¡Ultimátum! Tres meses al Gobierno para reglamentar sistema que identifica irregularidades de la Policía

El Consejo de Estado acaba de hacer un importante pronunciamiento relacionado con la actividad policial en Colombia, seriamente cuestionada, en ocasiones, por los desmanes que se han presentado en medio de las protestas, en las que se han comprobado abusos de autoridad, golpes, uso de armas ilegales y hasta homicidios.

Un ejemplo es el posible exceso de fuerza ocurrido en el caso de Dilan Cruz, el joven que terminó herido en el centro de Bogotá en jornada de manifestaciones del paro nacional en la calle 19 con carrera 5, y que terminó perdiendo la vida en un hospital horas después. Actualmente, en el caso se investiga como presunto responsable al capitán Manuel Cubillos.

En el pronunciamiento conocido por SEMANA, el alto tribunal determinó que, en tres meses, el presidente y los ministros de Defensa y el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) deben reglamentar la implementación de un sistema electrónico único para recepción de quejas y reclamos en torno a las actividades de las operaciones policiales, siempre que no se afecte la confidencialidad, cuando sea necesario.

La decisión del Consejo de Estado se da por la demanda que presentó un ciudadano, en ejercicio de la acción de cumplimiento. Según la persona que presentó la demanda, ya habían pasado más de cuatro años desde que el Congreso, mediante el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, le impuso al Gobierno el deber de implementar un sistema único para identificar y prevenir casos de abuso policial y demás irregularidades. De ahí que acudiera a este instrumento jurídico, para que se estableciera el incumplimiento y se ordenara expedir la plataforma.

La decisión se conoce un día después de que el propio ministro de Defensa, Diego Molano, revelara que el año anterior (2021), la Policía abrió 231 investigaciones por abuso de autoridad.

“Frente a las denuncias de uso excesivo de la fuerza, en el contexto de las movilizaciones sociales en 2021, la Policía inició 231 indagaciones disciplinarias; de las cuales, 193 fueron cerradas y 38 se encuentran vigentes. De las cerradas, 23 fueron objeto de solicitud y traslado a la Procuraduría General de la Nación”, dijo el ministro Molano.

Agregó que, “se cuenta con el registro de nueve sanciones disciplinarias, y que la Procuraduría inició 188 procesos: 184 indagaciones preliminares y cuatro investigaciones disciplinarias.

En este caso, el Consejo de Estado fue la última instancia. Inicialmente, el expediente llegó a manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Luego de que este fallara a favor de las pretensiones del demandante, el Consejo de Estado conoció el asunto y ratificó que el Gobierno incumplió su obligación legal de reglamentar un sistema unificado de identificación y prevención de irregularidades en la actividad policial.

Según la alta corte, “le corresponde al presidente de la República cumplir este mandato. Por ello, ratificó que, en un plazo de tres meses (desde la ejecutoriedad del fallo), se debe expedir la reglamentación por parte del jefe del Estado y los ministros de Defensa y de las TIC, como lo impone el comúnmente denominado ‘Código de Policía’”.

La norma busca que los ciudadanos cuenten con un sistema ágil para presentar quejas y reclamos que tenga cobertura nacional.