el documento conocido por SEMANA se señala que es menester tomar medidas para la recuperación de una vía veredal pública que fue apropiada por constructores de proyectos de los condominios San Jacinto y Samaria.

El accionante manifestó que siete meses después de la queja para la recuperación de un tramo de 1.280 metros, que habían sido apropiados de manera ilegal por la constructora, no ha recibido una respuesta satisfactoria. Incluso, cuestionó que la misma inspectora de Policía le reprochó por su denuncia y no atendió las quejas de manera seria ni ética.

“Al presentarme en la Inspección Primera, la señora inspectora se mostró incrédula a mis denuncias, incluso me argumentó que ya había pasado mucho tiempo y ya había posiblemente prescrito cualquier acción”. En este punto, le puso de presente a la Procuraduría, porque esto representaba un desconocimiento del hecho de que los bienes públicos o de uso público gozan del beneficio de la imprescriptibilidad.

El 4 de abril, el accionante presentó –en medio de una inspección– los documentos (escritura pública) que señalaban que se trataba de una vía pública, la cual estaba siendo invadida por la empresa constructora. A finales de ese mes se comunicó con el empresario Mauricio Mustafá, que hace parte del proyecto San Jacinto, quien lo retó a que le demostrara que era una vía pública.

De ser así, devolvería sin necesidad de policía el predio. El 2 de junio se programó una audiencia en la misma Inspección. En ese momento, la inspectora le manifestó que se iba a reunir con el alcalde de Chía y los respectivos secretarios para tratar el tema.

Esta situación fue catalogada como una vulneración al debido proceso. “Advierte que no existe una independencia de las decisiones por parte de la Inspección Primera de Policía, por cuanto el trámite policivo no prevé que deba tener el visto bueno del señor alcalde y sus secretarios, para poderse continuar; además, al dársele el trámite a esa inspección, adquiere las funciones de manera independiente, en ejercicio del deber funcional que el cargo de inspectora le impone”.

Igualmente, considera que se ha presentado la filtración de documentación clave que está afectando las cargas, puesto que las empresas denunciadas estarían aprovechando para ocultar evidencia y demás. Pese a la queja, la investigación fue archivada por la inspectora de Policía.

El accionante le pidió al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía que reabra la investigación para recuperar la vía pública. “No existen las garantías legales y administrativas al interior de la Alcaldía Municipal de Chía, de la Inspección Primera de Policía y de la Personería municipal, en donde me siento débil ante el poder económico de los dueños de los proyectos San Jacinto y Amarillo, sin que mi voz sea escuchada”.

En marzo pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca levantó, parcialmente, la medida provisional de la licencia ambiental para la construcción de la Troncal de Los Andes. En el fallo se decidió mantener la suspensión sobre todas las obras y actividades sobre el predio San Jacinto, lugar donde se ubica el cuerpo de agua que se pretende proteger.

Esta suspensión se mantendrá vigente hasta que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) apruebe el cambio menor o modificación de la licencia ambiental que presente la Sociedad Accesos Norte de Bogotá, en la que se tengan en cuenta los impactos sobre el cuerpo de agua ubicado en el predio San Jacinto o se emita la sentencia que ponga fin al proceso.

El levantamiento de la medida provisional le permitirá al proyecto reiniciar las obras propias de la licencia otorgada y adelantar las actuaciones necesarias para realizar el eventual cambio menor o modificación de la licencia, necesarios para cumplir la medida cautelar impuesta por el Tribunal.