Una familia le hizo “conejo” a una Gobernación y cuatro municipios con dineros de obras públicas. Se apropiaron de casi 3.000 millones de pesos

Jhon Jairo Conde Carrera y Juan Sebastián y Valentina Conde Bustos, son familiares entre sí y, por obvias razones, son conocidos como “Los Condes”. Un grupo de contratistas, padre e hijos, que además del apellido comparten un prontuario criminal que dejó como víctimas a una Gobernación y cuatro municipios.

Una investigación del Grupo Anticorrupción de la Dijin, en coordinación con la Fiscalía, permitió identificar a Los Conde y lograr su captura en los últimos días. El material de prueba recaudado por los investigadores reveló de qué forma convirtieron a los municipios en víctimas de una estrategia para quedarse con recursos públicos.

“Estas personas, al menos desde 2020, habrían conformado consorcios para acceder a contratación estatal y posteriormente, mediante maniobras fraudulentas de subcontratación, lograban el avance financiero del anticipo. Estos recursos del anticipo no fueron invertidos en la ejecución de los contratos y fueron apropiados por la organización delictiva”, señaló la Fiscalía.

Lo que advierten las pruebas es que los integrantes de la familia Conde lograban, a través de sobornos y coimas, quedarse con millonarios contratos de infraestructura en diferentes municipios, principalmente para arreglo de vías terciarias y luego de recibir los anticipos simplemente dejaban abandonadas las obras sin reintegrar el dinero de las alcaldías.

“Esta empresa criminal pretendía acceder a la Contratación estatal de infraestructura vial, mediante el pago de coimas y porcentajes. “Los Condes” también obtuvieron provecho ilícito de inversionistas quienes fueron engañados e inducidos en error, para invertir cuantiosas sumas de dinero en la comercialización de un estabilizante químico utilizado para pavimentación de vías terciarias”, revelaron los fiscales durante las audiencias.

La Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías de San Pablo, Colón y Buesaco en Nariño y Puerto Caicedo en el Putumayo, se convirtieron en víctimas de ‘Los Condes’, de acuerdo con el reporte de los investigadores que sirvió para presentarlos ante jueces de control de garantías.

“La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, puso en evidencia la existencia de un clan familiar, presuntamente responsable de apropiarse ilícitamente de 2.762 millones de pesos, relacionados con anticipos de obras civiles”, dijo el fiscal del caso durante las audiencias preliminares.

La Fiscalía imputó a los miembros del grupo delictivo los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, estafa agravada, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. A pesar de los elementos de prueba, de las evidencias y las declaraciones, ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra.

“Un juez con función de control de garantías de Bogotá impuso a los dos hombres una medida de aseguramiento en centro carcelario. La mujer afrontará el proceso penal en libertad”, dijo la Fiscalía tras advertir que la investigación continuará y lo que esperan es identificar qué funcionarios resultaron comprometidos con esta estrategia de corrupción.