Un año después del desarme de las Farc, así va la implementación del acuerdo

El mayor logro obtenido por el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc se alcanzó hace un año por estos días: el grupo guerrillero, después de cinco décadas en armas, las entregó a la misión de las Naciones Unidas que acompañó el proceso.

Esa dejación de armas se ha traducido en una reducción significativa de las muertes a causa del conflicto, tanto de civiles como de militares, aunque la presencia de grupos disidentes y bandas criminales, aún sigue siendo una amenaza.

El acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, sin embargo, es mucho más amplio que eso y contiene disposiciones que podrían tardar incluso unos quince años o más en cumplirse en su totalidad.

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La Organización de Estados Iberoamericanos entregó esta semana al Congreso, un informe en cuya elaboración participaron 40 universidades de diferentes regiones del país, en el que evalúa, punto por punto, en que se ha avanzado y qué falta por cumplir en la implementación del acuerdo de paz.

Si bien dar una calificación única sobre cómo ha avanzado la implementación es imposible por la complejidad del acuerdo, el informe sí hace observaciones punto por punto sobre los avances alcanzados o los temas en los que ha habido mayores tropiezos. Estas son algunas de sus observaciónes.

Punto 1: Reforma rural integral:

El informe reconoce avances importantes en temas como la formalización de la propiedad rural y la protección de las zonas de reserva agrícola, a las que les da un cumplimiento de un 27,66%, pero en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, en las regiones afectadas del conflicto, el avance va apenas en un 8,57%, aunque el informe reconoce que esto se debe a la complejidad de concertar con comunidades a nivel municipal y regional.

Punto 2: Participación política

Según el informe, este es uno de los puntos más avanzados, con un porcentaje de implementación de un 49,09%. La aprobación de Estatuto de la Oposición, que empezará a regir el próximo 20 de julio, es uno de los logros más significativos en esta materia, aunque la reforma política, prevista por el acuerdo de paz, terminó siendo archivada, luego de que en el Congreso se le hicieron grandes modificaciones. El informe llama la atención sobre la necesidad de que se aprueben las Circunscripciones Especiales de Paz, uno de los puntos del acuerdo que en mayor medida contribuiría a fortalecer la participación de las comunidades afectadas por el conflicto.

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Punto 3: Fin del conflicto

Además de la dejación de armas, que se cumplió con mucho éxito, este punto del acuerdo contiene la reincorporación política, jurídica y económica de los desmovilizados de las Farc. En materia política, aunque las Farc completaron su transformación de grupo armado a movimiento político, una de las mayores dificultades fue la financiación de sus campañas. En materia jurídica, la reincorporación aún está pendiente a que entre a operar a plenitud la JEP, y la económica, aunque ha tenido avances se ha afectado por el retraso en la aprobación de proyectos productivos para los excombatientes.

Punto 4: Drogas ilícitas

En esta materia, el informe da un avance del 23,94%, que reconoce los esfuerzos que se han hecho para concertar planes de sustitución de cultivos ilícitos con las comunidades, pero señala los retrasos evidentes que ha habido en la ejecución de la inversión y el riesgo que ha significado la presencia de grupos armados ilegales, lo que ha hecho aún más difícil poder avanzar. Advierte acerca de la preocupación que genera el crecimiento de los cultivos ilícitos, lo cual muestra que las actividades de erradicación y sustitución voluntaria no están funcionando como deberían.

Punto 5: Víctimas

Sobre este punto, el informe destaca las normas que se expidieron para crear el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y la creación de entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Sin embargo, advierte que la arquitectura institucional de estas entidades es incipiente y aún hay vacíos en su reglamentación. Además, el impacto efectivo que puedan tener frente a las víctimas cuando entren a operar plenamente, aún está por verse.