Judicial
Tutela de un “primera línea ambiental” pide tumbar investigación que le abrió el CNE al presidente Gustavo Petro, por irregularidades en campaña
En la acción judicial, radicada por la Primera Línea Ambiental, se advierte que el pliego de cargos emitido el pasado martes afecta los derechos fundamentales del Jefe de Estado.
Este jueves llegó al Consejo de Estado la primera acción de tutela en contra de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formularle pliego de cargos al presidente Gustavo Petro y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por las irregularidades que se presentaron en la financiación de la campaña del año 2022.
La acción judicial está firmada por el ciudadano Ericcson Mena Garzón, quien se presenta como integrante de la Primera Línea Ambiental, se advierte que con la decisión del CNE se afectaron los derechos fundamentales del Jefe de Estado.
“Las actuaciones del CNE, al abrir una investigación contra el presidente sin la debida competencia, generan incertidumbre sobre la legitimidad del proceso electoral y vulneran el derecho de los ciudadanos que eligieron a Gustavo Petro como su presidente”, señala uno de los apartes de la tutela. Para justificar la acción judicial Mena Garzón se presenta como “defensor del presidente Gustavo Petro”.
El accionante asegura que se está desconociendo el fuero presidencial y debido proceso del mandatario, así como los derechos a elegir y ser elegido. Por esto pide como medida provisional que se suspenda inmediatamente el efecto de la investigación y formulación de cargos por parte del CNE hasta que no se tome una decisión de fondo.
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“El daño irreparable causado a la ciudadanía que votó por Gustavo Petro es claro: si las actuaciones del CNE continúan, el proceso electoral legítimo podría ser socavado, afectando la voluntad popular”, cita el texto.
En otro de los apartes de la tutela, se asegura que el CNE no contaba con competencia alguna para abrirle una investigación al presidente directamente, puesto que esto solamente lo puede hacer la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
“Las actuaciones del CNE, al abrir una investigación en contra del presidente en ejercicio sin seguir el debido proceso constitucional, afectan no solo los derechos del presidente Petro, sino también los derechos fundamentales de la ciudadanía que lo eligió”, reseña.
Frente a esto se asegura que las “anomalías en los procedimientos del CNE comprometen la legitimidad de la elección presidencial, lo que genera un daño directo a la confianza democrática y pone en riesgo la estabilidad de las instituciones colombianas”.
El CNE le abrió pliego de cargos, además, a Lucy Aydee Mogollón, tesorera de la campaña; Mary Lucy Soto, auditora; Juan Carlos Lemus Gómez, auditor; además del Movimiento Político Colombia Humana y el Partido Unión Patriótica (UP) por las irregularidades en las fuentes de financiamiento y la no entrega de todos los reportes a las autoridades.
Tras conocer la decisión, en alocución, el presidente Gustavo Petro calificó la decisión como el inicio del “golpe de Estado” en su contra, hecho por el cual convocó movilizaciones.
El pasado miércoles, la defensa del mandatario, le pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes levantar la reserva del expediente que cursa contra el mandatario para que toda la ciudadanía lo conozca.
