Una ley a la medida exacta del exministro Andrés Felipe Arias

Hace un par de semanas la Corte Suprema de Justicia –en respuesta al exministro Andrés Felipe Arias–, ratificó una máxima general del derecho penal colombiano: el principio de cosa juzgada es intocable. El máximo tribunal dio así respuesta negativa a la pretensión del exministro quien solicitó que su condena a 17 años de cárcel fuera revisada dado que cuando esta se profirió no existía la segunda instancia para aforados, una garantía que se implementó recientemente. La corte señaló que si Arias quería apelar su sentencia tendría que acudir al Congreso de la República para impulsar una reforma constitucional que permitiera ese propósito. Y es lo que Álvaro Uribe acaba de anunciar.

El expresidente, senador, líder del Centro Democrático y jefe natural de Arias (quien está preso en Estados Unidos y solicitado en extradición por Colombia) lanzó una cascada de trinos en los que anuncia la agenda legislativa de su partido y el proyecto que desde ya está levantando una polvareda es el que buscará “que se conceda la doble instancia retroactiva en la Corte Suprema”. Desde ya la iniciativa está siendo bautizada: la ley Andrés Felipe Arias.

El argumento del exministro es que un acto legislativo en 2018 creó la doble instancia para aforados en Colombia y que, en virtud del principio legal de favorabilidad, debe cobijarlo aun cuando su condena sea previa. Arias adjuntó además el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que le pidió al Estado colombiano dar garantías judiciales al exministro.

Luego, a través de un auto los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le respondieron a Arias que, en virtud del principio de cosa juzgada la sentencia en su contra está en firme, y que ni ese tribunal ni ninguna otra instancia de la rama judicial tiene posibilidad de viabilizar su pretensión, pues se requeriría una reforma constitucional para "de una parte, suprimir los efectos de la cosa juzgada en casos como el del exministro y, de otra, para crear con carácter temporal un organismo judicial que actúe como superior jerárquico de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia".

A renglón seguido la corte señaló que no iniciaría esa reforma constitucional requerida para el fin pretendido por Arias. Los magistrados además resaltaron que en la jurisdicción colombiana, tal como existe hoy, no es posible suprimirle los efectos de la cosa juzgada a la sentencia condenatoria contra Arias, así como tampoco pueden presentarla ante un órgano de justicia inexistente. "La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es órgano de cierre, no tiene superior jerárquico. Eso es imposible no solo con sustento en el acto legislativo sino igualmente al abrigo del dictamen adoptado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU".

El alto tribunal explicó en su auto que la intención de Arias es que le sea derogada la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014 por la vía de concedérsele el recurso de apelación contra ella. De modo que logre revocar el pedido de extradición de que es objeto ante los Estados Unidos. Sin embargo, le recuerdan al exministro que el Acto Legislativo 1 de 2018 no incluyó ningún mandato específico frente a la cosa juzgada asociada a las sentencias condenatorias dictadas en única instancia por la Corte Suprema de Justicia. "Ni siquiera consagró un régimen de transición y en esa medida, en lo que importa para el presente caso, está fuera de lugar demandar que se aplique retroactivamente a casos anteriores que se juzgaron y fallaron con plena sujeción a la ley vigente", precisó el auto de la Corte Suprema.

Ese es, precisamente, el escollo que tendría que sortear el proyecto de ley que acaba de anunciar el expresidente Álvaro Uribe. A la iniciativa se le auguran ácidos debates en el Congreso por tener nombre propio y porque de prosperar generaría nada menos que un sismo jurídico que afectaría todas las sentencias condenatorias que profirió la Corte Suprema hasta que se creó la segunda instancia. Entre 2007 y 2017, la Corte Suprema de Justicia ha emitido al menos 152 decisiones (condenatorias o absolutorias). Allí entra toda la parapolítica, la yidispolítica y los jefes de carteles de corrupción, como Iván Moreno Rojas o Juan Carlos Martínez Sinisterra. Posterior a esta fecha, el alto tribunal ha emitido decisiones definitivas a algunos protagonistas del cartel de la toga y de Odebrecht, expedientes que también podrían terminar reabiertos. Es decir, está en juego toda una historia de decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

Desde ya empieza a darse un fuerte choque de opiniones. El penalista Marlon Díaz, por ejemplo, considera que “La Corte Suprema se equivocó al no darle efectos retroactivos al acto legislativo que creó la segunda instancia. Por el principio de favorabilidad a todas las personas condenadas en única instancia se le debería garantizar la segunda instancia que implementó el acto legislativo 01 de 2018, empezando por el exministro Arias como referente del tema”.

Fuentes de la Corte Suprema le señalaron a SEMANA que el argumento del principio de favorabilidad no procede frente a una reforma al procedimiento penal que es lo que hizo el acto legislativo que creó la segunda instancia. El contraargumento es que las leyes de procedimiento rigen a futuro pues de no ser así no habría posibilidad de que ninguna sentencia quede en firme. “Si el delito por el cual una persona es condenada deja de ser delito en razón de una ley posterior, eso es otra cosa. Allí sí aplicaría la nueva ley”, asegura un jurista desde el Palacio de Justicia.

Así las cosas, el trino del expresidente Uribe anunciando el proyecto con que le echaría un salvavidas a su exministro es apenas el comienzo de una discusión que durará meses y probablemente años. Entretanto, la justicia norteamericana está por decir si envía a Arias a Colombia. Esa eventual extradición agitaría aún más el espinoso debate.