Turbaco, uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado y la corrupción, tendrá su Palacio de Justicia

Después de varios años, se entregó en el municipio de Turbaco, Bolívar, el Palacio de Justicia. En la estructura de 1.561 metros cuadrados funcionarán siete juzgados civiles, laborales, de familia y penales y trabajarán 48 funcionarios de la Rama Judicial.

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, advirtió que con la entrega se busca modernizar la infraestructura judicial en el mencionado municipio, para “que satisfagan las necesidades que el servicio de justicia demanda y, en especial, que honren, empoderen y dignifiquen la valiosa labor de administrar justicia”.

En la década de los 90, Turbaco fue uno de los municipios del norte del país más azotados por la violencia ejecutada por grupos armados ilegales. Igualmente, tiene un amplio historial por casos de corrupción, relacionados con la celebración irregular de millonarios contratos de obras públicas.

Recientemente, la Fiscalía General le imputó cargos a Myron Martínez Ramos, exalcalde del municipio de Turbaco; a Jairo Doria Ruiz, excontratista y representante legal de la Asociación Amussim, y a María Faride Agudelo Marín, exinterventora y representante legal de la Colombia Fraterna, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricato por omisión.

Los hechos investigados acontecieron entre el 19 de marzo y el 18 de junio de 2014, y están relacionados con las presuntas irregularidades en el trámite y la celebración de dos contratos realizados por el exmandatario, con la Asociación Amussim y el otro con Colombia Fraterna, para la construcción de la Unidad Deportiva La Granja 1, que serviría de recreación a los habitantes de Turbaco.

Labores de Policía Judicial permitieron detectar que el primer contrato, al parecer, se ejecutó sin el requisito legal de planeación, ya que el terreno donde se inició la obra no era de propiedad del municipio.