POLÍTICA
Tutela para solucionar la crisis de medicamentos de Sanitas y Cruz Verde: exministro Wilson Ruiz pide una mesa de diálogo y concertación
El exministro de Justicia radicó esta acción judicial con el fin de pedir medidas cautelares que permitan proteger la vida de miles de colombianos.
El exministro de Justicia y excandidato a la Alcaldía de Cali, Wilson Ruiz, instauró una acción de tutela contra el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Superintendencia Nacional de Salud, EPS Sanitas, la Adres y la farmacia Cruz Verde con la que pretende evitar el desabastecimiento de los insumos y medicamentos para varios usuarios que hacen parte del sistema de salud en Colombia.
La decisión la tomó el reconocido abogado tras conocer un comunicado de prensa de Droguerías y Farmacias Cruz Verde, en su calidad de dispensador de medicamentos, tecnologías e insumos de Sanitas EPS, donde confirmaron que enfrentan una crisis financiera por la falta de pagos a la prestación de sus servicios.
“Desde la entrada en vigencia de la metodología de Presupuestos Máximos en Colombia, EPS Sanitas ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400.000 millones de pesos. Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento”, se lee en el comunicado.
Cruz Verde –añade el oficio– “no ha recibido por parte de dicha EPS un plan de pago y, a la vez, la aseguradora ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido, situación que hace insostenible el suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica. La cadena de droguerías y farmacias ha venido asumiendo la totalidad de la carga financiera del faltante, lo cual ha implicado enormes esfuerzos para sostener la continuidad de los servicios, esperando siempre la construcción conjunta de una solución que garantice los tratamientos de los usuarios”.
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Reconocieron, además, que al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos: pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS a los afiliados de EPS Sanitas.
Por eso, Wilson Ruiz, en su tutela, argumentó que ante esta amenaza de vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social, salud y vida, “solicito como medida cautelar la adopción de una decisión urgente y eficaz para evitar el desabastecimiento de los insumos y medicamentos; e igualmente, se sirva ordenar a los accionados que en el término de 24 horas se establezca una mesa de diálogo y concertación para adoptar todas las medidas administrativas, financieras y presupuestales necesarias para garantizar la prestación continua, efectiva, oportuna y universal del derecho a la salud”.
Según los argumentos del exministro, “el perjuicio es inminente dado que el anuncio de las Droguerías y Farmacias Cruz Verde establece que en aproximadamente 5 días cesará el suministro de pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS a los afiliados de EPS Sanitas para los niños y niñas de nuestro país”.
Para él, “resulta ser un daño grave y de gran intensidad en la medida que afecta el núcleo esencial del derecho a la salud de los niños y niñas de nuestro país, afectando el interés superior y los derechos fundamentales que prevalecen en el orden interno sobre estos, la medida es urgente y la acción es impostergable dado que las autoridades del orden nacional y los intervinientes deben adoptar medidas financieras, administrativas, jurídicas y políticas para superar dicho estado de amenaza y evitar que se genere un perjuicio irremediable a los niños y niñas de Colombia”.
Como pretensión, Ruiz pidió a los honorables magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo o el Tribunal Superior del Distrito Judicial que ordene a los accionados que en el término de 24 horas se adopten todas las medidas administrativas, financieras y presupuestales necesarias para garantizar la prestación continua, efectiva, oportuna y universal del derecho a la salud para evitar el desabastecimiento de los insumos y medicamentos.
La justicia tendrá la última palabra.