Qué vergüenza: los congresistas prometieron bajarse el salario, no cumplieron y al final les aumentaron 2.500.000 pesos

El hundimiento del proyecto que buscaba reducirles el salario a los congresistas era la crónica de una muerte anunciada. Para dicha de los parlamentarios, todo se confabuló a fin de que la iniciativa se hundiera. Pero lo que muy pocos esperaban era la forma épica en la que iba a terminar esta novela: el mismo día en que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto para aumentarles el salario, los congresistas hundieron el único proyecto que sobrevivía para bajarse el sueldo. Fue una jugada a dos bandas que mantuvo intactos los privilegios.

Tal como obliga el artículo 187 de la Constitución, este 5 de diciembre el presidente Gustavo Petro se dio la pela de firmar el decreto con el que se aumentó 7,26 por ciento el salario de los congresistas. Actualmente, el sueldo neto de los senadores y representantes es de 35.316.133 pesos al mes, por lo que el incremento, que recibirán de forma inmediata, es cercano a los 2.500.000 pesos mensuales. Lo que significa que el sueldo neto les quedará aproximadamente en 37.800.000 pesos al mes.

Pero mientras el jefe de Estado firmaba el decreto, ese mismo día la Comisión Primera de la Cámara hizo una jugadita con la que enterró definitivamente la reforma que intentaba cambiar la Constitución para que los llamados padres de la patria se redujeran sustancialmente su salario a 23 salarios mínimos mensuales. Actualmente devengan más de 37 salarios mínimos cada mes.

Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto necesitaba, para continuar con vida, superar mínimo cuatro debates antes del 16 de diciembre, día que finalizan las sesiones ordinarias del Congreso. La iniciativa ya había superado sus dos primeras discusiones en el Senado y necesitaba dos más en la Cámara, pero ahí fue cuando llegó la tormenta perfecta: la Comisión Primera de la Cámara, que es donde estaba el proyecto, decidió el 5 de diciembre que no volverá a sesionar en lo que queda de este semestre.

¿La razón? El Gobierno pidió darle espacio a la plenaria de la Cámara para discutir la reforma política y el Ministerio de la Igualdad. Esto se traduce en un hecho contundente: el hundimiento de la rebaja del sueldo de los congresistas por falta de tiempos para discutirla.

Lo que vino después fue la ejecución de un libreto que los colombianos ya se saben de memoria: los congresistas salieron a lamentarse y se tiraron la pelota. Los senadores dijeron que fue culpa de la Cámara que “engavetó el proyecto”. El presidente de la Cámara, David Racero, responsabilizó a la Comisión Primera de esta corporación, y los miembros de esta comisión dijeron que fue el Gobierno el que les bloqueó la agenda.

“La agenda de la Comisión Primera de la Cámara la ocupó, sobre todo, el Gobierno. Hemos debatido reformas estructurales, pero casi no tuvimos tiempo para las iniciativas parlamentarias”, le explicó a SEMANA la representante Carolina Arbeláez, ponente del proyecto de rebaja de salarios.

Mientras tanto, otros miembros de dicha comisión le dijeron a esta revista que lo que sucedió fue que el Senado les envió muy tarde la reforma, cuando ya la agenda estaba copada.

Promesa incumplida

Más allá de las culpas y señalamientos, la realidad es que este, el intento número 20 por bajarles el salario a los congresistas desde que se creó la Constitución, también fracasó, a pesar de que fue la principal promesa de campaña de los miembros del Pacto Histórico, el partido de gobierno, para hacerse elegir.

De hecho, tan pronto se instaló el nuevo Congreso el 20 de julio pasado, se radicaron, con bombos y platillos, cuatro iniciativas de diferentes partidos para reducirles el salario a los congresistas. Pero durante el semestre, en medio de la lucha de egos entre las fuerzas políticas por hacer prevalecer su propuesta, se fueron hundiendo uno a uno los proyectos hasta el punto de que, con el fin de evitar la debacle, el Centro Democrático y el petrismo llegaron a un consenso para impulsar una sola de las iniciativas, la que se mantuvo con vida hasta esta semana, pero resultó siendo simplemente una falsa ilusión para los ciudadanos.

Si hay algo que quedó muy bien amarrado en Colombia desde la misma Constitución Política fue el salario de los congresistas. El aumento anual es una obligación que establece el artículo 187 de la carta política.

“La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”, dice el artículo 187 de la Constitución.

Con miras a establecer las fallas de origen que llevaron a lo que algunos consideran el desproporcionado aumento en la remuneración de los parlamentarios, SEMANA revisó las actas de la sesión en la que los constituyentes que redactaron la carta política de 1991 fijaron el criterio para aumentar anualmente el salario de los senadores y representantes a la Cámara.

La discusión ocurrió el 11 de junio de 1991 en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Inicialmente, en la carta política iba a establecerse un tope de 16 salarios mínimos en la remuneración para los congresistas, pero esto fue rechazado debido a que era una “medida innecesaria”, pues el salario de los senadores y representantes en ese momento equivalía apenas a 13,8 salarios mínimos. Por ello, se optó por la fórmula actual, que buscaba más “equidad” y que tiene hoy el sueldo de los padres de la patria por encima de los 37 salarios mínimos y con una brecha frente a los demás ciudadanos que crece cada vez más.

Esa fórmula, hasta ahora, más de 30 años después no se ha logrado cambiar, en buena medida porque la solución, aunque parezca absurdo, está en manos de los propios congresistas, quienes han creado todo tipo de jugaditas para hundir las reformas.

Por ejemplo, en 2018, con un proyecto que buscaba congelarles el salario, el argumento fue el de los impedimentos. En esa ocasión, 36 de los 38 miembros de la Comisión Primera de la Cámara se declararon impedidos para discutir la iniciativa al considerar que había un conflicto de interés porque estaban legislando sobre su propio salario.

Dos años después, en plena pandemia, los senadores Gustavo Bolívar y Rodrigo Lara también lo intentaron. Ellos propusieron que los parlamentarios colombianos renunciaran a sus gastos de representación, pues como estaban sesionando desde la casa no requerían los más de 14 millones que se les otorgan para que puedan sufragar sus gastos por el hecho de permanecer en Bogotá. En esta oportunidad el argumento fue distinto, pues algunos de los senadores aseguraron que introducir este tema implicaría un supuesto vicio de trámite en el proyecto. La propuesta se hundió.

Dos meses después, el invento vino por cuenta del exsenador y hoy alto consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, quien introdujo una disposición que congelaba el salario de los congresistas y los funcionarios que devengaran más de 15 salarios mínimos. Varios congresistas se quejaron porque les estaban violando los derechos adquiridos, pues fueron elegidos bajo unas reglas de juego y ahora se las iban a cambiar.

Ahora, cuando los ciudadanos tenían la esperanza depositada en un Congreso renovado con amplia presencia de sectores alternativos, que fueron los que impulsaron la consulta anticorrupción y son los que históricamente han presentado este tipo de iniciativas, el argumento fue el de la falta de tiempo y el bloqueo de la agenda por parte del Gobierno, que los llevó a darles prioridad a otras iniciativas.

Con el hundimiento de esta reforma, no solo queda defraudada la esperanza de millones de colombianos que piden gestos de equidad de parte de sus congresistas, sino que se desató el malestar en la Casa de Nariño, dado que el próximo año el presidente Gustavo Petro, nuevamente, tendrá que aumentarles el salario a los congresistas, con el costo que eso tiene.

En medio de la falta de voluntad política, las leguleyadas y las complejidades jurídicas, han sido ya 20 intentos fracasados de autorreforma del Congreso. Mientras la ley hace que el sueldo de los padres de la patria suba y suba, la realidad política hace que sea duro de bajar. ¿Cuál será la fórmula?