Un contrato maldito: primero corrupción con Centros Poblados y ahora retrasos de Claro

Llevar internet a los niños en las escuelas ubicadas en los lugares más remotos del país se convirtió en una especie de ‘maldición’. Al desastre que representó el descalabro de Centros Poblados, en cuya cabeza estuvo Emilio Tapia y en donde se embolataron unos 70.000 millones de pesos, se suma el posible incumplimiento de Claro, el otro contratista que tendría a los menores esperando la prometida conexión.

En su intención de llevar internet a estos lugares, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), dirigido en ese entonces por Karen Abudinen, dividió el país en dos bloques. Uno de 15 departamentos que se adjudicó a Centros Poblados, en un contrato por 1,7 billones de pesos del que la historia de corrupción ya está contada y le costó la cabeza a Abudinen.

El segundo contrato se lo ganó Claro por 1,6 billones de pesos, para conectar 7.468 centros digitales en 17 departamentos. También se pagó un anticipo de 68.000 millones de pesos, y según documentos en poder de SEMANA, no se ha cumplido.

El problema

Según el contrato, los centros digitales deberían haberse entregado funcionando el pasado 30 de marzo, pero eso no ocurrió. La multinacional cumplió con la primera meta: instaló los 1.515 puntos.

La segunda obligaba a instalar 2.919, llegó a 2.600, pero no han recibido el visto bueno de la interventoría y, sin esa aprobación, es como si no existieran. De los 3.034 puntos que preveía la tercera etapa, para julio pasado, solo 200 han contado con la venia.

El incumplimiento de Claro fue denunciado por la interventoría y consolidado, según un documento, por los funcionarios del MinTIC encargados de la supervisión.

“Teniendo en cuenta que se presenta un posible cumplimiento extemporáneo del grupo 1A y 1B y, presunto incumplimiento de la meta 10 y 11 del Grupo 2, y meta 13 y 17 del Grupo 3 dentro de la etapa de planeación, instalación y puesta en servicio, y operación y mantenimiento, se considera que debe aplicarse (una multa) por un monto total equivalente a 42.096 SMMLV (año 2022)”, señala el documento.

Este aparte, bastante técnico, significa que se cumplieron unas metas y otras están incumplidas parcialmente y tendrían que pagar.

Los incumplimientos de Claro llevaron a la entonces ministra TIC, en el gobierno Duque, Carmen Ligia Valderrama, a utilizar a un grupo élite de abogados contratado para el espinoso tema de Centros Poblados con el fin de buscar un arreglo.

Entre ellos están Álvaro Namem, Fernando Álvarez, Aida Patricia Hernández y Mónica Pedraza. Realizaron mesas de trabajo entre la supervisión, la interventoría y el contratista, pero no hubo acuerdo.

Pese a conocer la problemática con Claro, pues fue contralora delegada para el sector TIC; la actual ministra, Sandra Urrutia, no declaró el incumplimiento y trabaja en un plan de mejora para poder hacer el desembolso de la cifra multimillonaria y cumplir la promesa.

Hoy Claro tiene vigentes dos procesos sancionatorios abiertos que suman 42.000 millones de pesos por retrasos en la entrega de los puntos digitales, los cuales le fueron notificados el pasado miércoles.

“La sanción económica que se sugiere imponer a título de cláusula penal por este concepto corresponde a la suma de 42.096 millones de pesos. Lo anterior, ya que se encuentran afectaciones en los tres grupos dentro de esta cláusula”, señala un documento.

La versión de Claro

En su defensa, la multinacional argumenta problemas de fuerza mayor como el paro nacional de 2021, tal como consta en un documento del pasado 12 de octubre, firmado por su representante legal, Hilda María Pardo, cuyo asunto es: “propuesta de arreglo directo”, que SEMANA conoció.

“Una vez Comcel S.A. (Claro) empezó a padecer las dificultades ocasionadas en la fabricación y suministro de equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de instalación y puesta en servicio, no solo lo puso en conocimiento de la supervisión y la interventoría, sino que empleó toda la diligencia para solicitar pedidos de equipos adicionales, a efectos de proceder con las instalaciones, asumiendo los sobrecostos que ello implicaba, entre otros en lo que se refiere al precio de los equipos y los fletes para su transporte”, señala el documento.

La interventoría no acepta este argumento y dice que “si bien han existido eventos de fuerza mayor en algunos centros digitales, al hacer una relación, no ostentan ni 8 por ciento del total o se han superado las circunstancias que ocasionaron el evento. Sucesos que considera esta interventoría no pueden ser un atenuante, ya que se evidencia daño y perjuicio”.

Para evitar las sanciones, Claro propuso al Ministerio, a través de su representante legal, Hilda María Pardo, un arreglo directo. “Ofrecer a la comunidad que utiliza los centros digitales cursos virtuales gratuitos que permitan expandir el conocimiento en el uso de las TIC, a la población estudiantil y a la comunidad”.

Además, señala la propuesta que conoció SEMANA, que la empresa ofrece hacer “el mantenimiento de esta plataforma por el tiempo de duración del contrato, lo que tiene un costo superior a 8.460 millones de pesos”.

La propuesta, sin embargo, no soluciona la conectividad de las escuelas rurales, lo que ya parece una maldición. El objeto de la licitación desde el principio era claro: garantizar internet a los niños de las escuelas más apartadas del país y, de aceptarse la propuesta de Claro, según la ley de contratación, por no estar contemplado en el estudio previo, se incurriría en ilegalidad.

El enredo es aún mayor con la disparada del dólar, pues Claro dice que le ha generado pérdidas millonarias. Así se lo hizo saber al MinTIC el pasado 15 de julio, cuando en una comunicación advirtió que “la variación de la tasa de cambio ha generado pérdidas por más de 10.659 millones de pesos”. La justificación es que para el 25 de diciembre de 2020, la tasa de cambio era de 3.493 pesos, y para el 13 de julio de 2022 llegaba a 4.627, una pérdida de valor del peso de más del 32 por ciento.

Lo que olvida Claro es que la responsabilidad por la fluctuación del dólar debe ser asumida por el contratista, y así quedó consignado en la matriz de riesgo del contrato: “Reducir consecuencias o el impacto del riesgo. Considerar los eventuales efectos en los presupuestos de los factores asociados a la TRM o a la tasa de cambio de moneda extranjera”.

SEMANA se comunicó con Pardo, la representante legal de Claro, y su respuesta fue: “No tenemos ningún incumplimiento. Estamos en la etapa de visitas de la interventoría a cada centro digital para verificación y recibo”. Y tiene razón, lo que hay es un proceso sancionatorio abierto y por eso Claro presentó una propuesta de arreglo directo.

Sobre los dos procesos abiertos por incumplimientos que suman 42.000 millones de pesos, respondió: “No conozco de dos procesos abiertos por incumplimientos”.

El problema, del cual no se ve una solución pronta, había sido advertido por la Procuraduría hace un año, cuando emitió una alerta al MinTIC por los posibles retrasos, pero no se tomaron medidas. El asunto pasó de agache mientras el país se concentraba en el escándalo de Centro Poblados.

Con la llegada del Gobierno de Gustavo Petro, la ministra Sandra Urrutia trató de dar un nuevo impulso, pues es prioridad que los niños cuenten con internet.

Urrutia le pidió a su grupo élite de abogados trabajar en un “acuerdo de conciliación” o “contrato de transacción” que permita levantar la millonaria sanción y agilizar el proceso, pero el asunto sigue empantanado, si bien no hay penalidades en firme, el proceso sancionatorio está abierto y buscan caminos para un acuerdo.

Responde MinTic

Ante las dudas y preocupaciones que genera el fracaso de la promesa de llevar internet a los niños en zonas rurales, SEMANA consultó a la ministra Urrutia, quien respondió que de los 7.277 puntos, la interventoría solo ha dado la venia a 4.396.

Sin embargo, hizo una advertencia: “Nos encontramos avanzando en las revisiones del caso para tomar las decisiones administrativas a que haya lugar, si es necesario”.

Frente a la posibilidad de una sanción contra Claro, explicó que “a la fecha no se ha impuesto ninguna sanción porque se ha logrado el cumplimiento antes de la finalización del trámite legal”.

La ministra Urrutia reconoció que se han efectuado desembolsos por una suma cercana a 156.000 millones de pesos. Sin embargo, la red parece caída.