Un nuevo proceso le espera a Alex Saab en Estados Unidos

La esperada extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos, que ha sido dilatada por más de un año ante las autoridades del pequeño país africano de Cabo Verde, donde fue capturado el 12 de julio de 2020, por el presunto delito de lavado de activos, realizado presuntamente en favor de régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, tiene un nuevo capítulo que lo acorrala aún más. La Corte del Distrito Sur de la Florida tiene información suficiente para vincular al considerado ministro finanzas a la sombra del régimen en una red de blanqueo con tentáculos en Bogotá, Panamá, Hong Kong y Medio Oriente.

En este caso, la investigación de las autoridades estadounidenses no se centran solo en Alex Saab, también comprometería a su socio Álvaro Pulido con quien inició en los negocios de construcción de gimnasios verticales para el régimen de Venezuela y después entraron al negocio de suministro de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

En el seguimiento a las huellas de Pulido, la justicia de Estados Unidos ya había determinado que durante varios años uso una cédula falsa, que correspondía a una persona que murió em Miami en 2005. Los socios Saab y Pulido habrían extendido sus negocios ilegales a través de sus hijos Shadi Naim Saab y Emanuel Enrique Rubio, quienes ahora también están en la mira de las autoridades.

Los nombres de los hijos de Saab y Pulido no son nuevo en este entramado presuntamente montado para lavar dinero del régimen venezolano, en las indagaciones aparece un nuevo nombre, el del exconsul colombiano Javier Betancourt Valle, quien por petición de autoridades de Bélgica esta siendo investigado por intentar negociar en el mercado bursátil europeo 200 millones de dólares en bonos de PDVSA.

En el entramado empresarial aparece una empresa, esta vinculada a la expareja de Pulido, se trata de Vran Holding, cuya representante es Adriana Martínez Rodríguez, a quien le han rastreado transferencias no muy claras por un monto superior a los 800 millones de pesos.

La fórmula empleada por Saab y su socio Álvaro Pulido es la creación de empresas en las cuales incluye a un familiar o un miembro de su círculo más cercano para mantener la vigilancia, el gobierno corporativo y el control de las firmas fachada. Aunque parece un esquema simple, en realidad ha sido complejo seguirles la pista a sus negocios ilegales, pues para la creación de esta red contaron con el apoyo de Bruce Bagley, un reconocido catedrático de Miami, especializado en lavado de activos.

Saab, de la mano de Pulido, antes identificado como Germán Rubio, tejió una compleja red empresarial con presencia en más de nueve países, como Turquía, Irán, Rusia, China, Ecuador, Emiratos Árabes y Panamá, en su mayoría aliados del régimen, desde donde realizaba los negocios que le ha endosado Maduro, con los cuales, según la Justicia estadounidense, ha blanqueado millones de dólares.

De lograrse la extradición de Saab en pocos días, como espera la Justicia norteamericana, el coletazo se sentiría con fuerza en el Palacio de Miraflores en Venezuela, donde no solo tenía una estrecha relación con Maduro, sino también con su esposa, Cilia Flores, sus hijos y sobrinos, quienes tienen negocios con el barranquillero a través de la Fundación Propatria 2000. Además, con el ministro del Poder Popular del Petróleo, Tareck El Aissami. Todos del primer círculo de poder del mandatario venezolano.

El rastreo a la familia Maduro se dio por la asignación de contratos para la construcción de gimnasios verticales en barrios populares. El monto del negocio con la Fundación Propatria 2000 llegó a los 100 millones de dólares, y fue puesto al descubierto por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en julio de 2019, cuando incluyó a Saab, Pulido y a los Chamos –como se les conoce los hijos y sobrinos de Cilia Flores involucrados en estos negocios–, los cuales recibían sobornos y comisiones ilícitas a cambio de los contratos públicos.

El negocio más conocido y cuestionado de Saab con el régimen venezolano es el de los Clap, por medio de los cuales entrega comida en mal estado y se ha constituido en un mecanismo de control político clave para ganar las elecciones. Siete de cada diez venezolanos reciben estos alimentos.

Este negocio era operado por Group Grand Limited, registrado en Hong Kong, y en los papeles de esta empresa aparece el hijo del empresario Shadi Naín Saab, y como director figura el abogado Javier Ernesto Betancourt, excónsul de Colombia en Nueva York y exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Se calcula que estos negocios con el régimen alcanzaron los 1.500 millones de dólares.

El empresario y el régimen de Maduro han desplegado todo su arsenal jurídico y diplomático a tal punto que fue declarado “agente del Gobierno bolivariano” y reclaman inmunidad buscando evitar a toda costa el envío de Saab a Estados Unidos. Por ahora solo han logrado dilatar el que sería el último viaje del barranquillero.