Un policía era el cabecilla de una red de trata de personas en Medellín. Aceptó su responsabilidad y fue condenado

Carlos Augusto Fernández era intendente de la Policía en Medellín y, en lugar de servir y proteger, se convirtió en el principal enlace entre un grupo criminal y las víctimas. Fernández era el encargado de ubicar a mujeres que buscaban una oferta de trabajo, con alguna necesidad, para enviarlas a Francia, donde terminaban explotadas laboral y sexualmente.

El entonces intendente logró reclutar a las mujeres que, más tarde y tras un descarado proceso de selección, viajaban a Francia, a través de vuelos a Madrid, España. En el trayecto les explicaban la falsa oferta de trabajo, que en realidad era una fachada para ocultar la razón de su viaje y la oferta laboral.

“Las mujeres que recibían la aprobación de la estructura delictiva tomaban un vuelo en el aeropuerto de José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), rumbo a Madrid o Barcelona (España). Posteriormente, eran llevadas a Marsella, Niza y Montpellier (Francia)”, dijo la Fiscalía.

El material de prueba fue tan contundente que el expolicía prefirió aceptar su responsabilidad a través de un preacuerdo en el que terminó condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de trata de personas. La pena fue de siete años de cárcel, que lleva descontando desde el momento de su captura.

“El exintegrante de la Policía Nacional, mediante preacuerdo, aceptó su responsabilidad. En ese sentido, un juez penal especializado de Medellín lo condenó a siete años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de trata de personas. Asimismo, le impuso una multa equivalente a 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, advirtió la Fiscalía tras detallar el preacuerdo.

El uniformado no solo era el encargado de ubicar a las futuras víctimas, sino de hacer procesos de selección mediante la entrega de imágenes, fotografías de las mujeres en ropa interior y que eran enviadas al resto de cabecillas de la organización criminal que se encontraban en Europa. Luego de esto, elegían cuáles serían las “beneficiadas” con el viaje y el supuesto empleo.

“En el curso de la investigación se acreditó que Fernández Raigosa, mientras estuvo activo y desempeñó funciones en la estación La Candelaria, en Medellín, entre 2022 y 2023, contactó a mujeres y les ofreció trabajar como modelos en Francia, con un sueldo fijo. Como requisito para viajar les pedía grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior”, dijo el ente acusador.

Era en Europa donde las víctimas se enteraban de que las imágenes que enviaron como antesala a lo que sería una oferta de empleo terminaban en sitios web donde se ofrecían servicios sexuales en diferentes ciudades de Francia. Allí terminaban sometidas y prácticamente esclavizadas para servir a los intereses de la organización criminal.

“En territorio francés, las jóvenes se percataban de que los registros fílmicos y fotográficos habían sido publicados en comunidades virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, los cuales terminaban ejerciendo para cubrir el pago de una deuda que les imponía la organización delictiva por tiquetes, manutención y otros aspectos relacionados con el viaje”, señala la investigación de la Fiscalía.

El preacuerdo, con la aceptación de responsabilidad del entonces intendente de la Policía, fue aprobado por un juez de control de garantías y se fijó el monto de la pena en 7 años de cárcel. El proceso, que arrancó como una compleja investigación, terminó en condena.