Elecciones
Una campaña ligera: ¿en dónde están las propuestas concretas para resolver los problemas de los colombianos?
En medio de la grave crisis social que afrontan los colombianos, el debate electoral de este 2022 se ha caracterizado por la ausencia de propuestas. Los candidatos van por un lado, y los electores, por otro.
Los candidatos pelean, se atacan, se enfrentan en debates y escriben trinos, mientras los colombianos pasan por uno de los momentos de mayor angustia de los últimos años y esperan soluciones de sus líderes. La mayoría de los aspirantes a la presidencia y al Congreso no están conectados con los grandes problemas del país ni haciendo propuestas de fondo para resolverlos.
Desempleo, alto costo de vida, inseguridad, pobreza y miseria, corrupción y la incertidumbre por el futuro de sus vidas son las grandes preocupaciones de los ciudadanos, según la última medición de Invamer Gallup. Pero son excepcionales las propuestas estructuradas de los candidatos en torno a estos asuntos. No hay documentos elaborados sobre nada.
Por lo regular, los debates electorales suelen estar conectados con las necesidades de la gente o cruzados por el examen de los grandes temas nacionales. Aunque por ahora lo que hay son ataques, trinos, debates, videos virales y rencillas entre los aspirantes.
La búsqueda de la paz había sido el centro de los debates presidenciales por décadas. En esta ocasión, no. Apenas los candidatos de la Coalición Centro Esperanza y de la izquierda esbozan como propuesta continuar la implementación del acuerdo de paz de La Habana. Y también algunos de ellos plantean realizar un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en busca de una solución negociada de sus exigencias.
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Si se tratara de escoger uno de los temas que ligeramente han trascendido en esta campaña, sería la lucha contra la corrupción. Algunos de los candidatos lo han abordado, pero de manera somera. La corrupción es vista por algunos estudiosos como fuente de pobreza, pues el saqueo de los recursos públicos priva a la gente del progreso. Crea inequidad.
La cifra de la Contraloría General según la cual la corrupción llega a 50 billones por año es escandalosa. Colombia está muy mal en el ranking de la corrupción en el mundo. Ocupa el puesto 92 entre 180 países. Y tiene una calificación de 39, en un escalafón en el que menos de 50 significa un estado grave.
El candidato Rodolfo Hernández, un outsider en la política que dice que su estrategia es “generar emociones”, es quien más ha agitado la lucha contra la corrupción, lo cual le ha significado un repunte significativo en la intención de voto.
Y siendo el que más se ha identificado con atacar el problema y el que más réditos políticos le ha sacado a esa bandera, deberá concretar una propuesta estructurada para acabar o por lo menos enfrentar este fenómeno. Ha dicho que “hay que sacar la ladronera de los cargos públicos” y que le deben entregar la “chequera” del Estado a él.
En las propuestas de Gustavo Petro, también en trinos, declaraciones de prensa y discursos de plaza pública, ha estado presente el tema anticorrupción. De hecho, se filtró un video en el que él regañaba a su equipo por dejarse arrebatar la bandera anticorrupción de Hernández.
Tras la elección de Iván Duque como presidente en 2018, Petro le entregó un memorando con propuestas para luchar contra la corrupción, entre las que se destacan: eliminar la Comisión de Acusación de la Cámara, transformar la autoridad electoral y crear una gran Fiscalía Anticorrupción.
La propuesta de Sergio Fajardo para derrotar la corrupción es exhibir a las víctimas de este flagelo. Él cree que el fenómeno se acabará mostrando los rostros de los afectados. Y también propone impulsar mecanismos transparentes para invertir los recursos públicos y elaborar presupuestos participativos.
Íngrid Betancourt ha tratado de identificarse con la lucha anticorrupción y en declaraciones de prensa ha explicado su estrategia sobre el tema.
Ella dijo que su primer acto de gobierno, si es presidenta, será “presentar una ley que reconozca el derecho fundamental de todos los colombianos víctimas de la corrupción a obtener una compensación por parte del Estado”.
Y que, además, creará un “tribunal especial, conformado por jueces incorruptibles para sancionar a los políticos y funcionarios responsables de estos desfalcos”.
Todo esto parece indicar que a la política colombiana la mueve todavía más la mecánica y el mero afán de los votos que las propuestas programáticas.
