Depravada en extradición: primer caso de mujer enviada a EE. UU. por pornografía infantil

Aberrante. Esa es la palabra que resume el caso de Moraima Escarlet Velásquez, una mujer de origen venezolano capturada por vender en internet contenido explícito de torturas a animales, hombres y hasta niños; en ocasiones los protagonistas eran sus hijos. Fue capturada en medio de un gigantesco operativo en el barrio Belén, en Medellín, y se convertirá en la primera extraditada a Estados Unidos por delitos de este tipo.

SEMANA conoció la solicitud de extradición en contra de esta mujer que no tuvo escrúpulos para aceptar las propuestas más bajas y grabar videos que rayan en lo nauseabundo y la extrema crueldad, atacando a los más vulnerables, los niños, a cambio de miles de dólares.

De acuerdo con la investigación, Velásquez utilizó las redes sociales, plataformas virtuales y la deep web para contactar clientes con intereses obscenos y extremos entre 2018 y 2019. El primer registro aparece el 11 de noviembre de 2018 cuando, bajo el sobrenombre de Johana Martínez, sostuvo un diálogo por e-mail con un hombre identificado como John Doe #1, quien le pedía un “movie plan”, que consistía en secuestrar, torturar y matar a una persona. El cruce de mensajes se extendió durante tres meses para establecer lo que se quería ver.

Tras fijar el pago de 4.000 dólares por el video y atendiendo todas las especificaciones, desde la dirección de correo acordada Johana Martínez le envió un hipervínculo con un archivo del sitio web Mega en abril de 2019. El link abría el video “Película muerte al esclavo”. Allí se registraba la tortura de un hombre que estaba atado a una cama. La grabación contenía todo tipo de actos escatológicos, torturas, asfixia y, al final, la muerte.

Las autoridades hicieron la trazabilidad para ubicar la dirección IP, y el 17 de mayo de 2019 llegaron a la vivienda de John Doe #1, pero la sorpresa fue mayor. Señala la solicitud de extradición que “en los dispositivos electrónicos incautados se encontraron videograbaciones e imágenes de menores no identificados, bebés y niños de 2 a 4 años de edad siendo agredidos sexualmente, asfixiados, ahogados, pisoteados, orinados encima, y lesionados físicamente, entre otras aberraciones”.

Ahí dieron con Moraima Escarlet Velásquez, autora y protagonista de esos vejámenes. Tras la revisión minuciosa de las conversaciones, se encontró que la “relación de negocios” había comenzado a finales de septiembre de 2018 cuando la mujer respondió a una oferta señalando que “estaba buscando un niño para hacer el video, pero era difícil”, por lo que dijo que buscaría un “desamparado”.

A comienzos de octubre, la mujer filmó y envió un video corto, la prueba reina, que por su tono es imposible de revelar. Se ve a un niño de unos 7 años con los tobillos amarrados, las manos atadas en la espalda y una mordaza en la boca. La mujer lo asfixia y se le sienta encima mientras lo golpea. “El niño lloraba y gritaba que ‘No’. Ella continuaba rebotando encima de la cara con las nalgas hasta que sangró la nariz. Al final, usó las manos para impedir que el niño respirara y perdiera el conocimiento. Luego lo levantó de la cama por el pelo, haciéndolo despertar”, señala la solicitud de extradición.

Así de macabros y aberrantes eran los videos que comerciaba y que la tienen con un pie en Estados Unidos para responder por una condena de hasta 50 años de prisión. Según la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, se le imputan ocho cargos gravísimos por alentar la explotación infantil, la producción de videos y fotografías con tono pornográfico, tortura, secuestro simple, concierto para delinquir y acciones en contra de la integridad de los menores.

La Corte Suprema avaló la extradición presentada por la Corte del Distrito de Vermont al determinar que Moraima Escarlet era quien protagonizaba los videos y la autora de los mensajes en los que se accedían a las más oscuras, pervertidas y terribles pretensiones de sus clientes. Sus tres hijos, quienes también fueron víctimas de ultrajes y utilizados para grabar videos de índole sexual, se encuentran actualmente bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).