“Una canallada”: el vergonzoso proyecto del Congreso que amenaza la libertad de prensa en Colombia

Paradójicamente, el proyecto de ley anticorrupción, de autoría del Gobierno, que busca ponerle freno a este delito en Colombia, se está convirtiendo en el mayor peligro para taparles la boca a los periodistas.

La incorporación de un ‘mico gigante’ que contempla cárcel, multas y la pérdida de la personería jurídica de las organizaciones comunitarias prendió las alarmas por el interés del Congreso en censurar a la prensa. La iniciativa que ya surtió todo su trámite, y a la que solo le resta la conciliación, inició como una gran amenaza contra la corrupción, pero se convirtió en un ‘engendro’ que quiere callar a los periodistas y medios de comunicación que la denuncian. Irónicamente, el Congreso quiso acabar con este delito, pero de paso también con aquellos comunicadores que destapan los grandes escándalos del país.

El escándalo ha sido de tal magnitud que el propio presidente Iván Duque pidió a los conciliadores del proyecto que retiren el artículo 68 que representa una amenaza a la libertad de prensa. La argumentación del mandatario se basa en que la libertad de expresión no es un “regalo de la institucionalidad” y, por el contrario, es un derecho inalienable. “Seamos claros. Cualquier propuesta de limitarla debe ser objetada y este mensaje lo extiendo al Congreso de la República”, dijo. Aunque el presidente Duque lanzó la invitación, está claro que si no se elimina el artículo habrá objeción presidencial. Esto quiere decir que después de conciliado el proyecto de ley, el mandatario lo devolverá al Congreso al considerar que ese peligroso artículo no debe ingresar al ordenamiento jurídico del país.

En ese escenario hay dos posibilidades: la primera consiste en que se acepte la objeción presidencial, y la segunda que no se apruebe y, en ese caso, la iniciativa iría a revisión de la Corte Constitucional.

Todo este intento de censurar a la prensa empezó en el Senado, el 27 de octubre, cuando el senador Germán Varón Cotrino –ponente del proyecto de ley– presentó a la plenaria el articulado de la ley anticorrupción, las modificaciones y proposiciones que fueron radicadas por sus colegas. En su exposición, Cotrino argumentó que lo contenido en la iniciativa estaba orientado a ponerle fin a la corrupción en Colombia y que lo dispuesto tenía el aval del Gobierno.

Durante su relato apareció el ‘mico’ que pondría una mordaza a los periodistas en Colombia y que tiene varios padres que, aunque intentaron ocultar sus nombres con firmas ilegibles, quedaron grabados en el video de la sesión que se transmitía en directo. “Persecución a funcionarios públicos. El que mediante injuria o calumnia pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún servidor público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de sesenta a ciento veinte meses y multa de trece punto treinta y tres a mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”, dice la proposición aprobada.

Esto significa, nada más y nada menos, cárcel, multas millonarias e incluso cierre de los medios de comunicación para quienes denuncien la corrupción en Colombia. Sin duda, un orangután al que ningún senador se opuso en la votación que se hizo en esa corporación. Aunque será difícil de comprobar, los políticos se amangualaron para intentar callar a la prensa, pero el escándalo estalló.

En voz baja, algunos acusan directamente al senador del Partido Conservador Efraín Cepeda, de haber redactado esa proposición y de haberla presentado a sus colegas para la firma. Durante un tiempo guardó silencio y recientemente se pronunció en sus redes sociales para afirmar que votará positivamente la objeción que el presidente Duque ha expresado que hará “sobre el artículo que podría afectar a libertad de prensa (…) Cuando lo firmamos no medimos que esto podría afectar el ejercicio de prensa que debe ser protegido”, dijo Cepeda quien encabezará la lista del conservatismo para el Senado en 2022.

Coincidencialmente, otros de los firmantes tienen la misma tesis de Cepeda. Guillermo García Realpe y Mauricio Gómez Amín, dicen que tampoco midieron el impacto que tendría esa proposición y que firmaron de “buena fe”. La senadora Ana María Castañeda (Cambio Radical) también respaldó plenamente esa polémica propuesta.

Además, Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libres); Temístocles Ortega (Cambio Radical); Esperanza Andrade (Partido Conservador); Gabriel Velasco (Centro Democrático); Miriam Paredes (Partido Conservador); Fabián Castillo (Cambio Radical) y Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) son los otros congresistas que firmaron el documento que se aprobó.

Jiménez jugará un papel importante porque fue designado como conciliador del Senado y está claro que su postura será la de mantener lo aprobado por esa corporación, es decir, ampliar penas de injuria y calumnia solo para quienes cometan delitos contra funcionarios del Estado o sus familias, y la suspensión de la personería jurídica para las instituciones que los empleen.

Un mes después, empezó la discusión en la Cámara de Representantes pero la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), fue la primera en advertir que se había colgado un ‘mico’ que afectaría el derecho a la libre expresión. “Esto representa un peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas”, dice un comunicado.

El representante César Lorduy, ponente del proyecto en Cámara, dijo que no es el autor de ese artículo y que cuando lo conoció, presentó una proposición sustitutiva que eliminó el tema de aumentar las penas y que fue aprobada. Lorduy también será conciliador y junto a Jiménez deberán definir el futuro del articulado.

Sin embargo, acá vendrá otro problema porque el representante asegura que es partidario de eliminar todo el artículo porque no está de acuerdo en que haya penas de cárcel y multas económicas para los periodistas que denuncien la corrupción; sin embargo, Jiménez tiene listo un texto para la conciliación que generará aún más polémica porque quiere mantener la mordaza a la prensa.

Aunque Duque haya hecho la advertencia de la objeción, la conciliación, un procedimiento que realizan voceros del Senado y de la Cámara cuando los textos del mismo aprobados en las dos corporaciones son diferentes, podría enredarse si alguno de los conciliadores renuncia al no estar de acuerdo con su colega. En ese caso, se designaría a uno nuevo pero tendría que conocer todo el proyecto para dar su opinión. Quienes votaron a favor de la iniciativa, ahora están echándose para atrás y quieren eliminar el artículo.

Lo cierto es que la mordaza a la prensa que se incluyó en ese proyecto se está desvaneciendo, pero no deja de preocupar que ‘los padres de la patria’ cometan este tipo de ‘jugaditas’ en un país donde la labor periodística es tan necesaria para destapar los casos de corrupción.

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol calificó todo el trámite del Congreso como “un acto canalla”. Fidel Cano, director de El Espectador; Andrés Mompotes director de El Tiempo, y Luz María Sierra, directora del diario El Colombiano, coincidieron en que hay censura y se quiere atemorizar a la prensa. “El país no puede permitir que unos políticos amangualados triunfen en su intención de callar a la prensa. Ahora nos quieren meter a la cárcel para que no los podamos denunciar a tiempo. ¡Qué vergüenza! Este no es un atentado solo contra la libertad de expresión, sino contra la democracia”, dijo la directora de SEMANA, Vicky Dávila.

Antes del 16 de diciembre, cuando los congresistas salgan a vacaciones se conocerá el futuro de este proyecto que, sin duda, es necesario para luchar contra la corrupción, pero podría estar en riesgo por el ‘mico’ que colgaron algunos congresistas para callar la prensa en Colombia.