Sigue el drama del Aquarela: Procuraduría entuteló a la Alcaldía de Cartagena

El caso del Edificio Aquarela ha dado para todo. Cada día se conoce una nueva voz o un nuevo pronunciamiento, algunos provenientes de actores que han estado activos en la discusión del caso y otros de personas o instituciones que durante mucho tiempo han guardado silencio y ahora aprovechan para tener un breve protagonismo.

Cuando ya parece estar despejándose el camino para una decisión final, ahora se conoció una tutela de la Procuraduría General de la Nación contra la Alcaldía de Cartagena, que según el accionante, “busca proteger derechos fundamentales a la vida e integridad personal”, teniendo en cuenta lo que denominan “omisión trasgresora” de parte de la administración distrital. Lo que se suma a una decisión anterior del ente de control en la que se anunció una investigación en contra del alcalde William Dau y su antecesor Pedrito Pereira.

La tutela señala que la alcaldía y su secretaría de Infraestructura “han incumplido las ordenes de demolición según lo dispuesto en Decreto 399 del 13 de marzo de 2019 hasta la fecha, omitido de manera injustificada y renuente el cumplimiento del mandato contenido en el artículo cuarto de la Resolución N° 001 de 2018, consistente en realizar la demolición del edificio”.

Es decir que, según los procuradores, están dadas todas las bases legales para realizar el procedimiento. Además, que desde julio de este año está disponible un estudio técnico realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el que se concluye que la orden de restitución del espacio público “sí afecta la estructura ya que al eliminar los muros de fachada y parte de los muros perpendiculares en todos los pisos (solicitado en la orden de restitución), aunado a las deficiencias en el diseño encontradas, la edificación no estaría en capacidad de resistir”.

El documento de 31 páginas, fechado el 14 de octubre, está firmado por Iván Darío Gómez, procurador delegado para la conciliación administrativa, y Luis Guillermo González, procurador 13 judicial II administrativo de Cartagena. En este, en resumen, se pide ordenar a la alcaldía asegurar el efectivo cumplimiento de las órdenes de policía y por lo tanto, hacer efectiva la actuación de demolición de la edificación para la recuperación del espacio público y para que cesen los graves riesgos que ocasiona esta construcción.

El lío del Edificio Aquarela empezó en el año 2017, cuando el Ministerio de Cultura instauró una acción popular contra el Distrito de Cartagena por haber aprobado la licencia de construcción a la torre de 30 pisos de la promotora Calle 47 S.A.S., en la parte posterior del Castillo de San Felipe, porque este afecta el Plan Especial de Manejo y Protección de monumentos que son patrimonio de la Unesco, lo cual ese organismo de Naciones Unidas venía exigiéndole a Colombia desde 1984.

La tutela también vincula de forma directa a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como entidad responsable del proceso de demolición de la edificación levantada en la parte posterior del Castillo de San Felipe.

Para los procuradores, la intervención de la UNGRD “ha sido favorable y esa entidad está dispuesta a contribuir al propósito de la tutela”.

Este miércoles, el alcalde Dau indicó que, luego de conocer la posición y el respaldo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y del Ministerio de Cultura, para la demolición del Aquarela, El alcalde, envió una carta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para solicitar una hoja de ruta que permita establecer las fases a seguir para la restitución del espacio público, teniendo siempre como premisa minimizar el riesgo para los vecinos y la infraestructura histórica en los alrededores, como el Castillo de San Felipe. Es decir que está de acuerdo en ejecutar la demolición lo más pronto posible.

Según datos suministrados por la misma administración, el costo de la demolición puede oscilar entre $2 mil y $3 mil millones, que serán aportados, en su mayoría, por la UNGRD, el Ministerio de Cultura, y la Administración Distrital.

Entre sus recomendaciones, la ANDJE considera que la edificación debe ser destruida por completo, como quiera que existe una orden de demolición vigente que se encuentra contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y 7589 de 2018, proferida por la Secretaría del Interior y Convivencia, que ordenaron la restitución del espacio público ocupado indebidamente por la construcción.

Por esta razón, la acción que procede es la demolición de la edificación, como lo establece el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Además, se indica que técnicamente las propuestas de la Promotora Calle 47, constructora del proyecto Aquarela, no aportaron condiciones de seguridad que garanticen que no habrá afectaciones en la edificación y viviendas aledañas, igualmente, jurídicamente, la demolición parcial es inviable.

Ante el más reciente pronunciamiento de la alcaldía, la Procuraduría anunció que eventualmente retiraría la acción de tutela, si el Distrito se compromete con un plan de acción, que incluya inicialmente la declaración de calamidad pública, lo que permitiría la intervención de la UNGRD.

Gilma Úsuga, vocera de la constructora, también se pronunció en las últimas horas y dijo que derribar el Edificio Aquarela sin que haya de por medio una orden judicial implica asumir la responsabilidad patrimonial de resarcir los daños contra los afectados, que además de los constructores incluye a más de novecientas familias cartageneras que invirtieron en el proyecto habitacional.

“La orden policial de restitución del espacio público presuntamente ocupado solo se refiere a una pequeña parte de la edificación y que siempre han estado en disposición de cumplir de acuerdo a la ley y no lo han podido hacer por órdenes judiciales y decisiones administrativas del Distrito”, agregó la representante de la Promotora Calle 47 S.A.S.

Para Úsuga, la a demolición total desconoce lo dispuesto por la autoridad policiva y resulta completamente desproporcionado e irrazonable., porque la opinión emitida por la ANDJE, que legalmente no es vinculante, se fundamenta en argumentos tendenciosos y arriba a conclusiones equivocadas que comprometen seriamente la responsabilidad patrimonial del Distrito y la Nación, y toma como sustento el Estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, cuyo contenido ha sido seriamente cuestionado por varios profesionales y agremiaciones dadas las fallas metodológicas y técnicas en las que incurre.