Un fallo peligroso para la libertad de prensa

La libertad de expresión enfrenta constantemente múltiples amenazas. En los últimos días, SEMANA ha vivido una tan preocupante como peligrosa. En un fallo, un juez penal del circuito de Bogotá obligó a esta casa editorial a retirar de sus plataformas un programa y compulsó copias a la Fiscalía contra la directora del canal digital, Vicky Dávila, y el periodista Jairo Lozano.

Esta decisión significa una mordaza a la prensa y un intento de restringir la libertad de información con tintes de censura. Así lo advirtieron las tres organizaciones de medios más importantes del país: la Flip, AMI y Asomedios. En un comunicado conjunto, señalaron que el proceso del expresidente Álvaro Uribe tiene trascendencia nacional y por eso las piezas procesales de su expediente, publicadas por este medio en dicho programa, tienen alto interés público. También aseguraron que la decisión de retirar todo el contenido es “desproporcionada y desconoce el núcleo fundamental de la libertad de expresión”.

SEMANA, respetuosa como siempre de la justicia, acató el fallo. Sin embargo, en busca de proteger la libertad de prensa, advirtió los graves efectos que tendría la confirmación de esta providencia.

Entre las razones que esgrimió el juez para ordenar eliminar el contenido y compulsar copias a la Fiscalía hay un punto alarmante. Según el fallo, los periodistas no pueden usar piezas procesales sujetas a reserva en sus investigaciones. Si esa tesis se hubiera aplicado en Colombia en el pasado, no existiría el periodismo de fiscalización e investigación ni se hubieran destapado los escándalos judiciales que han sacudido al país en los últimos 30 años.

A su vez, este planteamiento vulnera las garantías constitucionales que tienen los periodistas, fundamentales para ejercer su trabajo. Como aseguraron las organizaciones de medios, el fallo equipara la divulgación de información reservada hecha por un servidor del Estado con la de una información de interés general hecha por un medio. Confirmar este precepto crearía un precedente peligroso e irreversible para la libertad de prensa en el país.

No menos alarmante es la compulsa de copias a la Fiscalía que hace el juez a la directora digital Vicky Dávila y al periodista Jairo Lozano. La providencia señala que esta solicitud busca “que se investigue si en desarrollo de tal acto se cometió conducta punible alguna; de ser así, se identifique a los autores o partícipes de la misma”. Llevar a la justicia penal a los periodistas para que revelen allí sus fuentes es una medida excesiva, arbitraria y muy nociva no solo para el periodismo, sino para el derecho que tienen todos los colombianos a estar informados.

SEMANA impugnará la providencia judicial y recurrirá a todas las instancias necesarias para hacer valer el derecho del medio a hacer su trabajo. Esta casa editorial agradece a los periodistas, líderes de opinión, ciudadanos, organizaciones sociales que manifestaron su solidaridad frente a esta situación que espera se resuelva a favor de la libertad de información.