La mala hora de Tumaco

Ni las bombas de las Farc, ni las masacres paramilitares han afectado tanto la confianza de los tumaqueños como las acciones de su clase dirigente. Desde que se realizaron las elecciones en octubre pasado, el puerto quedó sumido en una especie de limbo político por cuenta de las denuncias por un presunto fraude electoral y por casos de corrupción.

Desde hace varios años ese municipio se convirtió en el fortín de dos grupos políticos. El linismo, liderado por el exalcalde Lino del Castillo, y el neftalismo, del también exalcalde y actual representante a la Cámara liberal Neftalí Correa Díaz. Ambos son ahijados y sucesores de la familia Escrucería, otrora fuerza política que gobernó el puerto y llegó a tener tres congresistas. De las últimas 11 elecciones de alcaldes, las dos primeras fueron de Escrucería, seis del linismo y las tres recientes del neftalismo.

En muchos municipios del país ocurre que un clan o una organización política ostentan el poder por mucho tiempo. Pero que continúen padeciendo los mismos problemas que cuando comenzó la elección popular, hace 20 años, habla muy mal de sus dirigentes. Y si a esa cuestionada gestión le surgen dudas o suspicacias en torno al manejo transparente de los dineros públicos, el problema se torna complejo.

Eso encontró precisamente esta revista al investigar las denuncias en torno a supuestas irregularidades en el manejo de rubros para el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Un simple cruce entre contratos, fundaciones y corporaciones permitió establecer vasos comunicantes con la dirigencia local.

La actual alcaldesa, María Emilsen Angulo Guevara, es una ficha política del parlamentario Neftalí Correa. Ese nexo está demostrado no solo por los dineros que recibió para su campaña electoral (donde aparecen como únicos aportantes miembros de la familia del congresista Correa), sino porque en 2014 la hoy mandataria hizo parte de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL (ver documentos Aportes y UTL).

Angulo ganó la Alcaldía en octubre pasado en medio de serias denuncias de fraude electoral. Incluso, el día de las votaciones se presentó un hecho inusual: varias bolsas con tarjetones marcados aparecieron en basureros, tal como lo registraron los tumaqueños en redes sociales. El incidente obligó al escrutinio total de los votos, y al final la señora Angulo ganó con 21.153 sufragios. Pero el ambiente quedó enrarecido por el fantasma del fraude.

Luego vino otro lío. Opositores demandaron por supuesta inhabilidad la elección de la alcaldesa, ya que su cónyuge, Jairo Guagua Castillo, era el subgerente del hospital de Tumaco, que en 2015 tuvo un presupuesto de 25.000 millones de pesos y es uno de los mayores empleadores del municipio. Esa demanda de nulidad está en manos de un conjuez del Tribunal Administrativo de Nariño, en espera del fallo.

Llama la atención de ese proceso que la defensa de la alcaldesa insiste en alegar que no hay vínculo conyugal, pese a que en varios documentos oficiales ellos mismos certifican que son pareja. Así aparece en el formato de aportes de campaña de la señora Angulo y en la hoja de vida que el señor Guagua presentó ante el hospital para ser nombrado en el cargo.

En febrero pasado, desaparecieron cientos de folios del hospital firmados por Guagua en los que se evidencia que ejercía como administrador del hospital, lo que agravaría la presunta inhabilidad de la alcaldesa. Esta revista tiene en su poder varios folios que indicarían que el señor Guagua sí ejerció la autoridad en el hospital que tanto niega en sus alegatos.

A esas denuncias se suma que antes de llegar a la Alcaldía, la señora Angulo junto a dos de sus hermanos y Jairo Guagua Castillo crearon en 2013 la Fundación Pacífico Digno, que entre sus objetos sociales incluye atender programas sociales para niños y figura como postulante dentro de la base de datos de contratistas del ICBF Nariño. Para no inhabilitarse a la Alcaldía, el 8 de octubre de 2014 Angulo oficializó su retiro voluntario como asociada de la fundación. En su reemplazo nombró a un cuñado del congresista Correa.

Que un político tenga fundaciones no tiene nada de raro, pero en el puerto es vox populi que el programa de alimentación escolar sería el caballito de batalla para acceder y manejar millonarios recursos. Aunque la fundación de la que hizo parte la alcaldesa no ha recibido contratos en Tumaco, a muchos les parece extraño que ella entregara directamente el manejo de los desayunos escolares (por valor de 1.458 millones de pesos) a una asociación local llamada Mujer y Género.

Esa suspicacia no es extraña, si se tiene en cuenta que esta revista contactó a un excontratista del municipio quien, con documentos en mano, reveló que, por medio de una maraña de fundaciones locales y de Cali, Buenaventura y hasta Barranquilla, han recibido en el pasado contratos de alimentación escolar. El ‘truco’ consiste en entregar menos raciones a las facturadas o en reducir la comida, “de ahí sacan la plata para ellos y las campañas políticas. En mi caso me volví un problema cuando empecé a reclamar que las raciones facturadas eran más grandes que las que entregaba para distribuir en los colegios a mi cargo”.

Las denuncias y dudas que ahora rondan la sede de la Alcaldía son un nuevo capítulo de una larga historia de malos gobiernos y de corrupción. Solo por citar uno de los muchos ejemplos, seis años después de que el acueducto del puerto se le concesionó a Aquaseo, firma integrada por Empresas Públicas de Armenia (EPA) y varias del sector de aseo en Bogotá, el agua potable llega una vez a la semana; las redes están obsoletas, las pérdidas por fraude son millonarias y las inversiones prometidas aún no se cumplen en su totalidad.

Por donde se le mire, Tumaco está en una de sus peores horas, que han sido muchas. La violencia volvió con fuerza, al parecer porque los Urabeños ahora quieren conquistar el control que ejercen las Farc; hay casi 10.000 hectáreas sembradas de coca, la pobreza campea y los proyectos creados para producir cacao o palma no han sido exitosos. Ni siquiera ha funcionado la concesión de Puerto Hondo, el único puerto pesquero y camaronero, asignado en 2010 a empresarios ecuatorianos bajo la promesa de generar 800 empleados y crear una industria local. Y para rematar, la gente dice que los barcos son ecuatorianos y se llevan el producto de las faenas al vecino país.

Es increíble, por no decir indignante, que el segundo puerto más importante del Pacífico siga igual que en los años ochenta: olvidado, abandonado, miserable y dominado por las dos plagas que sí lograron progresar: la violencia y la desidia de su clase dirigente.