Nación
¡Exclusivo! Farc condenada a pagar 36 millones de dólares por secuestro de Íngrid Betancourt
La demanda la interpuso el hijo de la excandidata presidencial, Lawrence Delloye, por los años de secuestro y tortura que vivió su mamá mientras estuvo en cautiverio de las Farc
El juez principal del Tribunal de Distrito de EE. UU., para el Distrito Medio de Pensilvania , Matthew W. Brann, acogió los argumentos de la demanda presentada por el hijo de la excandidata a la presidencia Íngrid Betancourt, Lawrence Delloye, quien tiene ciudadanía norteamericana y demandó a las Farc por el cautiverio de su mamá. Aunque la pretensión inicial era de 12 millones de dólares, el juez acogiéndose a Ley Antiterrorista (ATA), triplicó esta suma a 36 millones de dólares.
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En el proceso, Delloye, hijo de Íngrid Betancourt, estuvo representado por Robert E. Levy, presidente del Grupo de Litigios de Scarinci Hollenbeck, quien afirmó que “si bien ninguna suma de dinero puede reemplazar el tiempo que Lawrence Delloye perdió con su madre o curar el trauma sufrido a manos de las FARC, estamos orgullosos de haber ayudado a lograr algo de justicia”.
La demanda, que fue presentada ante la justicia norteamericana que permite, en casos de terrorismo, apelar a los tribunales de este país, fue presentada contra 14 miembros de las Farc y contra esta organización, bajo el argumento que resarcir daños y perjuicios por la angustia emocional que dice haber soportado mientras su madre, Ingrid Betancourt, fue secuestrada durante seis años, cuatro meses y nueve días, cuando fue rescatada por el Ejército, en medio de la reconocida Operación Jaque, tal vez, la más importante en la historia del país.
Sin un solo disparo, el 2 de julio de 2008, fueron rescatados de uno de los campamentos de las Farc, en el departamento de Guaviare, 15 secuestrados entre políticos, militares, tres contratistas norteamericanos y la excandidata Betancourt.
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La condena compromete a varios de los principales miembros de las Farc, algunos de ellos ya fallecidos en medio del conflicto, en la lista están: Jorge Enrique Rodríguez Mendieta, alias “Iván Vargas”; Yarlei Banol-Ramos, alias “Diana”; Josué Cuesta León, alias El Viejo”; Nayibe Rojas Valderrama, alias “Sonia”; José Antonio Celis, alias “Calvo”; Juan Diego Giraldo, alias “Flaco”; José Fernando Romero Mejía, alias “El Morocho”.
La decisión, por línea de mando, también acoge a exguerrilleros de alto perfil como el exjefe negociador de las Farc y hoy cabecilla de la disidencia de la Segunda Marquetalia, Luciano Marín, alias “Iván Márquez”; Noe Suárez Rojas, alias “Germán Briceño Suárez” o “Grannobles”; Henry Castellanos Garzon, alias “Romaña”; Martin Cuero; Helí Mejía Mendoza, alias “Martín Sombra” o “el carcelero de las Farc; y Walter Tapiero, conocido como el Comandante Romel.
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Entre los argumentos que presentó el hijo de Íngrid Betancourt, además de la angustia emocional generada por los años de cautiverio, está que su madre fue secuestrada para influir en la política estadounidense y colombiana, prevenir acciones militares, promover el tráfico de drogas e infligir terror a los estadounidenses.
La demanda, presentada en 2018 por Delloye, quien para el momento del secuestro de Íngrid Betancourt tenía solo 13 años, advertía que las Farc publicaron varios videos de rehenes que mostraban que Betancourt estaba viva, y era claro que no contaba con condiciones para tener una buena salud mental y física.
Además, que se violaron las normas internacionales de la guerra, porque durante el secuestro no tuvieron contacto, comunicación o información sobre su madre, al punto que ni sabían si se encontraba con vida. En ese caso, los videos y fotos enviados por las Farc como muestra de supervivencia, señala, generaban incertidumbres y una inmensa angustia emocional.
La pregunta de fondo ahora es: ¿Quién deberá pagar la millonaria suma si las Farc hicieron un proceso de paz?. Según abogados expertos consultados por SEMANA señalan que este monto se podría recaudar a partir de cuentas embargadas a las Farc o a miembros de esta organización en Estados Unidos. Aunque señalan que es un asunto de difícil recaudo y de fondo está la condición de terroristas de algunos de los citados en la sentencia y la relevancia de la decisión.
