Un millonario escándalo está por reventar en la Rama Judicial. El Tribunal de Cundinamarca advierte de actos que afectan la buena fe. ¿Qué pasó?

Esta historia que aterrizó en el Tribunal de Cundinamarca fue redactada en una millonaria demanda contra la Rama Judicial. Arrancó con lo que prometía ser la solución para las toneladas de expedientes de los juzgados en Bogotá que se estaban convirtiendo en basura, en las bodegas repartidas sin orden por la ciudad.

La Dirección Administrativa de la Rama Judicial en Bogotá firmó con Innpacific, una empresa experta en el manejo de archivos, un contrato para llevar más de 250.000 cajas con expedientes de los juzgados a una moderna bodega ubicada en un Parque Industrial del municipio de Mosquera, Cundinamarca, a las afueras de Bogotá.

El valor del contrato era por más de 10.600 millones de pesos, por cuatro años de manejo del archivo con la respectiva digitalización. Además, se firmó con la misma empresa otro contrato para el transporte de esos expedientes, de los juzgados y almacenes, a la bodega que estrenaba la justicia en Mosquera.

Los líos, de acuerdo con una queja que llegó a los despachos de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, la Comisión de Disciplina Judicial y la Procuraduría, empezaron con la entrada de una nueva administración en la dirección seccional de la rama en Bogotá. José Camilo Guzmán asumió el cargo en la dirección y lo que se supone era un compromiso con el contratista, se convirtió en una deuda que todos los días suma intereses para el Estado.

“A la fecha de la presentación de esta queja, persiste la negativa de la DSAJB a tramitar los pagos, cabe resaltar que no existe ni media causa legítima que justifique la actuación omisiva de sus funciones, pues el contrato ni la ley lo faculta para negarse al pago de las facturas radicadas, por el contrario, no existe ninguna comunicación en la cual se justifique el no pago de las facturas”, señala la queja que llegó a los entes de control.

Guzmán, que en los comunicados de la Fiscalía aparece como acusado en el millonario escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, inició un proceso sancionatorio al contratista luego de conocer, públicamente, un video en que unas funcionarias de un juzgado advierten una montaña de expedientes en la bodega que se supone debía tener en orden los documentos. Pero la realidad resultó ser muy diferente.

En marzo de 2023, es decir, tres meses después de firmar el contrato inicial, el director inició el proceso para sancionar al contratista, sin embargo, lo hizo cuando una semana antes la supervisora del mismo contrato entregó una prórroga para dar cumplimiento al mismo, un hecho que el Tribunal de Cundinamarca calificó como una violación al debido proceso que atenta contra la buena fe.

“Adicional a ello, resulta de gran interés para el Despacho que en Acta suscrita el 13 de febrero de 2023, se le otorgaran treinta (30) días al contratista para que subsanara los hallazgos observados en la visita efectuada por el supervisor, y sin expirar el plazo acordado, se iniciará un procedimiento sancionatorio en su contra, afectando la expectativa generada y la buena fe contractual”, señaló el Tribunal al tumbar las sanciones que impuso la dirección seccional de la Rama Judicial en Bogotá.

Desde la firma del contrato, en diciembre de 2022 a la fecha, es decir, durante 13 meses, la dirección seccional de la Rama Judicial en Bogotá, no ha pagado un solo día de arriendo. Tienen el archivo, el manejo de la bodega y exigen mejoras al contratista, pero lo que se supone era un acuerdo legal entre arrendador y arrendatario, no se cumplió. Tristemente, para el contratista, su propiedad está ocupada por la justicia.

“No obstante lo anterior, dentro de la carpeta de documentos enviada con el oficio de la citación a la audiencia, no se observaron “Informes de supervisión”, al contrario, lo que se había adjuntado era un único informe de supervisión, sin fecha y firma, en el que se afirmó que existía un incumplimiento por parte del contratista”, explicó el abogado Cristián Javier Freire, a cargo de la defensa del contratista.

Ante la falta de pago y como cualquier propietario que quiere recuperar su inmueble, ocupado por el inquilino, el contratista inició acciones legales que incluyeron una demanda por incumplimiento que finalmente, como medida cautelar, el Tribunal de Cundinamarca falló a su favor, eso sí con varios llamados de atención a la misma Rama Judicial.

“Bajo esta premisa, se considera que la Administración no actuó en consonancia con el principio del debido proceso establecido en el artículo 29 constitucional, debido a que ni en la citación a la audiencia o en el transcurso del trámite sancionatorio se remitió el informe que cumpliera con los supuestos mínimos antes referidos”, explicó el Tribunal en la decisión.

Sin embargo, en el curso de las verificaciones, la defensa del contratista estableció que la Dirección Administrativa de la Rama Judicial en Bogotá, mientras buscaba sancionarlos, puso en marcha otro proceso de contratación, con otra empresa, por el mismo servicio, a mayor costo, según las quejas radicadas ante distintas autoridades. En otras palabras, no le pagó los arriendos de 13 meses, el traslado de los expedientes y como si fuera poco sancionó al contratista.

“Como puede observarse, el Director de la DESAJ en el marco del proceso sancionatorio iniciado mediante Oficio radicado No. DESAJBOO23-938 de 3 de marzo de 2023, y con el reciente requerimiento de cumplimiento del Contrato de Arrendamiento, mediante el cual pretende iniciar otro proceso de incumplimiento por los mismos hechos ya sancionados, ha vulnerado el debido proceso del Contratista”, señaló el abogado en el documento.

El Tribunal de Cundinamarca no se guardó nada y le hizo varios reparos a la Dirección Administrativa de la Rama Judicial en Bogotá, advirtiendo que se violaron varios derechos al contratista y que el procedimiento sancionatorio no cumplió los requisitos legales, que se afectó la buena fe y las actuaciones de la dirección administrativa a cargo del señor José Camilo Guzmán, transgredieron “ostensiblemente el principio de legalidad que rige las actuaciones administrativas”.

Las sanciones al contratista se tumbaron. El Tribunal consideró que eran nulas las actuaciones del funcionario y, por tanto, ordenó el pago de lo adeudado por la Dirección Administrativa de la Rama Judicial en Bogotá que, con intereses, va por más de 2.000 millones de pesos y sumando. El contrato es por cuatro años y en caso de querer liquidarlo, vendrían nuevas medidas a cargo del dinero de la Rama Judicial, de la justicia.

SEMANA buscó la respuesta de José Camilo Guzmán, como encargado de la Dirección Administrativa de la Rama Judicial en Bogotá, y aunque dijo que respondería algunas preguntas, advirtió que el caso se “encuentra en proceso judicial y tenemos que verificar el alcance”. Sin embargo, no respondió las dudas ni del proceso de contratación, de las decisiones que se tomaron, tampoco del estado de las investigaciones en su contra por otros escándalos de corrupción.