Un intento de homicidio destapa la guerra verde entre esmeralderos por el control de una mina en el occidente de Boyacá

Un atentado que pasó desapercibido el pasado viernes, 8 de septiembre, a plena luz del día en Fusagasugá (Cundinamarca), se convierte en un nuevo capítulo de la denominada ‘guerra verde’, que sacudió al país y, al parecer, se está reeditando. La víctima del atentado, que se salvó de “milagro”, es la esposa de Maximiliano Cañón Castellanos, reconocido líder social y empresario del sector de las esmeraldas en Boyacá, quien fue asesinado en la tarde del 2 de junio de 2022, en el exclusivo sector del Parque de la 93, en el norte de Bogotá.

Es la segunda vez que Jackie, esposa del esmeraldero, sale ilesa de un atentado en el que los sicarios le disparan a mansalva. En el hecho que le arrebató a su marido, al hombre que la correteó para dispararle se le trabó la pistola a última hora y, pese a sus intentos, no pudo accionar el gatillo. A esto se le suma la grave persecución que sufrió junto a su marido por el hecho de ser líderes sociales en la región por parte de las denominadas banas criminales en retaliación defender los derechos colectivos de los trabajadores de las minas de esmeralda.

La crudeza de la guerra selecta la despojó de toda la humanidad y le impidió hasta darle el último adiós a su marido, obligándola a esconderse, nuevamente, pues sabía que los sicarios habían sido contratados para “llevar dos muertos”. En diálogo con SEMANA, Jackie contó los hechos y recordó, con la voz entrecortada, que sabe que su integridad personal y moral corren peligro.

Las marcas de las decenas de balas que reposan sobre el parabrisas, baúl, las puertas y las llantas de un vehículo modelo 96, son prueba fehaciente de eso. “Me quieren matar, no dejen que me maten”, les decía una y otra vez a los paramédicos y bomberos que llegaron hasta su casa después de que, gracias a su destreza en el volante y su determinación, evadió a los sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

Una persona cercana al caso reseñó que las mismas autoridades han dado fe de la gravedad de la situación, de la existencia de las amenazas, movimientos sospechosos, cruces de mensajes y planes para ejecutar actos de sicariato.

Esta seguidilla de amenazas y atentados tendría como único fin el apoderamiento y control total del título para explotación y explotación de una de las minas de esmeraldas más prósperas ubicada en Pauna, entre Fura y Tena, en el occidente Boyacá, y que ha sido el epicentro de una guerra que tiene varios frentes, muchos implicados y, como si de una novela trágica se tratase, enemigos que ahora se unieron para acabar con sus dueños.

“El título no se hereda”, explicó una fuente que prefiere mantener su anonimato por el alto riesgo que existe. Por su labor como líder social y denunciante de la incursión de grupos armados ilegales, entre ellos los paramilitares, “un grupo de criminales” le pusieron precio a su cabeza. En el caso de doña Jackie, las amenazas se han incrementando para quedarse con el título minero y emprender el proceso de subrogación, el cual solamente se puede hacer si los titulares están muertos, no importa la forma. Esta lucha ha dejado ya muchos muertos, desplazados y rencillas personales que pareciera que nunca van a tener un final.

La sombra detrás de esto no sería otra que la de Pedro Nel Rincón Castillo, el célebre Pedro Orejas, quien pese a estar desde hace varios años en una cárcel de los Estados Unidos, respondiendo por delitos de narcotráfico, sigue dando órdenes para expandir su poder en las minas de esmeraldas y vengar la muerte de su hijo, registrada en noviembre de 2013, la misma que le achaca a Maximiliano Cañón, quien fuera su socio y cuñado, pero también la persona que lo denunció ante las autoridades por vínculos con grupos al margen de la ley.

Fue el mismo Orejas quien en plaza pública amenazó con asesinar a su exsocio por todo lo que le había hecho. Para demostrar que hablaba en serio, señalan que asesinó a sangre fría, “descargándole todo su revólver”, a uno de los empleados de confianza de Maximiliano, lo que sembró temor y zozobra, obligándolo a esconderse junto a su esposa, puesto que ellos serían los próximos en caer en esta guerra.

Cuatro años después de este crimen –por el que Pedro Orejas fue capturado y condenado a 20 años de prisión–, se presentaron varios atentados sicariales en Guatemala, Boyacá y Bogotá, principalmente, en contra de los que en algún momento fueron socios. Entre estos se destacan los casos de Yesid Nieto, Pedro Guerrero y Jorge Enrique Gómez.

Y es que la “ambición desmedida por el título” –como lo calificó una persona cercana al caso– ha unido a antiguos enemigos y ha fraccionado a la familia. Para muestra, el hecho que Maximiliano Cañón y Pedro Orejas son además de concuñados, compadres, relación que es muy fuerte en el departamento de Boyacá. “Se consideraban hermanos de sangre”. En los últimos años, la presión de la exesposa de Maximiliano, quien es hermana de Pedro Orejas, y sus tres hijas, se ha acrecentado considerablemente. Incluso, presentaron una demanda civil.

Esa intensidad en la relación entre compadres también ha llevado a que la guerra sea más intensa. Del atentado del que se salvó doña Jackie quedan muchos cabos sueltos y varias preguntas por resolver, principalmente por el hecho que la mujer había regresado al país por unos días para atender unos temas personales y solamente se lo comentó a su núcleo familiar.

Los sicarios sabían que la mujer se dirigía rumbo a su casa y tenía solamente dos rutas de acceso. Igualmente, contaban con información privilegiada, entre las que se encuentran las placas y el hecho que no estaba acompañada. “Hay gente muy mala”, aseguró doña Jackie en la conversación con SEMANA.

En su cabeza reapareció el mensaje que le hizo hace un año la agente que adelantaba la investigación por el crimen de Maximiliano Cañón y que le quitó la posibilidad de darle el último adiós a su marido: “Debo tener cuidado, porque muy seguramente los asesinos están por ahí cerca. La investigadora del CTI me pide que no vaya a reclamar el cuerpo, ni me acerque a la funeraria, porque esas personas fueron contratadas por una oficina. No pude ir a enterrar a mi esposo, porque allá en el cementerio estaba plagado de bandidos”.

Por el momento, la muerte de Maximiliano Cañón sigue en la impunidad absoluta. El preacuerdo firmado por los dos sicarios con la Fiscalía, en el que solamente iban a reconocer su responsabilidad en el asesinato, pero no contar quién los contrató ni los móviles del atentado. La viuda de Maximiliano logró que el Tribunal Superior de Bogotá lo declarara nulo tras concluir que no se daba información pertinente y que no se tenía en cuenta el agravante que la víctima era un líder social.