Un país que huye

El miedo siguio siendo la constante en la vida de miles de colombianos durante 2002. Este año, entre 200.000 y 400.000 personas -depende de quien lo mida- lo abandonaron todo para huir de un peligro inminente sobre sus vidas. Según cifras conservadoras de la Red de Solidaridad Social el desplazamiento creció en casi un 20 por ciento frente al año anterior. A más guerra, más errantes. Es una ecuación que se mantiene. Sin embargo algunas cosas cambiaron. Y todas para peor.

En la medida en que la guerra se fue acercando a las ciudades, comenzó a registrarse un desplazamiento intraurbano. Este nuevo fenómeno de personas que se desplazan por amenazas o por miedo de un barrio a otro dentro de la misma ciudad se hizo evidente a raíz de los combates en la comuna 13 de Medellín. Pero era algo que ya venía ocurriendo desde hace meses en otras ciudades como Cúcuta, Barrancabermeja y Bucaramanga y más recientemente también en Bogotá. Pese a lo preocupante de esta situación, el gobierno posee muy poca información al respecto y tampoco cuenta con estrategias para ayudar a las víctimas.

El año pasado también creció el desplazamiento intradepartamental. A diferencia de otros años en los que la gente que era forzada a abandonar sus veredas y se iba lo más lejos posible, muchas de las comunidades que salieron de sus sitios se movilizaron en el interior de su departamento. Fue el caso de la población de Samaná y otros pueblos, en el Eje Cafetero, y de varias poblaciones en el Chocó. Esto, en principio, facilita el retorno rápido de las poblaciones, uno de los propósitos del nuevo gobierno.

Sin embargo, los porcentajes de personas que volvieron a sus lugares de origen luego de ser desplazadas no son muy alentadores. Mientras que en 2000 regresó uno de cada tres desplazados, en 2001 volvió uno de cada 10, y en 2002 tan sólo uno de cada 50, según datos de la Red de Solidaridad Social, entidad oficial encargada del tema.

Lo trágico de esta realidad es que con frecuencia desplazarse es la mejor opción para muchas poblaciones. Hay otras que ni siquiera pueden hacerlo pues la guerrilla o los paras -o ambos- las tienen encajonadas, una táctica de guerra que también fue una tendencia este año.

En la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Bajo y Medio Atrato (Chocó), en el Catatumbo (Norte de Santander) y en el Guaviare existen comunidades enteras sitiadas. Los actores armados impiden o restringen el paso de alimentos, medicamentos y la circulación de cualquier medio de transporte o persona no autorizados por ellos. Estas comunidades sitiadas son utilizadas con frecuencia por unos y otros como escudo humano en zonas estratégicas para su guerra. En el tema del desplazamiento hay poco lugar para el optimismo. Todos los expertos en el tema anticipan que en 2003, en la medida en que se intensifique el conflicto, aumentarán también los desterrados.

Sin embargo, hay dos cosas que generan un poco de esperanza. La primera es la tendencia de las comunidades resistentes que se consolidó un poco más este año. Es el caso de las poblaciones, sobre todo indígenas y negras, que se resisten a abandonar su territorio. Las comunidades de paz en el Cacarica, las de Jiguamiandó en el Atrato cerca de Riosucio y los paeces en el Cauca han diseñado sistemas de alerta y de apoyo social para evitar que los armados los saquen de sus tierras. Sus acciones son heroicas, pero se puede resistir sólo hasta un punto. Falta una estrategia gubernamental para apoyar con recursos y con una mayor presencia del Estado estas regiones. El nuevo decreto de tierras expedido el año pasado, que saca del mercado los terrenos de propiedad o bajo posesión de comunidades desplazadas, es una estrategia que hasta ahora se comienza a aplicar pero que puede desestimular este tipo de atropellos, que por lo general tienen un incentivo económico.

La segunda luz de esperanza es la eventual negociación con los paramilitares. Las autodefensas siguieron siendo este año -como todos los anteriores- el principal autor del desplazamiento. Una desmovilización exitosa de este grupo no sólo mermaría el desplazamiento sino que permitiría el retorno de muchos de los destechados que deambulan por las ciudades.

Porque es un hecho que hasta que no se garanticen las condiciones de seguridad para quedarse o para volver, el número de desplazados seguirá creciendo. Y con su tragedia, posiblemente, crecerá el caldo de cultivo para otra violencia, la que sufrirían nuestros hijos y nietos.