Tumban condena contra la Nación por el secuestro de la excongresista Consuelo González, realizado por la guerrilla de las Farc

Veintitrés años después que se registrara el secuestro de la entonces congresista Consuelo González de Perdomo por parte de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc, el Consejo de Estado acaba de tomar una decisión trascendental frente a este caso. Para el alto tribunal no se pudo acreditar una omisión que permitiera esa estructura subversiva plagiara a la representante política cuando se trasladaba del municipio de Pitalito (Huila) hasta la ciudad de Neiva.

Tras revisar la demanda presentada contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, el Consejo de Estado indicó que según la evidencia aportada “no puede considerarse que existe una omisión de protección cuando la persona (que) lo alega conoce el riesgo el riesgo propio de su cargo y la forma en que debe obrar para mitigarlo, no obstante lo cual no cumple con las medidas para hacerlo”.

En otras palabras, teniendo en cuenta el contexto, la situación de orden público, su cargo y demás fenómenos, la entonces congresista tenía conocimiento del riesgo que existía si se desplazaba por la zona sin seguridad, por lo que, primero que todo, ella tenía que evaluar lo que estaba pasando, si era necesario desplazarse y cómo lo iba a hacer.

“En estos casos no puede considerarse que el hecho de que se trate de una persona expuesta a riesgos propios del cargo que desempeña, le permita desatender las medidas que se le ordenan, o que pueda considerar que mientras resuelven su petición el riesgo está en cabeza del Estado, como si fuera garante universal de los daños que puedan generarse, incluso por la conducta imprudente de la víctimas”, concluyó la Sección Tercera del Consejo de Estado que revocó el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Huila.

Tras revisar el caso, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo indicó claramente que no le cabe responsabilidad alguna a la Policía en este caso, pues para el momento de los hechos la Institución estaba realizando justamente un estudio de la seguridad de la congresista. Frente a esto le pidieron que les informara continuamente sobre sus desplazamientos con el fin de tomar las medidas necesarias.

En el traslado que hizo a la capital huilense no se encontró que González hubiera alertado a las autoridades correspondientes sobre el riesgo que iba a asumir con el desplazamiento que efectuó el 10 de julio de 2001 cuando fue interceptada por la columna móvil que comandaba Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa.

Por esto se llegó a la conclusión que incumplió con el deber que tenía para que la Policía Nacional pudiera asumir su protección.

En el año 2001 fueron secuestrados además el congresista Orlando Beltrán y varios dirigentes políticos del departamento del Huila habían recibido amenazas por parte de ese grupo subversivo. Esta situación fue mencionada por la excongresista en su demanda, pero no atendida, pues ignoró toda la situación de orden público.

En contra de esta decisión, que rechazó cada una de las pretensiones de indemnización y reparación para la excongresista y su grupo familiar, no existe recurso alguno.